El geógrafo Enrique Moltó, del Instituto de Geografía de la Universitat d’Alacant (UA), consideró ayer que la «mala» ordenación del territorio y la suciedad acumulada en los cauces de los ríos de la Marina Alta y Baixa fueron dos factores «clave» en las inundaciones que se registraron el pasado viernes en esa zona. Moltó lamentó la proliferación de urbanizaciones en cauces fluviales a lo largo de los últimos años e insistió en la escasa limpieza que realizan las administraciones en los barrancos. No obstante, matizó que un fenómeno meteorológico como el del viernes es «difícil» de combatir. Aunque, eso sí, en caso de que los cauces hubiesen estado impolutos, «se podrían haber minimizado los efectos de la gota fría», agregó.
Los afectados por el temporal, los alcaldes de los municipios más devastados y diferentes representantes de la Generalitat han refrendado durante el fin de semana la idea de que los cauces «no estaban limpios» y han culpado, al menos en el caso del Consell, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su «escaso» mantenimiento.
El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, derivó todas las responsabilidades al respecto al Ejecutivo central y lamentó que durante el temporal «se pudo ver mucha suciedad en los puentes y por donde se desbordó el agua». El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que el sábado visitó las poblaciones más damnificadas junto a su homólogo de Sanidad, Bernat Soria, replicó las críticas de García Antón. El titular de Trabajo aseguró que la CHJ ha multiplicado sus esfuerzos de limpieza de cauces en los últimos años, aunque defendió la imposibilidad de acometer «podas absolutas de todo tipo de vegetación » por motivos técnicos y de respeto al medio ambiente.
El presidente de la Confederación, Juan José Moragues, también rebatió a García Antón y le acusó de mentir. «Él sabe perfectamente que no es cierto lo que ha dicho. Sabe que no tiene razón», insistió ayer el máximo responsable del organismo dependiente del Ministerio Medio Ambiente. Moragues recalcó además que desde que el PSOE gobierna el país, las inversiones en los cauces de la demarcación del Júcar se han multiplicado «muchísimo». Casi por 10, según acertó a recordar. «Lo que no se puede obviar es el esfuerzo inversor del Gobierno», concluyó. Al margen de la polémica por la suciedad en los cauces fluviales, la tormenta del viernes habría causado también estragos pese a que éstos estuvieran limpios, según Moltó. La «inusual» confluencia de una serie de factores meteorológicos fue la causa de la tercera tromba de agua que se registra en la provincia en apenas un mes. «Hubo un embolsamiento de aire frío muy bien definido en altitud. Era pequeño en dimensiones pero con una capacidad energética muy grande», avanzó el geógrafo. Y prosiguió: «Lo que motivó que se descargara tanta agua fueron las rápidas ráfagas de viento del nordeste que provenían desde mar adentro. Cuando ese viento cálido llegó a las montañas salió disparado hacia arriba y chocó contra el embolsamiento de aire frío». Sobre esta polémica, ayer el alcalde del Verger, Miguel González, insistió en que, bajo su criterio, el cauce del río Girona no se ha limpiado. «Quien diga lo contrario, miente», señaló mientras recordaba que «sólo dentro del casco urbano» se han realizado labores para retirar la vegetación.
Precisamente ayer el Comisario de Aguas de la CHJ, Manuel Alcalde, anunció que a partir de hoy se destinará personal para limpiar los cauces de maleza, desperdicios y enseres arrastrados por la riada. En algunos puntos todavía quedan vehículos y grandes elementos que podrían impedir el paso del agua en caso de nuevas lluvias.

Joan Mestre, Castelló El temporal de lluvia remitió en la madrugada de ayer en la provincia de Castelló tras descargar en los últimos dos días más de 90 litros por metro cuadrado en Nules y 40 litros en la capital de la Plana, entre otras localidades. A diferencia de Alicante o Valencia, el agua no causó graves incidencias, solamente provocó entre la tarde del jueves y la madrugada de ayer pequeñas inundaciones en calles de la capital de la Plana, Burriana, Moncofa y Alcossebre.
Las precipitaciones se despidieron ayer de la provincia con una última tromba de agua, de cierta intensidad, en la madrugada, en los municipios del sur. El agua ha sido bien recibida especialmente en el campo. El presidente de la Asociación de Regantes de Castelló, José Pascual, subrayó ayer que las últimas lluvias han permitido a los agricultores ahorrar el riego de una semana. Pascual destacó que el agua caída en estos meses, más la mayor capacidad de embalse del pantano de Arenós, garantiza el suministro hídrico en el campo castellonense hasta 2009 como mínimo. «Ahora somos ricos en agua», resaltó Pascual.
El Centro Meteorológico de Valencia ha registrado, entre otros municipios, 98 litros por metro cuadrado en Nules, 86 litros en Alfondeguilla, 65 en Alcudia de Veo, 42 en la capital de la Plana, 43 en Morella, 33 en Vallbona, 41 en Algar, 28 en Fredes, 31 en la Pobla de Benifassà y 24 en Castellfort.
A primera hora de la mañana de ayer era palpable el paso del temporal en caminos, campos y calles de Burriana y Moncofa. En el día anterior anegó seis vías e inundó bajos de viviendas de Burriana, mientras complicó el tráfico en la ronda este, en la Avenida Vall d’Uixó y en los grupos Lourdes y Roquetes en la capital de la Plana. Un grupo de 70 trabajadores de una cooperativa del grupo Roquetes quedó atrapado en el interior de la nave a causa de las inundaciones. El teléfono 112 de Emergencias ha recibido 16 avisos en Castelló por daños, achiques y filtraciones, especialmente en Burriana y en Moncofa.
Para el día de hoy, el Centro Meteorológico de Valencia prevé un cielo nuboso con posibles chubascos al principio. También pronostica un ligero ascenso de las temperaturas tras el descenso de seis grados registrado el jueves.

La organización Jóvenes Agricultores-Asaja denunció ayer que se han perdido ingentes cantidades de agua, tras el episodio de gota fría, por no estar realizado el trasvase Júcar-Vinalopó con toma en el embalse de Cortes de Pallás. En opinión de su presidente en Alicante, Eladio Aniorte, el río Júcar «es el mejor regulado de España» y, de estar realizado el proyecto en su estado original antes de la reforma introducida por el Gobierno actual, «el agua se hubiera trasvasado hacia Villena, para las comarcas alicantinas, sin ninguna afección para la cuenca cedente».

«Las lluvias del último mes, que han sido muy abundantes en la cueca alta del Júcar, podrían haberse aprovechado para ser trasvasadas a Alicante, pero no está hecho el tubo y el que se hace no está en el embalse de Cortes de Pallás, de donde podría regularse el envío, no como ahora que el agua va directamente al mar», se lamentó ayer Aniorte.

Salvando las desgracias materiales y personales ocurridas en las Marinas, el representante agrícola considera que las precipitaciones han sido «una bendición» para el agro provincial, sobre todo para las comarcas de la Vega Baja, los dos Vinalopós, el Camp d’Elx y l’Alacantí, sin olvidar tampoco a la zona de l’Alcoià.

En esta última se concentra la inmensa mayoría de la cosecha de aceitunas de la provincia, que tras las lluvias adoptará un calibre y calidad especiales. «En la Vega Baja, el poco cítrico que no se ha abandonado aún se va a recuperar, porque llevamos un mes con lluvias», explica Eladio Aniorte.

Respecto al fruto, pese a haber poca cantidad, según informa Asaja, adoptará más calidad tras las lluvias caídas en los últimos veinte días. En las comarcas del Vinalopó, las lluvias ayudan a lavar las plantas, la tierra y a mejorar de cara a la primavera los cultivos de frutales como almendros y manzanos, según Aniorte.

En el caso de la Vega, se está preparando la tierra para la siembra de cereales, que tendrá lugar dentro de veinte días sin necesidad imperiosa de regar inmediatamente después de dicha siembra. Para la hortaliza, pese a otras voces que alertaban de podredumbre, en Valencia, la tormenta es en general buena, con lluvias de no más de 20 litros en la Vega Baja. «Los bróculos están que se salen de la planta y las alcachofas también», añade Aniorte.

Olivas de calidad

«Los olivos van a tener un cosechón y de muy buena calidad», añade el presidente de Jóvenes Agricultores en Alicante.

El único temor, como ya ocurriera tras las tormentas de 13 de septiembre, del 21 del mismo mes y del 4 de octubre, es el del riesgo de brotitis en la uva de mesa del Vinalopó, cuyo grueso del cultivo está por recolectar, la variedad de fruta Aledo, cuyo consumo se centra en diciembre. «Hasta ahora no se ha visto perjudicada de verdad ni la ideal ni el moscatel; esperamos que salga el sol y sople el viento para secar las bolsas y la fruta, porque si sigue lloviendo si se podrá pudrir el fruto», añade Aniorte. Asaja también destaca la bondad de la lluvia para la cosecha de granada en Albatera y el Campo de Elche. «Las lluvias han limpiado la tierra, que estaba ensalobrada por la mala calidad de las aguas de riego, que tiene mucha sal y van a posibilitar que el suelo hiberne con humedad para las cosechas de los árboles frutales y la siembra del cereal».

Asaja también observa de forma positiva el agua para el cultivo de los nísperos, precisamente en una de las zonas más castigadas por las torrenteras. No se tiene constancia de grandes daños en los bancales y arboledas y sí de que el calibre del fruto será este año de récord. El balance general que formula Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante de la tercera gran tormenta del otoño en la provincia choca frontalmente con el que realizó hace dos días el presidente de la AVA, Cristóbal Aguado, el cual dio por perdidas las cosechas actuales de hortalizas y otras verduras, así como de la uva de mesa sin recolectar a causa de las abundantes lluvias registradas en toda la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, destacó ayer a LAS PROVINCIAS que las cosechas de hortalizas se pueden dar por perdidas, así como lo que queda aún por recoger en los arrozales de las zonas de la Albufera que se encuentran situados a las puertas de Valencia.

Las lluvias ha tenido otras consecuencias negativas sobre el campo valenciano. Los viñedos del Alto Turia también registrarán pérdidas ya que en esta época se estaba procediendo a recoger la cosecha de la presente temporada.

Según Aguado, “las lluvias pueden salir caras al campo sino cambia pronto el tiempo”. Se refirió, en concretó, a los naranjos.

Explicó que la cantidad de agua que ha caído puede provocar “la asfixia de los árboles, el ataque de hongos y la naranja se aguará”.

Aunque destacó que si el tiempo cambia y se mantiene el sol y el viento “los campos se podrán secar pronto y ello ayudará a que la naranja aumente de tamaño.

“Todo está pendiente de la evolución del cielo en los próximos días”.

Pero aunque estos sean los efectos más directos de las intensas lluvias de estos dos últimos días, no son los únicos.

Arrastres de tierras, embalses de campos y márgenes de piedra derruidos son algunos otros daños que las fuertes lluvias han dejado en el campo valenciano. Estos fueron los aspectos que destacó el presidente de la Unió de Llauradors, Joan Brusca. “Aún es muy pronto para hacer una valoración porque está lloviendo todavía”, señaló.

Tan importante como los daños en la producción serán los de las infraestructuras agrícolas, en los caminos y en las parcelas de zonas como la Ribera, la Safor y las Marinas. “Todo depende de la evolución del tiempo. Se ven campos anegados por el agua pero hay que tener en cuenta que, en su mayoría, los cítricos aún están muy verdes”.

El Pleno del Tribunal Constitucional está intentando buscar la unanimidad de los magistrados en la sentencia sobre el Estatuto valenciano impugnado por las comunidades autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha, al tiempo que trata de elaborar una doctrina que sirva para todos los estatutos implicados en la denominada guerra del agua, según han informado fuentes del alto tribunal. Aunque las posiciones de partida están enfrentadas sobre el texto de la ponencia, magistrados de ambos sectores intentan un acercamiento en busca del consenso sobre las sentencias.

El Pleno que estudia ambos recursos está integrado por todos los magistrados del Constitucional y lo encabeza la presidenta, María Emilia Casas. El pasado lunes comenzaron las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del artículo 17 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, por el que la comunidad se garantiza los excedentes de otras cuencas. Dado que los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatuto valenciano no se han acumulado, habrá dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio, y se deliberará después de la de Pérez Vera.

Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas, incluida la presidenta, que respaldan el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatuto valenciano.

Tras la primera semana de pleno jurisdiccional sobre el Estatuto, los magistrados siguen debatiendo cuestiones preliminares, pero se han producido intentos de acercamiento por ambas partes e incluso dos magistrados del sector conservador se han mostrado receptivos a cuestiones planteadas por los progresistas.

Sin embargo, y a pesar de que por ahora se avanza a buen ritmo, fuentes del Tribunal estiman que «llegarán las discrepancias» y la sentencia tardará aún, puede que hasta Navidad. Sobre el espinoso tema del agua resulta muy difícil conciliar el interés de las comunidades con sus convecinas.

Una sentencia-tipo

El Tribunal quiere obtener una sentencia-tipo que siente doctrina para resolver el chaparrón de impugnaciones que han dirigido unas comunidades contra otras por el aprovechamiento de los recursos hídricos. El problema es que una doctrina que pudiera ser aceptada por un sector del Constitucional para el Estatuto valenciano tendría que servir después para el Estatuto catalán, lo que genera más reticencias.

Incluso en el tipo de sentencia a dictar existen matizaciones ya que, como dijo uno de los magistrados del alto tribunal, mientras unos quieren «una sentencia a gran orquesta«, otros son partidarios de otra más breve y sintética, «de las de sota, caballo y rey«.

No obstante, el Constitucional parece decidido a no escatimar esfuerzos y frente a la costumbre de celebrar pleno jurisdiccional en semanas alternas, ha habilitado también esta semana, además de la pasada, para continuar las deliberaciones del Estatuto valenciano. Hoy y el próximo miércoles seguirán con el Estatuto y mañana martes abordarán la estimación de las abstenciones de la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez del recurso del PP contra la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sobre un texto que debe presentar al Pleno el magistrado Pablo Pérez Tremps.

El artículo 17.1 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: «Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Los aragoneses ven en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia «intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada».

Cuencas limítrofes

A su vez, los castellano-manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana «se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes», en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

En sus alegaciones a los recursos de inconstitucionalidad, el Gobierno central ha pedido al Constitucional que desestime los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha. El Abogado del Estado, que representa al Ejecutivo, niega en sus alegaciones que el artículo 17.1 del Estatuto valenciano obligue al Estado a redistribuir sobrantes para satisfacer con ellos al territorio valenciano. El Gobierno entiende que una norma de «aplicación territorial limitada» como es el Estatuto no puede decidir «una cuestión que afecta a otros territorios o al conjunto del Estado».

El Ejecutivo central expone además que los derechos proclamados por el Estatuto valenciano no son fundamentales ni gozan de la protección de éstos, sino que «simplemente vinculan a los poderes públicos autonómicos y locales de la comunidad valenciana». Por tanto, la proclamación del derecho de los valencianos al abastecimiento de agua vincula a la Generalitat pero no significa que los valencianos tengan ningún derecho absoluto o preferente en relación con los demás españoles.

Sobre otros motivos de inconstitucionalidad alegados por Aragón y Castilla-La Mancha, el Abogado

Primer asalto

La Constitución fija en su artículo 149.22 que es «competencia exclusiva» del Gobierno «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran  del Estado sostiene que las competencias asumidas por las comunidades han de estar en «el marco constitucional».

por más de una comunidad autónoma». Y por eso los gestionan las confederaciones hidrográficas, del Ministerio de Medio Ambiente. Las cuencas que discurren por una sola comunidad ya están cedidas a las autonomías y las comunidades han buscado, a través de sus estatutos, controlar en mayor o menor medida sus ríos aunque atraviesen otras regiones.

De ahí que haya 15 recursos de inconstitucionalidad, incluso entre comunidades del mismo partido, por el tema del agua. En los nuevos estatutos ya en vigor, Andalucía se arroga la competencia sobre el Guadalquivir en su suelo, cuya cuenca abarca cuatro autonomías; Cataluña deberá emitir un informe sobre cualquier posible trasvase y Valencia se atribuye el agua que sobre de otras cuencas. El aragonés «vela especialmente para evitar transferencias de aguas que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras». Castilla-La Mancha tramita uno en el que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno trató de aplacar estas demandas con una reforma de la Ley de Aguas, pero tras más de dos años de elaboración, en agosto paralizó el texto antes incluso de enviarlo al Congreso.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Murcia y portavoz del PSRM, José Ramón Jara, lamentó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María barreda, haga de «agorero» con el trasvase y le recomendó que sea «más respetuoso con la ley». Jara fue contundente y dijo que la previsión del fin del trasvase para 2015 «no está más que en los deseos del Gobierno y la oposición del PP de Castilla-La Mancha, porque tanto en la legislatura vigente como en las futuras estamos convencidos de que nunca habrá caducidad».

El dirigente socialista apostilló que las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha «son comprensibles pero no se resuelven mermando el abastecimiento a otras regiones», al tiempo que recordó a Lamata que el Tajo es un río español y portugués, no de Castilla-La Mancha, aunque «entendemos sus necesidades hídricas pero no a costa de otras comunidades autónomas que tienen derechos consolidados y reconocidos por ley», subrayó.

Sobre el enfado que ha podido ocasionar el acuerdo resultante del encuentro entre Valcárcel y Saura, Jara recordó que Barreda y Cospedal también coinciden pero en negar los derechos heredados del trasvase Tajo-Segura a la Región de Murcia.

El Júcar se ha librado de miles de metros cúbicos de aguas residuales urbanas e industriales sin tratar. La puesta en marcha de la depuradora de la Ribera del Júcar evitará desde ahora que la carga contaminante que han lanzado al cauce durante décadas los alcantarillados de Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Castelló de la Ribera degrade el ecosistema del río y del parque natural de L’Albufera. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que la infraestructura es clave para la recuperación del Júcar. La planta se inauguró 14 años después de que se declara de interés general.

La instalación será clave para la recuperación del río y de L’Albufera

La estación depuradora de la Ribera del Júcar será clave en la mejora de la calidad de las aguas del río en su curso bajo. La instalación libera al cauce de una contaminación que ha marcado en las últimas décadas la degradación del Júcar y ha impedido también aportes más limpios y de calidad al parque natural de L’Albufera. Las periódicas mortandades masivas de peces por vertidos procedentes de las industrias han sido una muestra patente del deterioro de las aguas del Júcar. Y un motivo constante de denuncia por parte de colectivos ecologistas y Xúquer Viu. Con la puesta en marcha de la nueva infraestructura, se eliminará el vertido sin tratar de una población equivalente a 150.000 personas -la carga contaminante calculada sobre los 76.000 habitantes de cuatro poblaciones y sus industrias-. La estación conecta con una red de colectores los vertidos urbanos e industriales de Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Castellló de la Ribera, que hasta ahora lanzaban sus aguas residuales a un alcantarillado que conducía la contaminación al Júcar a través de barrancos y acequias.

La depuradora inaugurada ayer por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se ha hecho esperar. El Gobierno, entonces en manos socialistas, declaró la construcción de la estación de interés general en 1993 junto a otras tres plantas. La de la Ribera del Júcar es la última pendiente de ese paquete de obras. Inicialmente, debía estar en funcionamiento en 1996, pero la construcción no comenzó hasta un año antes. El retraso acumulado en años posteriores obligó finalmente a reformar el proyecto, ya que las poblaciones afectadas habían desarrollado planes urbanísticos e infraestructuras que dejaron obsoleto el primer diseño de la red de colectores que debía unirlas a la depuradora. A ello se sumó luego la plataforma del AVE, otro obstáculo para las tuberías. El Ejecutivo actual achaca a la anterior Administración del PP la responsabilidad en la demora de una infraestructura esencial para el Júcar y el parque natural. El retraso, denunciado reiteradamente por la ministra, también afectó a la depuradora de Albufera Sur, que no limpió las aguas residuales de Alginet, Sollana, Almussafes y Benifaió hasta mediados de 2005.

La adaptación al planeamiento vigente de los municipios de los 21 kilómetros de colectores y las siete estaciones de bombeo que alimentan la depuradora de la Ribera ha supuesto un sobrecoste de 3,92 millones de euros. La inversión final ha alcanzado los 38,06 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea. Sin embargo, el fuerte retraso ha permitido también actuaciones complementarias para «optimizar» algunas fases de la depuración. Con una inversión de 5,02 millones de euros se ha ampliado la línea de fangos que se decantan del agua, entre otras mejoras.

La instalación de la Ribera del Júcar está diseñada para tratar 26.640 metros cúbicos al día. Una vez separados los elementos flotantes, arenas y materia sólida, el agua residual será sometida a reactores biológicos, de modo que el efluente pueda derivarse al Júcar sin dañarlo. Los fangos resultantes acabarán en una planta de compostaje.

«Confiemos en que ahora mejore la calidad del agua del Júcar», apuntó ayer el alcalde de Castelló de la Ribera, Alfred Gregori (EU). El municipio ha resuelto la depuración en su polígono industrial -las empresas están obligadas a tratar sus aguas-. Pero como en el caso del resto de localidades, la esperada conexión a la planta ha tardado 14 años. Además del coste medioambiental, Gregori señaló que la tardanza ha aumentado la factura del canon de vertido que cobra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la falta de depuración. También ha habido multas contra las que los municipios han alegado el retraso de la obra.

Carcaixent, que alberga la nueva planta, también espera una mejora clara de las aguas. Incluso plantea «acerca la ciudad al río» con actividades recreativas, según comentó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ino Signes (PP). El Ayuntamiento ya aprobó en 2002 una ordenanza de vertidos que favoreció la puesta al día de las empresas. Carcaixent ha intensificado también el control en talleres y ahora en los bares. La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), se sumó a la satisfacción general por la finalización de «una obra muy esperada por Alzira», la población que concentra mayor número de industrias. Su ordenanza entró en vigor en 2006 con los primeros expedientes a sancionadores a cuatro empresas por verter a la red sin depurar.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que, «se pongan como se pongan» en Murcia, el trasvase del río Tajo al Segura «se va a terminar en 2015 por razones de justicia y de sentido común».

Lamata se pronunciaba así durante la rueda de prensa en la que informó del contenido del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acuerdo entre el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el secretario regional de los socialistas de esa región, Pedro Saura, para defender conjuntamente el trasvase Tajo-Segura.

Fernando Lamata consideró inviable el mantenimiento del trasvase, pues la cuenca cedente, en este caso Castilla-La Mancha, tiene prioridad sobre la receptora, y existen, además, directivas europeas que obligan a respetar el medio ambiente.

Afirmó que «el trasvase cada día que dura es un atentado ecológico» y convierte al Tajo «en un río moribundo a su paso por Toledo».

«Río vivo»

El vicepresidente primero consideró que hay que duplicar o triplicar el caudal ecológico para que el Tajo «siga siendo un río vivo» y señaló que Murcia no puede pretender obtener del Tajo el agua que necesita para mantener sus producciones, sino que tendrá que buscarla en el mar.

Además, Lamata indicó que si el coste que tendría la utilización del agua desalada no les permite ser competitivos en Murcia, tendrán que buscar alternativas a su actual modelo económico.

Así, explicó que, por ejemplo, en la cuenca del Alto Guadiana, donde también los agricultores quieren regar y hay familias que viven del regadío desde que en los años cuarenta se les animó a regar para incentivar las producciones, se están poniendo en marcha alternativas que pasan por otros usos económicos y sociales porque no hay agua suficiente.

Lamata agregó que lo mismo podrían plantearse en Murcia, y recordó que tiene que recibir a través del trasvase un agua del que no dispone para poder seguir manteniendo su modelo productivo.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha consideró que «seguir insistiendo» en el mantenimiento del trasvase «es hacer perder el tiempo a los agricultores murciano, que dijo tendrían que estar ya pensando en alternativas».

Presión

En su opinión, lo que deberían hacer en la Región de Murcia es «presionar» al Gobierno central para que haga desaladoras, pues una grande puede llegar a producir 50 hectómetros cúbicos anuales, con lo que con cuatro, que podrían estar hechas en 2011, tendrían los 200 hectómetros que necesitan».

Preguntado sobre si el trasvase Tajo-Segura se tratará en la reunión que mantendrá el Consejo Territorial del PSOE el próximo sábado en Toledo, Lamata contestó que si se plantea el tema, está seguro de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dirá lo mismo que hace unos meses en Talavera de la Reina, que «no tomará decisiones en materia de agua» que afecten a la región «sin contar» con su presidente, José María Barreda.

Afirmó que la anulación del trasvase del Ebro supone que el del Tajo tiene que terminar, pues «es la misma lógica del no a los trasvases», y consideró que «la dirección del proceso está en línea con lo que está marcando el presidente Barreda».

Horizonte de 2015

Preguntado por qué a pesar de ello el Gobierno central aprobó el pasado viernes un trasvase de 69 hectómetros cúbicos, de los que 31,4 son para riego, Lamata contestó que de momento no se ha llegado al horizonte de 2015 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplica las normas de explotación «atendiendo a los criterios que cree oportunos», si bien reiteró el compromiso del presidente del Gobierno de que en política de agua en Castilla-La Mancha «el presidente Barreda tendrá la última palabra».

Como se recordará, en el encuentro celebrado el martes entre Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, se produjo un acercamiento en política de agua, en el sentido de que Saura apostó por hacer cumplir la Ley del Trasvase Tajo-Segura y conseguir que se alcancen los 600 hectómetros cúbicos anuales máximos que estaban previstos.

Ambos analizaron también la financiación autonómica, el control del litoral, las infraestructuras y el modelo de crecimiento económico.

El Gobierno de Murcia y el PSRM-PSOE se pusieron hoy de acuerdo para defender, de forma conjunta, algunos asuntos de «interés» para la Comunidad murciana, como son la defensa del trasvase Tajo-Segura, la reforma del Estatuto de Autonomía y la adaptación de la Ley del Suelo regional a la estatal.

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se reunió hoy con el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, para intentar recabar su apoyo en la defensa de los intereses de la región.

A la salida de la reunión, Saura valoró el encuentro como «positivo, de alto nivel de coincidencia en algunos temas», pero reconoció que todavía que que ordenar «nuestras discrepancias, que son muchas en muchos temas».

Los temas en los que ha habido un «alto nivel de coincidencia», apuntó, son en la necesidad de adaptar la Ley del Suelo regional a la estatal; en la defensa del trasvase Tajo-Segura; así como trabajar por conseguir un Estatuto de Autonomía consensuado, entre todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Regional.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, Saura contó que van a seguir manteniendo reuniones, junto con expertos de ambos partidos políticos, para trabajar en «dar estabilidad y seguridad al trasvase Tajo-Segura, y analizar punto por punto la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha», en el que, como se sabe, PSOE y PP castellano-manchegos se han puesto de acuerdo para todo lo contrario, o sea, poner punto final al trasvase.

El portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio de Heras, resaltó que tienen varios puntos de coincidencia en materia de agua, pero aclaró que las principales diferencias se centran en que el Gobierno de Murcia cree necesario hablar también del Tajo Medio, «pero Saura no lo ve así», al tiempo que reconoció que les gustaría que también » apoyaran el trasvase del Ebro».