El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó ayer por unanimidad la ley que reforma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad que incluye la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015. El texto será presentado el jueves 1 de febrero en el Congreso de los Diputados, y surge de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP manchegos.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, recordó ante el Pleno que se propuso la reforma estatutaria como su principal objetivo al asumir la Presidencia y, subrayó la idoneidad de que fuera realizada por consenso. También resaltó que el nuevo texto establece el derecho preferente de Castilla-La Mancha en el uso del agua, sin que eso suponga blindar el río Tajo, lo que a su vez viene a garantizar el desarrollo socioeconómico.
Del mismo modo, el portavoz del grupo socialista, José Molina, indicó que la “bandera” del Estatuto es el agua, respecto a este tema se propone un uso sostenible, la prioridad para Castilla-La Mancha y la responsabilidad compartida en su gestión.

El Estatuto incluye una disposición transitoria para que desde 2007 se reduzca de forma paulatina el agua que se deriva desde la cabecera del Tajo al Segura hasta la extinción definitiva del trasvase en 2015, cuando los dos millones de personas que beben agua del acueducto puedan usar infraestructuras alternativas, como las desaladoras.
Hasta entonces, exige que el agua que se vaya generando por esas infraestructuras sirvan para sustituir a los aportes del Tajo-Segura. Impone que la Junta emita un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de cesión o transferencia de agua que afecte a la comunidad y reserva al Gobierno manchego el derecho de utilizar esos recursos para atender a sus necesidades. Se exige además que Castilla-La Mancha tenga presencia, voz y voto en los órganos de gestión y decisión del agua y se compromete la ejecución de las obras necesarias para el aprovechamiento de este recurso en la comunidad.

Previamente a la aprobación del nuevo Estatuto, Barreda defendió en declaraciones a la Cadena SER, la necesidad de Castilla La Mancha de preservar sus recursos hídricos, puesto que no tiene salida al mar, y carece de la alternativa de la desalación, cada vez más utilizada en Levante y Murcia”.
Por su parte, la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, recalcó que “hoy (por ayer) es un día grande para Castila-La Mancha porque todos estamos representados en este acuerdo”, tanto el PP como el conjunto de la sociedad castellano-manchega. Además, la portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, indico que el “problema del agua no debe abordarse desde una perspectiva únicamente regional sino con una gestión hidráulica nacional, como la que hubo”.