El Congreso apueba el Estatuto aragonés, que pone trabas al trasvase del Ebro

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

Derechos del agua

Artículo 19.3

Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa europea aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hisdrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Aguas

Artículo 72.3

En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los únicos votos en contra de la Chunta Aragonesista, el Estatuto de Aragón que pone trabas el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los artículos 19 y 72, que no han sufrido modificaciones significativas tras el debate de las enmiendas parciales, blindan el agua del Ebro.

El artículo 19 establece en su apartado tercero que corresponde a los poderes públicos aragoneses “en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar la transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Con una redacción diferente al artículo original –el fondo es el mismo-, la Carta Magna aragonesa intenta controlar la salida de agua de sus ríos hacia otras comunidades autónomas.

Otro de los artículos que se refieren directamente a la posible llegada de agua a la Comunitat es el 72.3, del que no se ha tocado ni una sola coma respecto al texto inicial que se registró en el Congreso de los Diputados.

Este apartado se refiere a la necesidad de elaborar un informe por parte del Gobierno autonómico para autorizar el trasvase de agua: “En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas”.

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Labordeta, reclamó que el informe relacionado con la autorización de posibles trasvases fuera vinculante. Una petición que al final no fue atendida por la Cámara Baja. El Gobierno valenciano mostró su satisfacción por el hecho de que la petición de Labordeta no prosperara definitivamente.

Reserva de agua
En el debate parlamentario también se ha modificado íntegramente la disposición adicional quinta, que hace referencia a la reserva de agua del Ebro para Aragón

En la propuesta inicial, las Cortes se reservaban para uso exclusivo de los aragoneses 6.550 hectómetros cúbicos de agua. Con la nueva redacción aprobada ayer, la disposición adicional quinta adopta un estilo mucho más suave.

El Estatuto acepta la planificación hidrológica, habla del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, “considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos de agua”.

El Consell acepta la nueva redacción de la disposición adicional quinta ya que abandona el estilo imperativo en favor de una mayor planificación. Además, la reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos de agua ya se encontraba incluida en el Plan Hidrológico Nacional gracias al Pacto del Agua.

Este proyecto estatutario se convierte en la quinta reforma autonómica apoyada por la Cámara Baja durante esta legislatura, tras las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares.

Satisfacción
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Los diputados valencianos del grupo popular, que lidera Eduardo Zaplana, también dieron su sufragio afirmativo a la propuesta a pesar de las menciones a los trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los parlamentarios no le dieron especial trascendencia a los artículos referidos al trasvase.

La nueva redacción de la Carta Magna aragonesa también produjo satisfacción en el seno del Gobierno valenciano. Fuentes del Consell consideraron ayer que con el actual texto ya no se impide el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana.

Las mismas fuentes destacaron que, a través de la disposición adicional quinta, la planificación hidrológica corresponde al Estado. Además, se incluye una referencia a que será el marco constitucional el que ejecute la aplicación de la norma. Desde el Ejecutivo autonómico se apuntó también que se ha vaciado de contenido el rechazo al trasvase que se incluia en la redacción inicial y que el informe al que se alude en el artículo 72 ya no es vinculante.

La redacción del Estatuto de Aragón –comunidad gobernada por el socialista Marcelino Iglesias– había generado una gran polémica entre el ejecutivo aragonés y el valenciano. El Consell anunció que recurriría el Estatuto aragonés si este mantiene el veto de los trasvases del Ebro a otras autonomías. Además, la Generalitat planteó la posibilidad de participar en la Exposición Universal que se celebraré en Zaragoza en 2008 con un stand en defensa de la llegada de agua a la Comunitat.

La inclusión en los estatutos de artículos relativos al derecho al agua han provocado la presentación de recursos por parte de comunidades autónomas vecinas. Castilla-La Mancha y Aragón recurrieron la Carta Magna valenciana porque en su artículo 17 garantizaba el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua y se reconocía el derecho de redistribución de sobrantes de cuencas excedentarias.

Tras el visto bueno del Congreso, que rechazó las enmiendas al texto que mantenían vivas Chunta Aragonesista, PNV, CiU, ERC e ICV, la reforma aragonesa deberá someterse a su último trámite parlamentario en el Senado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después del debate de la propuesta, expresó su “enhorabuena” a los aragoneses por este nuevo Estatuto que es “un instrumento más de progreso” para la comunidad autónoma.

Acuerdo importante
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, durante su intervención en el Pleno, destacó que esta “excelente” reforma “diseña un marco muy potente para el desarrollo de la autonomía” de Aragón .

De la Vega manifestó, además, que contempla “un amplio y moderno elenco de derechos” y resaltó el “importantísimo acuerdo alcanzado en materia de agua”. En el mismo sentido se expresó el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien aseguró que a partir de ahora Aragón “ya no tendrá ninguna razón para sentir más complejos”.

El diputado del PP Ángel Pintado, durante el debate, destacó el “valor del consenso” alcanzado en torno a esta propuesta, que se erige como una de las “grandes virtudes” de este proyecto, pero que no supone un “cheque en blanco” a la acción del Gobierno autonómico. Frente a estas opiniones, José Antonio Labordeta (CHA), tildó el texto de “pacato” y “timorato”, tras lo que denunció que PSOE, PP, PAR e IU “no han querido invitar a participar” a la formación nacionalista. En opinión de Labordeta, la reforma “constata la asimetría que tanto gusta a los que quieren mantener sus privilegios”.

El líder de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, anunció ayer que presentarán un recurso contra el texto estatutario por su oposición a los trasvases.

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