El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, anunció hoy que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional estudian un posible recurso contra el trasvase de 31,4 hectómetros cúbicos para regadíos del Segura aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.
Así lo manifestó el consejero en la comisión parlamentaria, donde compareció para dar cuenta de las prioridades de su Consejería para la actual legislatura y donde aseguró que la Junta trabajará con «firmeza e inteligencia» para poner el fin al trasvase Tajo-Segura y poder utilizar en Castilla-La Mancha esos recursos.
El consejero recalcó que uno de sus objetivos es continuar con la vía política abierta en el Estatuto de Autonomía para exigir el final del trasvase en 2015.
Sin embargo, subrayó la importancia de acometer al mismo tiempo las inversiones necesarias para que Castilla-La Mancha pueda utilizar de forma efectiva los recursos del Tajo, lo que, unido al cumplimiento de la directiva europea sobre el caudal ecológico del río, supondrá «la caducidad material» del trasvase.
Se refirió en concreto a las obras para llevar el agua del Tajo a la Llanura Manchega, a los municipios ribereños de la cabecera del Tajo y a las localidades aledañas al acueducto, e incidió en el esfuerzo que se realizará para mejorar los mecanismos de depuración y saneamiento en todas las localidades.

Garantizó que en este período «iniciamos la cuenta atrás para finalizar con la hipoteca del trasvase y ponemos el cronómetro en marcha para ejercer nuestro derecho a tomar parte en las decisiones que nos afectan en materia de aguas».

Asimismo, el Gobierno castellano-manchego se esforzará para lograr la participación de la comunidad autónoma en los órganos de gestión del agua y en la nueva planificación hidrológica que debe estar preparada en 2009.

El diputado del PP Marcial Marín aseguró que su grupo irá «a muerte» con el Gobierno para lograr el final del trasvase, pero reprochó al presidente castellano-manchego, José María Barreda, que no haya tenido peso político suficiente para que se debatiera en la actual Legislatura.