El Gobierno de Castilla-La Mancha no entiende que los dirigentes del Partido Popular en la región, «en lugar de apoyar al gobierno esté cuestionando el propio uso que en Castilla-La Mancha hacemos del agua», mientras el Ejecutivo se dedica a hacer «un trabajo intenso» para conseguir derechos de agua.

   En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, a preguntas de los medios aludió así al hecho de que el PP se haya interesado por los campos de golf de la provincia de Albacete, lamentando que en lugar de ver qué está pasando con el agua del trasvase que va a Murcia se interesen por cuántos campos de golf hay en la región.

   A su juicio, el hecho de que el Gobierno de Murcia quiera conocer el informe elaborado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad regional, sobre el uso que se da al agua del trasvase en la región vecina significa que el Gobierno de Murcia «está haciendo lo que debe, que es defender lo suyo», sin embargo –añadió– «lo que no puedo entender» es la postura de los dirigentes del PP, sobre la que los ciudadanos «harán su propio análisis» también.

   Por ello, consideró que la presidenta regional del PP y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, «es la mejor aliada que tiene Valcárcel para hacer valorar sus reivindicaciones», subrayando cómo sería «más interesante» que los dirigentes del PP se pusiera de la mano de Castilla-La Mancha «para defender lo nuestro, que de la mano de los dirigentes de Murcia», como demostraron también en el Congreso, en la votación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ahora ya retirado.

RECURSO POR LA DECISIÓN DE LA CHS

   En este contexto, se refirió también a la decisión, acordada por el Consejo de Gobierno esta semana, de interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que Castilla-La Mancha intervenga como parte legítima en la tramitación de 61 expedientes que otorgarían a regantes del Segura derechos sobre caudales procedentes del Trasvase Tajo-Segura, un recurso que, en caso de ser tenido en cuenta, tendría «efectos retroactivos».

   Según detalló Rodríguez, el recurso responde al hecho de que tanto la CHS como la Dirección General de Agua «han negado nuestra legitimidad» en esa decisión, evitando la intervención de Castilla-La Mancha y su derecho a informar sobre esta cuestión, que daría alrededor de 400 hectómetros cúbicos de agua a 61 adquirientes durante 65 años.

   En este sentido, mostró su esperanza en que la decisión judicial adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia –donde se presentará el recurso– tenga una salida favorable, recordando cómo «hasta ahora siempre se nos ha reconocido el derecho de parte interesada».