La nueva ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se ha comprometido con las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, con las que se reunió días atrás, a diseñar una «hoja de ruta» para abordar las prioridades de los agricultores y ganaderos en lo que falta de Legislatura.

Este documento deberá incluir la posición española de cara a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), proceso que comenzará a andar de forma oficial el próximo día 17, cuando la Comisión Europea presente su comunicación sobre este asunto.

En el transcurso de ese encuentro se analizó la situación actual del sector agrario español. También se abordó lo que sucede con la leche, y los representantes de los agricultores y ganaderos reivindicaron, de forma inmediata, la puesta en marcha del nuevo contrato homologado entre las industrias y los productores.

Plan de choque
En ese encuentro, estos pidieron a la ministra que se reactiven los puntos pendientes del plan de choque anunciado en su día por Zapatero, como el decreto sobre las tarifas eléctricas para riego, la equiparación del IVA ganadero al agrícola o un plan de apoyo para el cooperativismo agrario. En relación con otros asuntos de actualidad, los dirigentes agrarios coincidieron en rechazar la renovación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, que todavía está pendiente de ratificación, y pidieron que si llega a entrar en vigor, se cumpla a rajatabla y no como sucede actualmente.

Mientras tanto, y según los datos aportados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), entre los días 16 y 31 de octubre los organismos pagadores de cada comunidad habían abonado un montante de 1.391,7 millones de euros en concepto de anticipo del pago único por explotación correspondiente a 2010. En Andalucía se habían pagado más de 555 millones; a continuación figuraba Castilla y León con 296 millones, seguida de Castilla-La Mancha con 171 y Extremadura, que había girado a los beneficiarios algo más de 135 millones. El FEGA ha precisado que el dinero transferido en este periodo representa en torno al 40% del total del pago único abonado el ejercicio anterior (campaña 2009-10), que ascendió a 3.443 millones de euros. Desde el 1 de diciembre se podrá transferir el dinero del saldo total del pago único, así como el resto de ayudas directas de la PAC.

Precisamente, la Comisión adoptó el día 5 una decisión en la que reclama a España la devolución de 4,9 millones de fondos agrarios indebidamente gastados. La mayor parte de esa cantidad, unos 4,75 millones, son consecuencia de irregularidades detectadas en el marco de una auditoria financiera. Entre esas irregularidades figuran demoras en los pagos, rebasamiento de los límites financieros, gastos no subvencionables y recuperación de la tasa láctea 2009.