Las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y al Ministerio de Industria una prórroga de las tarifas específicas para riego agrícola, cuya eliminación está prevista para el próximo 1 de julio.
Así lo han planteado Asaja, COAG, UPA y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) en el encuentro mantenido hoy con la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz; el director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz, y el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Francisco Amarillo.
El MARM informó en un comunicado que el objetivo de la reunión fue analizar el impacto de la modificación de la estructura de las tarifas eléctricas en el sector.
Añadió que en el encuentro se trataron diferentes vías posibles ‘para compensar el incremento de costes’, como medidas fiscales o ‘tratamientos específicos en relación con energías renovables’, y se planteó continuar las conversaciones para alcanzar acuerdos entre el sector agrario y las empresas eléctricas suministradoras.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, explicó a Efe que su organización ha propuesto un paquete de medidas al Ejecutivo que, además de la prórroga de un año, incluyen más flexibilidad en la potencia contratada y un IVA reducido para los regadíos.
Del Campo recordó que, con la desaparición de la tarifa actual, el coste energético para los regadíos puede incrementarse hasta en un 40 por ciento, lo que obstaculizaría la modernización de los sistemas de riego, ya que los más avanzados consumen más electricidad, y haría inviables muchas instalaciones.
Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), el responsable de los servicios técnicos, José Carlos Caballero, mostró su preocupación tras el encuentro, que no ha servido, como esperaba, para que los representantes ministeriales confirmasen la aprobación de la prórroga de un año reclamada por el sector.
El secretario general de COAG, Miguel López, aseguró en un comunicado que ‘la liberalización eléctrica supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa a adquirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras’, lo que representa un cambio ‘de enorme calado’ para muchos agricultores.
Por su parte, el representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, José Manuel Delgado, aseguró a Efe que ‘la prórroga de la tarifa en vigor al menos podría salvar la campaña de verano y dar tiempo, además, para que pueda haber una mesa de negociación con las empresas eléctricas’.