Con un depósito gigante para recoger el agua de lluvia y otro que recibirá los vertidos de las industrias antes de pasar por la depuradora, la ciudad espera mejorar algo la calidad del agua residual que vierte al Canal de María Cristina.

Pero la «solución definitiva» para tratar de manera adecuada el agua residual de la capital no vendrá hasta que se amplíe la depuradora, para lo que el Ayuntamiento de Albacete busca ya los 15 millones de euros que requerirá esta inversión, según los datos ofrecidos a La Verdad por el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos.

Aguas de Albacete ha empezado ya a redactar el proyecto de la ampliación, a la espera de que la Junta de Comunidades y el Estado contesten positivamente a la petición de financiación cursada por el consistorio albaceteño para ampliar una instalación que se inauguró en 1993 y que, aunque se amplió en 1999, ya se ha quedado pequeña ante el crecimiento urbano.

Y es que, la contaminación no sale gratis. Hace cuatro años, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya comunicó al Ayuntamiento de Albacete que el canon que la ciudad pagaba por verter sus aguas residuales al Canal se iba a incrementar considerablemente, pues según sus análisis el agua estaba más sucia de lo debido. Por eso, aumentó de 0,5 a 2,5 el coeficiente en base al cual se calcula este canon, lo que supuso multiplicar por cinco la «sanción» que el Ayuntamiento debe pagar por hacer estos vertidos.

Explicaciones

El Ayuntamiento se quejó e interpuso un recurso que fue rechazado por la Confederación del Júcar, que fue desestimado, «así que, optamos por negociar», detalló ayer el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, que aseguró que esta estrategia ha dado sus «frutos», pues en 2006 «se ha estimado en parte nuestra reclamación y se nos ha rebajado en un 50% el canon».

Este asunto se debatió ayer, en el último pleno del año celebrado por el Ayuntamiento, a raíz del «ajuste contable» que fue necesario aprobar ya que la Agencia Tributaria se ha cobrado 1.565.146 euros que la ciudad debía al Estado por esos cánones de la participación que al Ayuntamiento le corresponden de los impuestos estatales.

El PSOE tuvo que recurrir al voto de calidad del alcalde para sacar adelante este asunto, al empatar a votos con el PP que se opuso a aprobar este pago por no ver el asunto muy claro, «esto no es un mero ajuste contable», dijo el concejal popular Juan Carlos López Garrido.

«Por qué ahora tiene que pagar este canon el Ayuntamiento, si hasta ahora se había hecho cargo la empresa concesionaria», se preguntó el concejal popular, López Garrido, que además exigió una explicación «por escrito» de por qué ahora el Ministerio de Medio Ambiente dice que el tratamiento de las aguas residuales «no es el adecuado». A este respecto, sugirió que se de un «toque de atención» a la empresa que se encarga de la depuradora.

Cobrarlo en el recibo

El edil del PP desveló que en septiembre, la empresa mixta Aguas de Albacete sugirió que se crease una nueva tasa para cobrar a los ciudadanos este canon. El concejal de Hacienda admitió que esta idea se barajó, pero al final se desestimó, e informó de que antes que la Confederación del Júcar aplicase esta subida, el canon sí que se cobraba a los ciudadanos a través del recibo del agua.

De hecho, la concejal de IU, Rosario Gualda, que se abstuvo en este asunto -lo que motivó el empate entre el PSOE y el PP-, explicó que hace un par de meses dio su voto a favor de las ordenanzas fiscales, entre otras razones, porque se aceptó su exigencia de que ni este canon de vertido, ni la subida del canon por el uso del trasvase Tajo-Segura para abastecer a la ciudad, se repercutiese en los recibos que pagan los ciudadanos.

Pese a ello, la edil de IU justificó su abstención en la aprobación de este pago como muestra de protesta por la política de la Confederación del Júcar «por lo mucho que nos quita y lo poco que nos da»; y recordó que su grupo peleará para que se reconozca el derecho histórico de Albacete a beber agua del Júcar sin pagar ningún tipo de peaje. Sobre el canon de vertido, IU opinó que en caso de tener que cobrarse a los ciudadanos, se deberá aplicar «más recargo» a las «empresas que más contaminan».