El texto castellano-manchego exige al Estado que, antes de autorizar cualquier trasvase al Levante, reste al volumen requerido por los regantes la producción de las desalinizadoras
La Ley del Agua, que está a punto de entrar en las Cortes Regionales, apuesta por el pragmatismo y parece querer ir al grano, que en este caso pasaría por acabar de facto con el trasvase Tajo-Segura o, al menos, limitarlo a su mínima expresión. ¿Cómo? Pues desarrollando ‘por ley’ preceptos ya enunciados en Plan Hidrológico Nacional, como el de exigir al Estado que, antes de autorizar cualquier derivación de agua al Levante, reste al volumen reclamado los recursos propios de la cuenca receptora. Una ‘cuenta’ hídrica donde se incluye -y aquí está la novedad- la producción de las desalinizadoras ya implantadas en Murcia y Valencia.
Si bien parece obvia esta premisa de sustituir los trasvases por los recursos propios de cada cuenca, no se cumple a día de hoy. Como ejemplo baste citar que la mancomunidad de Canales del Taibilla, que se nutre del Tajo Segura, acaba de paralizar la producción del varias desaladoras al contar, según dicen, con recursos suficientes en sus pantanos y en las previstas derivaciones de agua desde el Tajo.
Además, el proyecto castellano-manchego también pretende elevar a rango de ley el cambio en las normas de explotación del trasvase, acordado hace pocos meses con el Ministerio de Medio Ambiente. Cambios que, a grandes rasgos, obligan al Levante a acreditar y justificar el uso de cada gota trasvasada. Una exigencia que busca, fundamentalmente, evitar la denunciada derivación del agua del trasvase a usos no regulados, como el riego de campos de golf.
Por lo demás, la Ley del Agua resucita el espíritu de la fallida reforma del Estatuto regional, que se quedó la pasada primavera a las puertas del pleno del Congreso ante la falta de apoyos parlamentarios para su aprobación, tras la salida del PP del acuerdo gestado en 2005 en Castilla-La Mancha. Y lo hace recuperando literalmente el texto que salió de la Comisión Constitucional.
De este modo, en su preámbulo incluye la «necesaria existencia de una reserva de agua» de 4.000 hectómetros cúbicos para atender las necesidades presentes y futuras de la comunidad. Y, en esta misma línea, reclama una «lámina estable y permanente» de agua en los pantanos de cabecera del trasvase, para garantizar el abastecimiento y disfrute de los pueblos ribereños, así como la consecución de un «caudal ecológico» en toda la cuenca del río.
Castilla-La Mancha, además, participará en todos los órganos de decisión mientras subsista el Tajo-Segura y se otorga a la comunidad la posibilidad de emitir informes preceptivos ante cualquier derivación de agua al Levante o para excavar los pozos de sequía. Informes que deberán contestarse mediante respuesta motivada, aunque no serán nunca preceptivos.
Previniendo las predecibles críticas de los gobiernos de Murcia y Valencia, el consejero de Ordenación de Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, lanzó ayer un mensaje a navegantes: «Con esta ley intentamos defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua, no queremos quitar el agua a nadie, sino defender el agua para todos». Y, mirando ya dentro de la Región, añadió que es la «última oportunidad» del PP de consensuar la política hidráulica regional.
Excepcionalidad regional. La Junta alega la situación de excepcionalidad de la Región en materia de agua, pues es la única comunidad con un trasvase desde la cabecera de un río; periódicamente sufre sequías y por su territorio discurren siete cuencas hidrográficas.
Recursos propios. Se regulará la utilización de recursos propios del Levante antes de autorizarse un nuevo e trasvase.
Nuevas reglas del trasvase. El Levante tendrá que justificar el uso del agua que le llegue del Tajo.
Obras hidráulicas. Las infraestructuras que está financiando el Estado pero que a su término serán gestionadas por la Región, se transfieran, según esta Ley, en fase de obras y con recursos a la Junta. La inversión prevista es de 800 millones.
Reserva. El texto recoge la necesidad de contar con una reserva de 4.000 hm3 para la Comunidad.
Voz y voto. La Junta participará en los órganos de gestión del Tajo-Segura y emitirá informes preceptivos de cada trasvase.
Antes de marzo. Este borrador, que llegará a las Cortes de la mano del PSOE como Proposición No de Ley, se aprobará antes de marzo, según las previsiones de la Junta. Después de remitirá al Congreso para su ratificación, ya que regula también competencias estatales.
Participación. Han presentado propuestas al texto la UCLM, las Cámaras, UGT y CCOO, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, los regantes de la Mancha Oriental y los pueblos ribereños.
Pozos de sequía. Se delimitarán as demarcaciones donde coexistan más de una cuenca, para evitar pozos de sequía injustificados.
