La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, mostró su compromiso con el sector de la ganadería intensiva de la región y afirmó que «tanto la Junta como el Ministerio lucharán en Europa para que la nueva Política Agraria Común (PAC) incluya ayudas a este sector, como ha venido recibiendo hasta ahora».
Así se lo trasmitió a los representantes de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), con los que se reunió en Toledo para conocer de primera mano sus inquietudes y mostrarles «el total apoyo del Gobierno regional al sector ganadero y a su derecho a mantener las ayudas que ha venido percibiendo en el marco del presupuesto de la PAC».
 El problema estriba en que la propuesta de reforma -que presentó la Comisión Europea en octubre de 2011- prevé que las ayudas en el sector ganadero se concedan a partir del año 2014 por superficie, es decir, a explotaciones con territorio asignado.
Esto privaría de las subvenciones por pago único a ganaderos de vacuno, ovino y caprino, a los que se les deja solamente la alternativa de obtener ayudas a través del conocido como «sobre nacional», cuyos fondos los estados pueden conceder a sectores en dificultades. Este cambio no convence a la Junta de Comunidades ni al sector ganadero, quedando este último a merced de continuas decisiones políticas por no tener derecho previo asignado.
Esta medida podría afectar a unos 550 solicitantes de Castilla-La Mancha, que dejarían de ingresar alrededor de 10 millones de euros al año que actualmente reciben en concepto de pago único de la PAC para sus explotaciones de intensivo sin territorio asignado.
Ante esta situación, explicó Soriano, desde el primer momento la Consejería de Agricultura trabaja junto al Ministerio y el resto de comunidades autónomas para hacer ver la necesidad de que se mantengan las ayudas de pago único al sector, ya que, «de lo contrario sería el gran perjudicado de la reforma de al PAC», ha señalado.
Asimismo, la consejera de Agricultura criticó que «el entonces Gobierno socialista no eliminara esta medida de los documentos de trabajo de la Comisión Europea durante los muchos meses en los que los estados miembros estuvieron aportando iniciativas, ya que era el momento de oponerse.