Consell y regantes negocian para que Bruselas incluya los trasvases en la PAC

Las alegaciones de Asaja piden también que se garantice un precio asumible para el agua de regadío, por debajo de los 0,20 euros

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 17/10/2012

Convertir el recurso a los trasvases como política hídrica en una cuestión de ámbito europeo. Ese es el objetivo que se han fijado los agricultores alicantinos en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) que redacta Bruselas, y que debería entrar en vigor a partir de 2014.

Según explicó a ABC el presidente del sindicato agrario Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, los agricultores han pactado con la Generalitat Valenciana el contenido de la aportación de la Comunidad al debate de la PAC. En dicho documento, entre otras cuestiones, se abordará la necesidad de mantener la unidad de cuenca, de recurrir a los trasvases para realizar aportes a las cuencas deficitarias, y de que el agua para uso agrícola tenga un precio asumible para los usuarios.

Aniorte explicó que la intención de los agricultores alicantinos es que «no se pierda el espíritu de los trasvases». Aunque la coyuntura económica imposibilite acometer este tipo de infraestructuras a corto plazo, el objetivo es que «cuando se supere la crisis y sea económicamente posible, se recupere la idea de acometer trasvases». Si bien el presidente de Asaja-Alicante no lo citó expresamente, uno de esos trasvases sería el del Ebro, derogado en 2004 por el primer Gobierno de Zapatero.

Especular con el agua

Los agricultores alicantinos también aspiran a que el precio del agua no se dispare con el aumento de los costes energéticos. De hecho, «la PAC hace mucho hincapié en la eficiencia y la reducción de costes», según Aniorte. En este sentido, cabe recordar que la Mancomunidad de Canales del Taibilla -de la que forman parte una treintena de municipios de la provincia y varias comunidades de regantes- acaba de aprobar un aumento en el recibo del agua del 9,5% (que para el consumidor final puede ser de debido al incremento de la factura eléctrica y la excesiva dependencia de la desalación.

«Hay quien está especulando con el precio del agua», señala Aniorte en referencia a algunas comunidades de regantes, «y esa es una práctica que puede llevar a que desaparezcan muchos cultivos».

Según Asaja-Alicante, el precio que permite que el agua sea asumible para el regadío es de 0,2 euros por metro cúbico -el mismo que se paga por el trasvase Tajo-Segura, por ejemplo-. Sin embargo, el agua procedente de la desalación se eleva hasta 0,5 euros en la mayoría de los casos. Asimismo, el caudal procedente del desembalse del Júcar-Vinalopó (los cinco hectómetros enviados en pruebas en 2010, y que se han repartido ahora para vaciar la balsa de San Diego y proceder a su reparación), aunque se ha pagado a Acuamed a 0,18 euros por metro, podría alcanzar también los 0,45 euros a precio de mercado, dado el elevado coste energético de la transferencia. De hecho, Aniorte denuncia que algunas comunidades de regantes beneficiarias del desembalse están efectivamente vendiendo el agua a ese precio para sufragar las infraestructuras que han acometido en los últimos años.

Ayudas directas

La propuesta de los agricultores y el Consell para una PAC que «solo defiende la agricultura continental, pero no la mediterránea», según Aniorte, aporta otras consideraciones relativas al modelo de cultivo que se sigue en la Comunidad. Según el citado documento, «las ayudas directas al agricultor son un complemento a la remuneración del mercado». No obstante, «con el sistema que se está trabajando [en la PAC] no serán aplicables a las condiciones de producción de la Comunidad Valenciana».

En este sentido, Asaja y el Consell reclaman que dichas ayudas sean «para todos los agricultores activos», a partir de aquellos que cultiven «una superficie mínima de una hectárea» -en el anexo de la PAC, se fija una superficie mínima de dos hectáreas para el caso de España-. Según los agricultores, el importe de dicha ayuda «debería establecerse en base a la productividad de la tierra», y no solo por superficie.

Asimismo, el texto rechaza que se imponga a los agricultores nuevas exigencias para optar a dichas ayudas, como la diversificación del cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y los objetivos ecológicos. A juicio de Asaja, estas condiciones no pueden aplicarse a la mayoría de explotaciones agrícolas de la Comunidad.