«La desalación, a pesar del considerable progreso que ha tenido en los últimos años, continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos. En la actualidad esta técnica es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a lo que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

Por raro que parezca, es la conclusión 17 -de un total de 28- que el Comité de Expertos en Sequía impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente ha recogido en su libro «La sequía en España, directrices para minimizar su impacto» que fue presentado ayer en Valencia ante un desencajado presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, la extensión de la ministra Cristina Narbona en esta demarcación.

El presidente de dicho comité y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, comentó, sobre los trasvases, que, «en principio, no tengo nada en contra de ningún trasvase ni desaladora». No obstante, se mostró partidario de «primero» centrarse en «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos, administrarlos bien» y, «después», si hace falta cualquier solución, que sea «la mejor desde la óptica medioambiental, económica y social».

No se moja

En un intento por no comprometer más al Gobierno, Cabrera señaló que, en cualquier caso, «hay que prepararse para la sequía», apretarse el cinturón antes de que llegue, por lo que, «si hay que hacer un trasvase, eso se ha de hacer fuera de la sequía, no es una medida contra la sequía».

Sin embargo, esta afirmación choca con otras recomendaciones, como la primera, en la que se aboga por planificar al máximo las sequías, partiendo del dicho popular de que «más vale prevenir que curar».

Por lo demás, las conclusiones de los expertos hacen especial hincapié en la reutilización y el ahorro de agua; la modernización de las redes de riego y urbanas; y la coordinación entre administraciones para conseguir efectos positivos, partiendo de la base de que las sequías «se pueden gestionar de una manera mucho más racional de lo que hasta ahora se ha venido haciendo».

Asimismo, se destaca el papel de los planes de cuenca, la necesidad de revisar el sistema de concesiones en aras de la Directiva Marco del Agua (DMA) y el establecimiento de una «política tarifaria coherente» con ésta, incluyendo en los costes ambientales cuando la protección de las aguas afectadas así lo requieran, lo que racionalizará el gasto.

Pero la realidad es que la sequía sigue afectando a prácticamente toda España. Para paliarla, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cedió el pasado martes al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura la «encomienda de gestión» de 39 pozos de sequía de los que extraerán unos 60 hectómetros cúbicos hasta el próximo 30 de noviembre.