Con una dura carta ha respondido el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al recurso anunciado por la Junta de Andalucía contra el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. El ministro acusa a consejera andaluza de Medio Ambiente, María José Serrano, de haber mentido al argumentar este recurso ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anunció el miércoles pasado. Según la consejería, Andalucía «no ha podido participar» en la elaboración del plan de cuenca.

Cañete cree que emplear este argumento es «faltar a la verdad sobre cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración del plan». En un escrito enviado a la consejera Serrano el 18 de octubre el ministro también lamenta el «intento de politización interesada de un asunto de esta trascendencia».

El anuncio del recurso se hizo el mismo día en el que el Arias Cañete y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia) cerraron un acuerdo sobre el trasvase del Tajo-Segura. La oposición de la Junta de Andalucía también empaña la aprobación del plan del Guadalquivir, que comenzó a elaborarse en 2007 y que tendría que haberse aprobado a finales de 2009.

Arias Cañete recuerda en la carta enviada a Serrano que el ministerio se reunió en septiembre de 2012 con el anterior consejero Luis Planas para abordar el plan. Según el ministro, «la Junta presentó 14 propuestas, de las que diez fueron aceptadas».

El Gobierno central aprobó el plan hidrológico el 17 de mayo de este año. Diez días después, el Consejo de Participación de Doñana rechazó el documento al considerar que no garantiza la supervivencia del espacio protegido. Lo extraño de esta situación es que el ministerio no esperó a oír la voz de Doñana antes de aprobar el plan.

La Junta, y la mayoría del Consejo de Participación, sostienen que ese pronunciamiento era «necesario y preceptivo», y que el departamento de Arias Cañete debería haber aguardado. Los ecologistas han pedido a la Junta que recurriera el plan en los tribunales.

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