El pleno de las Cortes aprobó ayer la ley del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, entre cuyas nuevas funciones destaca la participación en la planificación hidrológica nacional. El pleno, en la penúltima sesión del actual periodo antes de las elecciones autonómicas y municipales, aprobó la ley con los votos a favor de la mayoría socialista, tras rechazar las nueve enmiendas que mantenían los populares. El nuevo Consejo del Agua, que sustituye al constituido en 2006, quedará adscrito a la Agencia del Agua y en él están representados todos los usuarios de todas las cuencas. Entre sus funciones, participar en la planificación hidrológica del Estado emitiendo informes sobre todos aquellos documentos que sean sometidos a información pública.
El Consejo informará los anteproyectos de ley y disposiciones de agua, los planes y proyectos de interés regional que afecten a los usos del agua y planteará iniciativas encaminadas a un uso racional del agua y la mejora de la calidad. El diputado socialista Antonio Salinas resaltó la importancia de este órgano puesto que el agua forma parte del patrimonio y es un activo social, ambiental y económico directamente relacionado con el bienestar de los ciudadanos. Mencionó su especial trascendencia en la revisión de los planes hidrológicos de las cuencas que discurren por la región, para que puedan quedar satisfechas todas las necesidades hídricas presentes y futuras de Castilla-La Mancha.
La popular María Luisa Soriano señaló que un Consejo del Agua ya existía hace 28 años y, hoy día, en Castilla-La Mancha continúan los mismos problemas, el agua y el vino, a los que se suman ahora el paro, la deuda y el déficit público. Lamentó que en 28 años de gobierno socialista se mantienen los mismos problemas de agua: escasos regadíos, los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía viendo pasar el agua del trasvase y abasteciéndose con cisternas, sigue sin completarse el ciclo de depuración y los regantes del alto Guadiana esperando a que se legalicen los pozos, además de que están sin construir las infraestructuras necesarias. A juicio del PP, cambiar el Consejo no va a resolver los problemas de agua, «habría que cambiar de gobierno», dijo Soriano, quien se preguntó también para qué ha servido la Agencia del Agua que se ha creado.
Las regiones del PP
Respondió Salinas que en las comunidades gobernadas por el PP existen también problemas de abastecimiento y reprochó a los populares de Castilla-La Mancha su sumisión a los intereses de Murcia y Valencia. El PP presentó nueve enmiendas para mejorar el proyecto de ley que, para el grupo socialista, sin embargo, «desvirtúan» la norma, «por lo que no se pueden tener en cuenta», dijo Salinas, a excepción de dos que ofreció transar, aunque Soriano las mantuvo intactas y las nueve fueron rechazadas en la votación.
Por su parte, la secretaria general del PP y presidenta de esta formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo que no es posible un acuerdo porque al PSOE no le «interesa» un acuerdo en esta materia y quiere tener este asunto como arma electoral. Y el secretario de Organización del PSOE regional, José Manuel Caballero, dijo que el motivo es que en el PP manda el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y en tanto los intereses de Murcia y de Castilla-La Mancha son opuestos, el acuerdo es inviable.