Por un lado, el relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomienda al Gobierno central que alerte a ciudadanos e inversores de la inminencia de una crisis inmobiliaria, que afectará a gran parte de la población. Las hipotecas son una losa que cada año será más pesada, y que, a juicio de Kothari, no sólo tendrá efectos negativos en educación, alimentación y vestido, sino que ya está causando que la tasa de violencia doméstica que se registra en España sea una de las más altas de Europa. Considera fundamental que la Administración fomente las viviendas de protección oficial y los alquileres a precios asequibles.

En la misma línea de denuncia de la situación inmobiliaria, un informe de Greenpeace, presentado por su director en España, López de Uralde, descubre que en todo el litoral español se producen agresiones y que en la Comunidad Valenciana los planes urbanísticos en marcha prevén la construcción de medio millón de viviendas en el litoral, así como 15 nuevos campos de golf y más de 2.000 amarres en puertos deportivos. Pero la denuncia más grave afecta a Galicia, donde asegura que está previsto construir 800.000 viviendas a lo largo de este año 2007.

Otra organización ecologista, WWF-Adena, a la vez que castiga a Narbona por el exceso de desalinizadoras en construcción y en proyecto, apoya a la ministra en su tesis antitrasvasista y en buscar nuevas fórmulas para la mejor gestión de los recursos hídricos. Incluso se permite aventurar que valencianos y murcianos quieren el agua para desarrollar más urbanizaciones. Narbona no se arredra y anuncia una nueva desalinizadora en Guardamar para abastecer a Riegos de Levante-Margen Izquierda, la organización de regantes ilicitanos que se quejan de haber sido ignorados por las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura. A ver cómo les sale de precio el metro cúbico.

Demasiados factores se unen para dificultar una política hídrica que permita a la Comunidad Valenciana disponer del agua que precisa para un crecimiento sostenible en todos los sectores económicos. Hay excesivos agoreros insoportables y algunos videntes del Consell que se empeñan en pintarnos el futuro de color de rosa. Ni tanto, ni tan calvo.

El informe de la organización mundial de conservación define a los trasvases entre cuencas como iniciativas muy costosas con elevados impactos ambientales que ponen en peligro la capacidad de los ríos para proporcionar alimentos y agua. El informe analiza casos de trasvases realizados en Australia, España y Sudáfrica, así como otros proyectos en Brasil, China, Grecia y Perú. Existen cientos de otros proyectos de trasvases en todo el mundo, algunos de ellos ocultados al público debido a su conflictividad.

La casi totalidad de los casos manifiestan los mismos fallos: costes disparados, falta de transparencia, daños irreversibles a los ríos, falta de implicación de los afectados, desplazamientos de comunidades, fracaso de los beneficios esperados y falta de estudio de alternativas sostenibles.

Jaime Pittock, Director del Programa Internacional de Aguas de WWF/Adena, explicó: «En muchos casos, los proyectos de trasvases son simples ‘acueductos de sueños’, reflejo de un pensamiento simplista de que la transferencia de agua de un río a otro va a resolver los problemas de escasez de agua, sin producir otros nuevos. La clave para resolver realmente esta crisis es la conservación de los ríos y acuíferos, conjuntamente con una correcta evaluación y gestión de la demanda». La Unión Europea considera también que los trasvases sólo pueden ser la ‘última solución’ a los problemas del agua, tras analizar primero las posibilidades de ahorro y mejora de la gestión.

Trasvase Tajo-Segura (Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Almería)

El Tajo-Segura trasvasa desde 1978 hasta 600 hm3/agua anuales por sus 286 kilómetros desde el Sistema Ibérico hacia el Levante. Oficialmente, transfiere agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 abastecimientos urbanos. El trasvase ha causado impactos severos, como la reducción de caudales ambientales en el río Tajo, el traslado de especies de peces entre cuencas (que afecta por ejemplo a la loina del Júcar) y la destrucción de ecosistemas y la promoción de una agricultura insostenible en Murcia y Almería.

A pesar del trasvase, el déficit del agua en la zona beneficiada está aumentando, y existe un mercado negro del agua. Varios informes estiman que existen 65-100.000 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca del Segura, y Murcia y Almería continúan en el boom urbanístico, con más de 50 nuevos campos de golf y 115.000 nuevas viviendas en un plazo de 8 años. «El caso del trasvase Tajo-Segura ilustra una gestión del agua que prioriza a aquellos usuarios que no son preferentes según la Ley de Aguas: en vez de asegurar los abastecimientos y los caudales ambientales en los ríos, se amplían campos de golf, urbanizaciones y regadíos», critica Guido Schmidt.

Proyecto de trasvase del Ebro (Cataluña, Valencia, Murcia, Almería)

La Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobó en el año 2001 un nuevo trasvase de 1.050 hm3/año desde el Ebro a otras zonas de la costa mediterránea. WWF/Adena se opuso a la ejecución de este proyecto, porque lo consideraba obsoleto. El proyecto no consideraba ni los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad del agua, ni los impactos ambientales, vulnerando así a la legislación europea. Sus cálculos económicos eran incorrectos y WWF/Adena estimó que las pérdidas totales ascendían a 3.500 millones de euros, siendo el coste medio del agua de 0,72 €/m3 agua, muy superior al coste del agua desalinizada (0,45-0,60 €/m3). Tras numerosas manifestaciones y reuniones técnicas, la Comisión Europea asumió los mismos argumentos económicos y ambientales para no asignar los 8.000 millones de euros de los fondos europeos de cohesión y desarrollo regional a este proyecto.

WWF/Adena apoyó la derogación del proyecto de trasvase del Ebro por el Gobierno en el año 2004 y su sustitución por el programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente y sus desalinizadoras, si bien considera que «las Comunidades Autónomas y el Gobierno siguen sin apostar por el ahorro del agua y el desarrollo territorial sostenible», según explica Guido Schmidt, responsable del programa de aguas de WWF/Adena. Y añade: «El crecimiento sin límite del regadío y de las urbanizaciones impiden una buena gestión del agua y son los principales responsables de los abusos del agua, como los más de 500.000 pozos ilegales».

Trasvase Guadiana-Doñana (Andalucía), en proyecto

La Junta de Andalucía promueve el trasvase de agua del Guadiana a Doñana, apoyando un desarrollo insostenible de la provincia de Huelva, tanto en lo que se refiere al urbanismo en los núcleos costeros, como a la transformación de más de 25.000 hectáreas de montes y cultivos de secano hacia nuevos regadíos. En mayo de 2007, la Agencia Andaluza del Agua solicitó al Ministerio de Medio Ambiente un trasvase de 5 hm3 anuales para el riego del fresón en Doñana. Ahora mismo, un tercio de estos campos de fresón ocupan ilegalmente montes públicos y espacios protegidos y se abastecen de pozos ilegales.

WWF/Adena critica que la Junta de Andalucía ni siquiera haya contemplado las alternativas de ahorro y reciclaje que esta organización propuso hace tres años como parte de la solución. Guido Schmidt, Responsable del Programa de Aguas de WWF/Adena, explica: «Se trata de otro trasvase que beneficia a agricultores ilegales y que es más caro que otras alternativas de ahorro. La Junta de Andalucía sigue sin apostar por la buena gestión del agua en Huelva», explica.

Las alternativas propuestas por WWF/Adena suponen el ahorro de 10-13 hm3/año con un coste de 18-25 millones de euros. Incluyen las siguientes medidas: Modernización de regadíos (4,5 hm3/año, con un coste de 9 millones de Euro), promoción de cultivos hidropónicos (2,8 hm3/año), ahorro urbano (2,8 hm3, con un coste de 0,8 millones de Euro), mejora de redes urbanas (0,8 hm3), reutilización de aguas depuradas (4 hm3/año, con un coste de 8,3 millones de euros) y revisión de regadíos subvencionados (3,5 hm3/año).

Trasvase Tajo-Llanura Manchega (Castilla-La Mancha), en construcción

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente son los principales promotores del trasvase entre el río Tajo y la Llanura Manchega, con el objetivo de asegurar el abastecimiento en esta última cuenca, fuertemente sobreexplotada y con problemas de contaminación en los acuíferos 23 y 24, donde los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).

WWF/Adena considera que este trasvase afectará negativamente al río Tajo en las provincias de Toledo y Guadalajara y a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el Tajo Medio (ya hay periodos del año en el que el cauce se queda seco en La Sagra y en Talavera). También afectará a la calidad del agua, aumentando la contaminación de los embalses aguas abajo de Toledo, que ya están muy eutrofizados.

Para Alberto Fernández-Lop, del programa de aguas de WWF/Adena: «Los responsables políticos han entrado en una huida hacia delante que se manifiesta en este trasvase. En vez de apostar por una buena gestión del agua, cerrar los más de 60.000 pozos ilegales y promover una agricultura que no dependa del agua, la Junta de Castilla-La Mancha sigue subvencionando al regadío y construye costosas infraestructuras». WWF/Adena alerta también ante la posibilidad de que este trasvase sea inviable por la falta de agua en el Alto Tajo.

El pasado martes, la organización WWF/Adena presentaba en Ginebra (Suíza) un informe titulado Pipedreams? -un juego de palabras entre pipeline (conducción) y dreams (sueños)- que se mostraba, en general, muy crítico con la utilidad de los trasvases de agua.

Entre sus páginas, esta organización destaca tres ejemplos de trasvases, entre todos los que hay en funcionamiento o en proyecto de todo el mundo. Tres trasvases que, lejos de fomentar el uso racional del agua, han promovido su despilfarro.

Este trío lo forman el Trasvase de Snowy River, en Australia; el de las Tierras Altas de Lesotho, en Sudáfrica y el Trasvase Tajo-Segura, en España. De hecho, el primer ejemplo de trasvase mal gestionado, el número uno de la lista es, precisamente, este viejo conocido de los albaceteños.

«Más que resolver una escasez de agua en la cuenca del Segura -indica el informe entregado a la prensa internacional- esta extensa infraestructura hidráulica se ha convertido en un motor del uso insotenible del agua, promoviendo el aumento incontrolado de superficies de riego y los desarrollos urbanísticos en la costa».

De hecho, WWF/Adena lo pone como un claro ejemplo de su tesis principal contra los trasvases, pues considera que «aumentar la disponibilidad de agua con un trasvase puede inducir a un consumo insostenible en la región receptora».

Es más, como consecuencia de esta tesis, la organización ecologista llega a una conclusión: que este trasvase ha dañado no sólo a la región donante, a Castilla-La Mancha, sino también a Murcia, cuya economía está «prisionera» del acueducto Tajo-Segura.

La explicación que da el informe a las consecuencias dañinas del ATS es sencilla: las cifras que se usaron para planificar su construcción y las que ha impuesto la realidad no tienen nada qué ver.

Cuando se puso en servicio, en 1978, «su principal objetivo era cubrir un déficit hídricos estimado en 0’5 kilómetro cúbico por año en el área receptora y asegurar el suministro de agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 ayuntamientos en el sudeste de España».

WWF/Adena recuerda que el acueducto comienza en dos presas en el Alto Tajo, con una capacidad de almacenamiento de 2’4 kilómetros cúbicos, y sus 268 kilómetros de longitud permiten en teoría una transferencia de un kilómetro cúbico por año hacia la presa del Talave.

Pero una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica, porque a la hora de la verdad «las actuales derivaciones de agua son variables y dependen de la existencia de recursos en la cuenca del Tajo. Habitualmente, se transfieren entre 0,2 y 0,4 kilómetros cúbicos por año. Sólo en unos pocos años se ha llegado a transferir el máximo legal permitido de 0,6 kilómetros cúbicos».

Es más, subraya que «en épocas de sequía, siempre que el agua almacenada en embalses de cabecera se ponga por debajo de los 0,24 kilómetros, la derivación se acerca a cero».

Paralelamente -recuerda- en la cuenca cedente, se ha producido un aumento de la demanda, muy por encima de unas previsiones iniciales a las que nunca se ha llegado.

El Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca) espera contar pronto con elementos que permitan comprobar, con exactitud, que se mantiene el caudal ecológico del río Cabriel, ante el bajo nivel de agua que lleva a veces debido a la actividad de una central hidroeléctrica situada aguas arriba.

El alcalde de Enguídanos, José Vicente Antón, explicó que el Ayuntamiento espera disponer de elementos fiables de medición, una vez que termine el estudio de caudales que está realizando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el que va a hacer la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Según Antón, el problema del río Cabriel «es que no se respeta el caudal ecológico», porque hay una central hidroeléctrica aguas arriba «que lleva un poco el caudal a su libre albedrío y no siempre aparece el caudal ecológico». Aseguró que «cuando la central turbina, evidentemente baja mucha agua, pero cuando no turbina el nivel del agua es muy bajo».

Si hiciéramos una encuesta en Castilla-La Mancha, en Aragón, en la Comunidad Valenciana o en Murcia, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los entrevistados estarían a favor de un pacto de Estado para el reparto del agua. Sin embargo, esos mismos ciudadanos siguen respaldando abrumadoramente a líderes que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo porque defienden posturas casi irreconciliables. Y es que hay pocos políticos más antitrasvasistas que el aragonés Marcelino Iglesias o que el castellano-manchego José María Barreda, ni dirigentes más entusiastas de los trasvases que el murciano Ramón Luis Valcárcel o que el valenciano Francisco Camps. Como quiera que estos cuatro señores de la guerra (del agua) salieron reforzados de la votación del 27-M, todo hace pensar que tendremos guerra (del agua) para rato. Es lo que han querido los votantes. Y los votantes, como los clientes, siempre llevan razón, incluso cuando se equivocan.

Si el pueblo pide guerra, va a tener guerra. Habrá guerra en los parlamentos, guerra ante los micrófonos y guerra, por supuesto, también en los tribunales. El Constitucional tendrá que resolver en los próximos meses los recursos que han presentado, todos contra todos, contra las reformas de los estatutos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Lo más surrealista es que, a excepción del catalán, el resto han sido pactados por PSOE y PP, y que los mismos partidos defienden justo lo contrario en unas y otras comunidades. Hasta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, antes de marcharse, ha dejado recurrido el estatuto de Manuel Chaves, que en materia hídrica está más de acuerdo con Javier Arenas que con su histórico compañero de partido en Extremadura. Ver para creer.

Jamás la política había hecho tantos y tan extraños compañeros de viaje como en esta guerra (del agua). Con tal de salvar cada uno su poltrona, no sólo perjudican los intereses generales de los españoles, sino que están dispuestos a dañar la integridad de sus propios partidos políticos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que «los debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su obligación es desarrollar el programa AGUA -que entre otras medidas promueve la desalación de agua de mar- y resolver «lo antes posible» las carencias que existen en la Valencia y Murcia. Además, subrayó que la actual política del agua cuenta con una financiación europea «que nunca tuvo el trasvase del Ebro».

Narbona respondió así a preguntas de los periodistas sobre la oferta que el dia anterior planteó el portavoz socialista en las Cortes de Valencia, Joan Ignasi Pla, al reelegido presidente de esta Comunidad, el popular Francisco Camps, de apoyar «un trasvase razonable» del Ebro. La relativa coincidencia trasvasista de Pla y Camps fue resaltada ayer por la prensa regional como el renacer de un trasvase derogado por el actual Gobierno socialista.

«Como ministra, mi obligación es desarrollar el programa AGUA y resolver lo antes posible las carencias de agua de calidad que tienen la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia con actuaciones concretas y con inversión concreta», sostuvo Narbona. «Los debates están siempre abiertos, pero mi obligación es hacer lo que estamos haciendo», añadió la ministra tras presidir en Elche la firma de un acuerdo entre Acuamed y la Comunidad de Riegos de Levante para construir una nueva desalinizadora en Alicante.

Posteriormente, en Calpe, la ministra puntualizó que Pla rechazó públicamente el trasvase del Ebro incluido en el anterior Plan Hidrológico Nacional y planteó condiciones «en la aproximación a ese debate. «Pero, como ministra, no estoy en los debates, sino en la respuesta concreta», agregó.

El debate en materia hídrica es «un debate libre sobre el que todo el mundo puede tener sus posiciones», indicó Narbona , quien recordó que la Comisión Europea «ha avalado de manera reiterada la política del agua» que desarrolla el Gobierno español.

«Contamos con financiación europea que nunca tuvo el trasvase del Ebro y con su apoyo ante todo tipo de denuncias por parte de la Generalitat Valenciana» que «se han lanzado ante la instituciones europeas y que éstas han rechazado de manera reiterada».

Narbona dijo que el programa AGUA abarca «todas las formas diferentes de obtención de agua, desde la modernización de los regadíos hasta la gestión de los trasvases del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó», cyo inicio de otras (de este último) se aprobará este viernes, según anunció. Pero sobre todo insistió en que la desalación de agua de mar es «una tecnología que cada vez ofrece mejores resultados y sobre todo es la única que que garantiza agua llueva o no». Por eso tachó de «lamentable que alguna vez se quiera criminalizar la desalación».

Mientras el PP de Alicante criticaba que Narbona «ha renunciiado a comprometerse con la llegada de agua a la Comunidad Valenciana», la organización ecologista WWF/Adena publicaba ayer un informe donde descarta los trasvases por su «elevado coste económico y ambiental» y mostraba su preocupación por la política de varias Comunidades, en especial Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, «que pretenden utilizar nuevos trasvases para promover regadíos y urbanizaciones insostenibles».

El «trasvase razonable» del Ebro con el que el síndic socialista, Ignasi Pla, desmontó el andamiaje político del presidente Camps y sorprendió a no pocos diputados socialistas es, en realidad, el minitrasvase a Castelló, que en determinadas circunstancias, «llegaría como máximo a Sagunt» . Lo explicaron ayer en declaraciones a este diario el propio Pla y el portavoz de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del grupo socialista, Francesc Signes, quien destacó que el «auténtico valor» de la iniciativa de Pla estriba en haber apostado por un «pacto del agua que saque este asunto de una vez del debate político» . El líder socialista había repetido mil veces que el trasvase del PHN era imposible porque nunca contaría con la financiación de la Unión Europea ni con el aval político de las comunidades de la cuenca cedente.

La novedad es que ahora, al calor de la derrota electoral, animó a Camps a hacer causa común y trabajar por ese consenso de los gobiernos de España, Aragón y Cataluña para hacer viable un trasvase «razonable desde el punto de vista social, económico y ambiental» . Y «razonable» significa, según explicó el secretario general del PSPV, que en ningún caso se estaría hablando de los 350 hectómetros de la transferencia hídrica del Ebro del PHN ni magnitudes parecidas. El pacto del agua propuesto por Pla incluiría un compromiso del Consell de no poner más palos en las ruedas del Programa Agua. «Desbloquear las diferencias es que Camps se olvide de hacer política y de poner trabas a proyectos que generan grandes beneficios sociales como la desaladora de Torrevieja» , agregó el dirigente socialista.
El acuerdo para el que Pla tendió la mano serviría para «garantizar el caudal del Júcar» combatiendo los pozos ilegales de La Mancha oriental y La Manchuela, cuestión para la que habría que negociar con el gobierno vecino del socialista José María Barreda. «En la historia de la humanidad no ha habido un trasvase sin el vistobueno de las cuencas cedentes y eso lo tiene que saber Camps, pero su problema es que antepone los intereses electorales del PP a los de la Comunitat Valenciana» , afirmó Signes. «Piensa que cuanto peor les va a los valencianos en el agua, mejor le va a él y por eso en vez de aceptar ya nuestra propuesta de diálogo y ganar ocho meses de cara al consenso, prefiere ganar más votos estos ocho meses hasta las generales» , concluyó el portavoz de medio ambiente.
La oferta de Pla provocó ayer un aluvión de reacciones. La ministra Narbona se limitó a afirmar que los «debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su «obligación» es desarrollar el programa Agua y resolver «lo antes posible» las carencias que existen, dijo, en la Comunitat Valenciana y en Murcia. «Con actuaciones concretas y con inversiones concretas, eso es lo que me corresponde» , concluyó la responsable de Medio Ambiente para evitar el choque frontal con el PSPV.