El Ejecutivo autonómico ha ido recurriendo ante el Tribunal Supremo casi todos los trasvases para regadío desde el 2005.

Así lo explicó la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, quien puso de manifiesto que este recurso “no es una actuación caprichosa sino que responde a una necesidad real”. En este sentido, recordó que el Ejecutivo castellano-manchego trabaja para satisfacer y garantizar los derechos de agua de todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, en cantidad y en calidad.

Rodríguez reiteró hoy a preguntas de los medios de comunicación, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo, que el Gobierno autonómico está en contra de trasvases de agua para regadío cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentran al 12 por ciento y aseguró que es injustificable, con el Estado de Derecho actual, que se siga exprimiendo agua de Castilla-La Mancha.

Este recurso, aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer, está basado en criterios medioambientales ante la situación hídrica de los embalses de Entrepeñas y Buendía y porque ante una situación de excepcionalidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que sólo se podría trasvasar agua para socorro y para el mantenimiento del cultivo, y nunca para aumentar producción hortofructícola de Murcia y Levante.

La reforma del Estatuto en la buena dirección

Por otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha aseguró, en relación a la negociación que actualmente está manteniendo los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados con respecto al trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que va en la buena dirección.

Rodríguez recalcó que al Gobierno regional no le importa tanto cuando se apruebe el Estatuto, sino que se consiga mediante este texto garantizar y reconocer los derechos hidrológicos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Con respecto a las declaraciones realizadas por Gregorio Peces-Barba, quien afirmó que la fecha de derogación del trasvase Tajo-Segura para 2015 era un “brindis al sol”, la portavoz del Ejecutivo regional subrayó que “lo que no podríamos brindar nunca al sol serían los intereses de los castellano-manchegos”.

Rodríguez reiteró que la fecha de caducidad del trasvase es una fórmula y una bandera que busca defender los intereses de nuestra tierra e hizo hincapié en que esta defensa es la principal obligación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Por último, la portavoz del Gobierno regional se mostró optimista con que la reforma estatutaria que salga de la Cámara Baja será un texto constitucional.