La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer dejar para la próxima legislatura la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que llegó a la Cámara el pasado mes de febrero pactado por el PSOE y el PP en esa comunidad.

Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, los grupos mayoritarios y las minorías han preferido posponer ese primer debate del Estatuto castellanomanchego dado que no había seguridad de que diera tiempo a completar la tramitación en los pocos meses que quedan de legislatura.

Así las cosas, sólo quedan dos reformas estatutarias con opciones de aprobarse antes de la disolución de las Cortes y las elecciones generales: las referidas a Canarias y Casilla y León.

El debate del Estatuto canario, que llevaba más de seis meses congelado en el Congreso, arrancará por fin hoy con la constitución y tradicional «foto de familia» de la Ponencia de la Comisión Constitucional encargada de su tramitación. Este Estatuto llegó al Congreso en septiembre de 2006, con el apoyo de PSOE y CC y la oposición del PP. No llegó a debatirse en el Pleno del Congreso hasta el pasado mes de febrero, donde se repitió la misma división e incluso la ponente del Grupo Popular llegó a tachar la reforma de «nacional-socialista».

Las elecciones autonómicas cambiaron la situación y Coalición Canaria pactó el gobierno canario con el Partido Popular y juntos registraron en junio un elevado número de enmiendas parciales que introducen importantes cambios en el texto inicial. El PSOE expresó sus dudas sobre esta alianza y anunció condiciones para permitir la aprobación de la reforma.

En esta tesitura, y con el periodo estival de por medio, el Estatuto canario se había dejado aparcado en el Congreso. Finalmente, el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Alfonso Guerra, ha decidido convocar la primera reunión de la Ponencia, aunque los grupos parlamentarios admiten serias dificultades para cerrar un acuerdo en el breve plazo de tiempo que resta para que acabe la legislatura, dado que las diferencias se sitúan en temas clave como el sistema electoral.

Paralelamente, esta tarde finaliza el plazo de enmiendas parciales al Estatuto de Castilla y León, una reforma en la que hay consenso entre las dos fuerzas mayoritarias y que podría acelerar así su tramitación.

De hecho, si se cierra el plazo de enmiendas del texto castellanoleonés, en un breve plazo de tiempo se podría convocar la Ponencia, y en el Grupo Socialista no descarta que esta discusión pueda anteponerse a la del Estatuto canario.

Eso sí, ese adelanto supondría romper la regla no escrita que ha regido hasta ahora para aprobar las reformas estatutarias siguiendo el orden de llegada a la Cámara Baja.

Resulta que ahora va José Bono, el descacharrado político manchego, y vuelve a reclamar el trasvase.

¿Qué quieren que les diga? A mí este prócer, este socialista –¿socialista?–, siempre me ha parecido un demagogo, un vendedor de enciclopedias, de programas de mano a domicilio, y por eso me han venido sublevando sus predicamentos y prestigios entre otros referentes de su línea, tal que el propio Felipe González, a quien clonó sin la sal de Andalucía.

Quizá en el terreno corto, como les ocurre a tantos otros, Pepe Bono se atuse, gane, se meta al personal en el bolsillo, pero, como no he pasado de tratarle en público, no puedo opinar sobre sus más íntimas capacidades de seducción.

Le he visto, como ustedes, rodearse de obispos y folclóricas, chapotear en ese socialismo –¿socialismo?– manchego con las eses aspiradas por la sonrisa de un comercial de sí mismo y del felipismo que lo aupó, y dirigir nuestros ejércitos con arengas de boy scout que hacían bueno a Federico Trillo.

Ahora, ayer, Bono ha vuelto a reclamar el Ebro, a exigir que las aguas sobrantes sean trasvasadas allá donde en España, en Ejpaña, se sufra carestía. En su lenguaje patriarcal, autoritario, tales y subjetivas justicias aspiran a adquirir una categoría bíblica subtonal, algo así como el vigor, la irrefutabilidad de una ley no escrita; es el pastor, el profeta que se dirige a su rebaño desde la altura de un monte seco, y cuya salmodia invoca el milagro de las aguas, de la abundancia, del maná.

Dice este socialista ajoarriero, el expresidente castellano, el hombre que nunca perdió unas elecciones y que aplastó al hijo de Suárez sin tan siquiera nombrarle, que no puede entender por qué el Tajo se trasvasa desde la cabecera mientras que el Ebro, por el contrario, no puede trasvasarse ni siquiera desde la desembocadura.

Bono, ese piel roja, menos de alma, y ahora, un poco como Felipe, en la reserva, no entender por qué hombre blanco monopolizar el agua de los grandes ríos. Su tam-tam ha coincidido con la danza de la lluvia del jefe Arenas, otro demagogo, éste, el mohicano andaluz, más fino y menos descacharrado sobre la jaca que lo pasea por el ferial de la derrota; he aquí que también Arenas reclama el Ebro, y por las mismas razones de supuesta carestía y generosa solidaridad. Habido lo elemental, lo electoral de estos mensajes, más que profesores universitarios, ecologistas o expertos en hidrología deberían ser, en el caso de Bono, sus propios compañeros y amigos, José Luis Rodríguez Zapatero, Marcelino Iglesias, quienes, en tono didáctico, sin acritud, le hiciesen comprender lo profundo de su error, así como el daño originado por sus críticas.

De lo contrario, y de proseguir el educado, o apocado, silencio de Iglesias, podría desprenderse que el PSOE llegara a plantearse la revisión de su política antitrasvasista y, dando pábulo a Bono, Chavez, Ibarra y otros barones pasados o presentes, resucitar el fantasma del trasvase del Ebro. Tesis que podría ganar enteros caso de que Bono fuese rescatado para la política activa en puesto de campanillas donde seguir alternando con la púrpura, las castañuelas y los constructores de presas.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moraguesl, presentan los Inventarios Ambiental y Cultural de los Ríos Júcar y Cabriel (Proyecto EFLUS), en la Casa de Cultura.

Las intensas lluvias del fin de semana en el área litoral de la Comunitat han dejado, especialmente en Valencia y Alicante, una media de unos 100 litros por metro cuadrado, que han tenido poca repercusión en el nivel de los embalses.

Aunque también ha habido precipitaciones por el interior, las de mayor intensidad se han centrado donde no hay pantanos, por lo que no se ha almacenado tanta agua de las escorrentías como hubiesen deseado en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Las lluvias han dejado en los embalses 6,58 hectómetros en total, que se encuentran al 16,75% de su capacidad y almacenan 560,71 hectómetros cúbicos.

El gran pantano del Júcar, el mayor de toda la CHJ, Alarcón, no sólo no ha embalsado una gota de agua, sino que dispone de 1,62 hectómetros cúbicos menos respecto a la medición realizada la semana pasada. Guarda tras su muro 71,45 hectómetros.

La segunda mayor presa de toda la Confederación, Contreras, sólo ha ganado 0,26 hectómetros. Almacena 43,88 millones de metros cúbicos.

Benagéber, el mayor pantano del Turia, tiene 0,29 hectómetros menos que el lunes de la semana pasada y dispone de 75,53.

Arenós, que está a caballo entre Castellón y Teruel, ha visto disminuir su nivel en 1,58 hectómetros.

Los embalses situados en los tramos de los ríos más cercanos a la costa presentan números más positivos. Tous ha ganado 1,41 hectómetros, 2,38 el de Bellús y 2,61 el de Sichar, en el Mijares, que ha marcado el máximo de agua embalsada esta semana. Loriguilla, en el Turia, guarda 1,3 hectómetros más.

Las lluvias no han solventado la mala situación que vive la cuenca del Júcar, cuyos embalses se hallan, en su conjunto, al 11,87% de capacidad. Alarcón y Contreras están al 6,39 y 5,15%, respectivamente y Tous, al 11,52%.

‘‘Ha llovido algo en la cabecera de los ríos pero hace falta que llueva mucho más para garantizar los riegos del próximo verano’’, reflexionó Joan Brusca, secretario general de La Unió-Coag.

‘‘Estas lluvias posibilitan la recarga de los acuíferos subterráneos. En los pozos se nota que está subiendo el nivel de la capa freática. Además, permiten que no tengamos que regar en bastante tiempo’’, apuntó el presidente de Ava-Asaja, Cristóbal Aguado.

Los responsables de las dos grandes organizaciones agrarias de Valencia, Ava y La Unió, coincidieron en que las lluvias han sido positivas y especialmente buenas para los cítricos, que aumentarán su calibre.

Aguado resaltó que a pesar de que temían que la gota fría repercutiera negativamente en la siega del arroz ‘‘se está recogiendo bien’’. Sobre la vendimia dijo que se está retrasando algo. ‘‘El agua ha sido una bendición para el secano y los pastos’’, puntualizó.

Respecto a los cítricos, Aguado puntualizó que si bien la lluvia va a aumentar el calibre de las frutas, algunas variedades, como la clemenvilla, pueden sufrir pérdidas porque su rápido crecimiento las agrieta, caen del árbol y se pudren.

El presidente de Ava destacó que ha habido daños puntuales en infraestructuras agrarias, como caminos rurales y muros derribados por el agua.

‘‘La lluvia le ha venido de cine al olivar’’, declaró Joan Brusca, responsable de La Unió.

Brusca indicó que se ha paralizado ‘‘tanto la recolección de cítricos como la vendimia. En los cítricos incluso será bueno porque se estaba recogiendo naranjas verdes y eso ahuyenta al consumidor’’.

Daños en Alicante
La lluvia sí causó daños de consideración en Alicante. El Ministerio de Fomento ha iniciado los trabajos de reparación de un muro que separa la playa de vías de la estación y la calle Bono Guarner, que se desplomó el viernes por la noche.

El Ayuntamiento de Alicante cifró ayer en 2,4 millones de euros los daños ocasionados este fin de semana por la gota fría en el mobiliario urbano de la ciudad.

En la jornada de ayer todavía había dificultades en la circulación por la autopista AP-7 en sentido a Alicante. Había peligro de desprendimientos en el término municipal de Oliva, entre los kilómetros 581,5 y 580.

La Conselleria de Gobernación retiró el aviso de preemergencia por lluvias intensas en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante. El Meteorológico prevé que habrá precipitaciones dispersas a lo largo de esta semana.

La Comisión Europea ha trasferido 13,8 millones de euros a la sociedad estatal AcuaJúcar, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, como primer ingreso de ayudas europeas destinadas al nuevo trazado de la conducción Júcar-Vinalopó, cuyo punto de toma estará en el Azud de la Marquesa (Cullera).
En un comunicado, fuentes gubernamentales han señalado que esta institución europea financiará el 50% del coste total de la conducción, para lo que aportará 120 millones de euros a esta obra que se prevé que esté operativa a finales de 2008. En diciembre de 2006, la Comisión Europea adoptó la decisión de financiar con 120 millones de euros el nuevo trazado, es decir que aumentaba en 40 millones la financiación inicial del proyecto y avalaba así el cambio de trazado propuesto por el Gobierno de España a través del Ministerio de Medio Ambiente. Para el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, este primer ingreso de fondos europeos demuestra «el compromiso de la UE y del Gobierno de España con una infraestructura estratégica para el futuro de la Comunitat Valenciana y muy especialmente para el futuro de la provincia de Alicante». Marugán agregó que, « de hecho, esta decisión refuerza el apoyo expreso del trazado» Por último, Marugán señaló que desde AcuaJúcar y el Ministerio de Medio Ambiente se seguirá trabajando «para recibir cuanto antes el resto de la ayuda, y que el agua del Júcar pueda llegar a finales del año que viene hasta las comarcas alicantinas de l’Alacantí y el Vinalopó».

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha podrán beneficiarse de las ayudas que la Consejería de Agricultura ha convocado para la mejora de las estructuras y la modernización de los sistemas de producción de las explotaciones agrarias, así como para el fomento del relevo generacional en el campo.

Estas subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de noviembre, están destinadas a la primera instalación de jóvenes agricultores, a la modernización de las explotaciones agrarias y a las actuaciones en materia de regadíos. Además, se han convocado ayudas al cese anticipado de la actividad agraria en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Incorporación de jóvenes, planes de mejora y actuaciones en regadíos

La línea de ayudas dirigida a la primera instalación subvenciona a aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años que deseen incorporarse a la actividad agraria.

Uno de los principales requisitos exigidos a los solicitantes de esta ayuda es el de poseer un nivel de capacitación profesional suficiente, que deberá acreditarse en el momento de la instalación o en el plazo de dos años desde la misma.

Este requisito se considerará cumplido mediante la posesión de títulos académicos de la rama agraria, así como mediante la realización de un curso de «Incorporación a la empresa agraria» o cursos de capacitación agraria, ambos incluidos dentro de los programas de formación agraria subvencionados por la Consejería de Agricultura.

Además, los solicitantes deberán comprometerse a ejercer la actividad agraria al menos durante cinco años.

Las ayudas consisten en una subvención directa, que ha pasado de los 20.000 euros actuales a 34.000 euros, y que puede alcanzar los 40.000 euros en determinados supuestos, siempre que las inversiones previstas superen esas cifras.

Este sistema de subvenciones directas se ha instaurado por primera vez, sustituyendo al vigente que consistía en una ayuda directa y una bonificación de intereses. El objetivo de esta medida es que el joven disponga de un mayor capital a la hora de poner en marcha su primera instalación.

Los planes de mejora van destinados a todos aquellos agricultores y ganaderos profesionales que pretendan realizar inversiones en sus explotaciones (maquinaria, equipos y/o mejoras permanentes como almacenes, apriscos, regadíos, etc.)

Las ayudas consisten en una subvención directa por un importe de hasta el 50% del total de la inversión.

Además, tanto en la incorporación de jóvenes como en los planes de mejora, existe la posibilidad de acceder a un préstamo (a un interés de euribor +0,75) hasta el cien por cien de la inversión financiable, al amparo del convenio de colaboración que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene suscrito con las principales entidades financieras.

La mejora de regadíos va destinada a aquellos titulares de explotaciones que, sin ser agricultores a título principal, quieran modernizar o transformar sus explotaciones agrícolas en materia de regadío, alcanzando una subvención de hasta el 40% del total de la inversión.

Cese anticipado de la actividad agraria

En cuanto al cese anticipado en la actividad agraria se dirige a aquellos agricultores y ganaderos que, cumplidos los 55 años y hasta los 65, traspasen su explotación a otro agricultor o ganadero profesional menor de 50 años o joven mayor de 18 años que se incorpore a la actividad agraria.

Dichas ayudas consisten en una subvención anual fija de 9.000 euros (con cónyuge a cargo) más otra parte, proporcional a la superficie o ganado que traspase o venda, a razón de 200 euros por hectárea, hasta alcanzar un máximo en torno a los 15.000 euros al año.

El agricultor recibirá estas ayudas hasta cumplir los 65 años.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes considera un «error político» que los recientes estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular «una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución Española en sus artículos 149 y 45.2».

En este sentido, insistie en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas «con independencia del color y signo del partido que las gobierne» deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la «instrumentalización» del uso del agua que «sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar ‘guerras’ del agua».

En este marco, la Federación de Regantes advirtie de que «la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas que realizan algunas reformas estatuarias recientes pueden terminar con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas, siguiendo el lema ‘el agua es de todos’, del que España fue pionera y que ha servido de base en Europa para la Directiva Marco de Aguas (DMA)».

Fenacore estima que la transferencia de las competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico a las comunidades autónomas «debe hacerse en los términos de la legislación de aguas».

En su opinión, la naturaleza de la cuenca hidrográfica «exige una gestión unificada en manos de los organismos de cuenca, en virtud del principio de unidad de gestión de la cuenca y de indivisibilidad de la misma por tramos autonómicos, lo que exige superar las divisiones político-administrativas».

Nuevo sistema ribereño territorial

Además, considera que este «nuevo sistema ribereño territorial» en el que, a través de los estatutos de Autonomía, distintas comunidades «quieren asumir competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren parcialmente por su territorio», puede derivar en un modelo autonómico «insolidario» y en «guerras del agua» entre comunidades autónomas.

En este sentido, apunta que esta confrontación política tiene su reflejo en los recursos que distintas comunidades autónomas, como Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia, anunciaron la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional contra los estatutos de las otras comunidades autónomas por considerar que pretenden privarles de sus derechos sobre el agua.

De esta forma, Castilla y León reivindica la gestión del río Duero; Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar; Andalucía reclamaba la gestión exclusiva del río Guadalquivir; Cataluña y Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos autonómicos del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase.

Gran pacto político del agua

Para superar estas «divisiones político-administrativas», Fenacore aboga por un «gran pacto político» sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de «sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial, que al margen de ‘guerras’ del agua- garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.

La Federación recuerda que la «contaminación política» del agua causó durante estos últimos años «no sólo desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas sino también un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional».

Por este motivo, considera prioritario impulsar la planificación hidrológica a través de la construcción discriminada de obras de regulación y trasvases intercuencas, así como otras medidas de gestión de la demanda como la modernización de regadíos, la gestión sostenible de los acuíferos o la regeneración de aguas depuradas urbanas que, una vez tratadas, pueden emplearse en los riegos.

El ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa, José Bono, aseguró ayer en su visita a Burjassot que el agua “debe ir de donde sobra a donde falta” y consideró que ése es “el significado de la solidaridad”.

“La solidaridad debe significar eso, que el agua vaya de donde sobra a donde falta, lo que no he entendido nunca es por qué se trasvasa desde la cabecera del Tajo y no se puede trasvasar desde la desembocadura de otros ríos. Nunca lo entenderé”, dijo el ex presidente manchego en alusión al trasvase del Ebro.

Bono se desmarcó de esta manera de la política hídrica del Gobierno de Zapatero y defendió el trasvase del Ebro. Se pronunció así al ser preguntado por la discusión entre los Ayuntamientos de Zaragoza y Valencia a raíz de la promoción y las inversiones de la Expo Zaragoza 2008, que se desarrolla bajo el lema Agua y desarrollo sostenible, y del rechazo del Consistorio que dirige Rita Barberá a que se instale una carpa del acontecimiento en la capital del Turia.

Congreso del PSPV
En su visita a Burjassot, el líder socialista opinó sobre otras cuestiones de actualidad como el debate por suceder a Ignasi Pla al frente del partido. No obstante, optó por la cautela. Bono afirmó que no puede interferir en ese proceso y evitó pronunciarse sobre algunos de los candidatos. “Conozco a todos los que se han postulado o han sido mencionados y les deseo lo mejor, pero no voy a interferir ni menospreciar a nadie. Conozco a Jorge Alarte y a Jordi Sevilla y todos merecen mi consideración y mi respeto”, manifestó.

Sobre el futuro político que lo sitúa en la candidatura a las generales por Toledo, el ex ministro dijo que quienes han anunciado su regreso a la política “son amigos entrañables”, aunque insistió en que él todavía no ha confirmado su presencia en la candidatura socialista.

“No puedo confirmar lo que nunca he afirmado, han sido amigos entrañables quienes han manifestado su deseo de que vaya en las próximas listas, pero el portavoz de mí mismo soy yo, y no deberían atribuirme nada hasta que no lo diga yo mismo. Soy un peón dentro del PSOE, y mi labor es ayudar y empujar”.

También valoró su paso por la presidencia de Castilla-La Mancha dentro de su carrera política. “No ha habido ni habrá otro cargo político más ilusionante. Durante seis elecciones he sentido el apoyo y afecto de mis paisanos y por este motivo me siento obligado a besar por donde pisen los castellano-manchegos”, precisó.

Bono también tuvo palabras de agradecimiento al pueblo valenciano por haber acogido a multitud de inmigrantes manchegos en otros tiempos. “Si hoy se vive mejor en la Comunitat Valenciana y en Castilla-La Mancha no es gracias a ningún ministro, ni a ningún presidente, ni al Rey, ni a un general, sino a quienes se fueron de sus tierras hace años. Por eso yo no cambio mis ascendentes ni por los del mismo rey de España”, afirmó.

Respecto a las críticas del Consell al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, apuntó que el Gobierno “trabaja más por la igualdad de las personas que por la de los territorios”.

Bono dijo que quienes insultan a los que colocan banderas españolas en edificios públicos son “energúmenos”, y lamentó la situación política en localidades del País Vasco.

En relación a la manifestación convocada en Lizartza contra la alcaldesa del PP, Regina Otaola, Bono señaló que es “muy malo que todavía existan personas que consideran la bandera española como un elemento de insolidaridad”.

El catedrático de derecho internacional Cesáreo Gutiérrez Espada dijo hoy, en las XXII jornada de la asociación española de profesores de derecho internacional, que el Tribunal Constitucional debiera aclarar quién regula los cursos de los ríos cuando nacen y mueren en mas de una comunidad autónoma.

EFE Gutiérrez Espada indicó que «todos esperan las sentencias» del Constitucional en torno a los recursos contra las reformas de algunos estatutos de autonomía que incluyen derechos sobre ríos que pasan por varias autonomías, y recalcó que no aclarar la situación «provocará problemas internos serios». Este experto indicó que la crisis del agua cada vez es mas grave, lo que está forzando a Estados y a organizaciones internacionales a emplear todos los medios posibles para solucionar el problema. Gutiérrez Espada, que habló en su intervención del agua como factor de cooperación y conflicto, elogió el papel que tiene el tribunal de las aguas de Valencia como institución judicial de resolución de conflictos en el tema del agua. Puso como ejemplo además lo ocurrido en Sudán en febrero de 2003, donde fallecieron doscientas mil personas en un conflicto armado en parte derivado por la falta de agua y la miseria, si bien un descubrimiento por teleobservación ocurrido este verano, donde se vieron lagos subterráneos de agua, podrían llevar a la paz con una perforación de mil pozos de agua, solucionando así la peor tragedia humana del siglo. De la importancia del agua, explicó que un hombre no puede pasar mas de tres días sin beberla, pero podría pasar tres semanas sin alimento, y criticó a Occidente por malgastar un recurso tan importante, con un gasto que en España se sitúa en 280 litros diarios por persona, cuando el requerimiento mínimo para beber es de diez litros. Comentó que uno de los mayores obstáculos en el conflicto entre Israel y Palestina radica en lograr un pacto aceptable sobre la gestión y el uso de las aguas del río Jordán. Recordó que en la guerra de Irak de 1991 unos bombardeos en centrales eléctricas causaron de modo involuntario una afección al tratamiento de las depuradoras de ese país, cuyo mecanismo de bombeo funcionaba con energía eléctrica, ocasionando un incremento de gastroenteritis infantil y de aguas contaminadas. En este sentido, indicó que el derecho internacional en caso de conflicto bélico contiene protección hacia las aguas, y citó la convención de Ginebra que protege instalaciones de agua potable, pero consideró necesario añadir normas de protección ambiental. Finalizó su intervención con una oración egipcia, de la época de Akenatón, en la que demandaba la crecida del Nilo a los dioses, y que finaliza con la frase «tráenos el agua para todos». Por otra parte el consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras, dijo hoy en la XXII Jornadas de la Asociación española de profesores de derecho internacional que se celebra en Murcia que hoy en día «nadie discute los oleoductos o los gasoductos, pero a la hora de hacer acueductos, no sería posible ni el que acometieron los romanos en Segovia». De Heras recalcó que haría falta en España una política de Estado en materia de agua como se llevó a cabo cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase del Ebro, al tiempo que criticó la actual situación en la que se habla de blindar cuencas hidrográficas y reformas estatutarias que incluyen derechos excluyentes en agua. Recordó que los indígenas que en 1855 vendieron Washington advirtieron a los compradores que los ríos «eran nuestros hermanos», un derecho natural que, según dijo, se ha perdido, «y ni en nuestro país estamos logrando salvar principios que debieran estar fuera del debate». Indicó que la mayoría de países europeos tienen sus cuencas hidrográficas interconectadas que en algún caso conllevó un comercio fluvial fructífero, pero, en cambio, «en España la interconexión se ha convertido en un elemento de confrontación y conflicto», afirmó. Juan Antonio De Heras dijo que la postura de Murcia «es clara, y es ser partidaria de que el agua que sobre, sea excedentaria, no tenga valor ambiental o productivo, que pueda aprovecharse donde haga falta, y en Murcia hace falta, con un déficit estructural que supone que necesita una aportación de caudales externos».

El grupo popular en el Ayuntamiento de Benidorm será el primero en materializar la ofensiva del PPCV para reivindicar el trasvase del Ebro y el trazado original del Júcar-Vinalopó, así como para cuestionar la política hídrica del Gobierno socialista, basada en la construcción de desaladoras en el litoral de la Comunidad.

Así, el equipo de gobierno del Consistorio benidormí presentó ayer la moción, que elevará al próximo pleno municipal, en la que rechazan «el plan masivo de implantación de desaladoras» y solicitan recuperar el trasvase del Ebro y el Júcar-Vinalopó con la toma en Cortes de Pallás. El portavoz popular, Antonio Pérez, presentó el texto de la moción, que se incluye en la campaña anunciada por el PP en la Comunidad para reclamar al Gobierno soluciones al déficit hídrico en la región.

La iniciativa de los populares benidormíes se produce en una coyuntura en la que el trasvase al Vinalopó se encuentra fuertemente cuestionado por la calidad de las aguas en la desembocadura del Júcar, y por la parálisis de las obras iniciadas el pasado mes de julio. Así, el trasvase apenas cuenta con usuarios para el caudal a transferir.

Asimismo, resulta especialmente significativo que Benidorm inaugure la ronda de mociones, dado que el último conflicto a cuenta de la desalación -cuando no se ha superado todavía el abierto en Torrevieja- se ha producido en la localidad de Denia, también en las comarcas de las Marinas.

«Retroceso»

Pérez afirmó que el Gobierno del PSOE «ha supuesto un retroceso en la política del agua», en la que ha seguido «los dictados de grupos políticos radicales a cambio de sus votos para sostenerse en el Gobierno».

La moción rechaza «el plan masivo de implantación de desaladoras del Ministerio de Medio Ambiente» por «sus evidentes carencias y los graves perjuicios que ocasionarán».

En el texto los populares piden a la titular del citado Ministerio, Cristina Narbona, que «rectifique el actual trazado del Júcar-Vinalopó», al tiempo que «no se reduzcan los aportes del trasvase Tajo-Segura». Por último, la moción recoge la exigencia de recuperar el trasvase del Ebro, «pieza esencial para mantener una política hídrica coherente».

Con la presentación de esta moción, que podría materializarse la próxima semana en el pleno ordinario, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, adoptará una posición más beligerante en la cuestión hídrica, pese a que su turístico municipio no se ha visto afectado por la sequía endémica del Vinalopó y la Vega Baja -y, de hecho, su gestión del agua ha merecido múltiples reconocimientos-.

En cuanto a las desaladoras, el texto afirma que «son para casos determinados» y considera que con los cambios realizados por el Gobierno al Programa AGUA provocarán «importantes perjuicios medioambientales y energéticos por los vertidos de salmueras al mar». La moción añade que la demanda de energía conllevará «problemas de suministro» para la población y la actividad turística, y «la necesidad de nuevas líneas y subestaciones».