La reforma del Estatuto manchego esconde entre sus artículos una llave para que cualquier trasvase que se ponga en marcha desde las siete cuencas hidrográficas (Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero) que atraviesan su territorio. Esta clausula se encuentra en el artículo 102.3 de texto estatutario y que, según el dictamen de un estudio jurídico encargado por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura es “manifiestamente anticonstitucional”. Y es que según explicó el asesor jurídico de los regantes, José Manuel Claver, de este artículo se desprende que Castilla La Mancha no sólo tiene capacidad de decisión en el trasvase Tajo-Segura sino en cualquier otra transferencia de las cuencas hidrográficas que atraviesan su territorio como la del Ebro, que se extiende por un pequeño sector al noroeste de Guadalajara.
Literalmente el polémico artículo indica que “La Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad Autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurren en total o parcialmente dentro de su territorio”. Si este texto fuera aprobado, explica Claver “Castilla-La Mancha que está en todas las cuencas hidrográficas de España, menos la del Miño, se arrogaría la llave definitiva para aprobar cualquier tipo de trasvase”.
El exhaustivo informe consta de cien páginas y ha sido elaborado por los catedráticos de derecho administrativo, Eduardo García de Enterria y Antonio Fanlo Loras. Ambos son expertos en aguas y el primero fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1984. En su dictamen consideran que la reforma del Estatuto manchego, además del ya mencionado artículo 102.3, incluye además otros cinco preceptos que incumplen la Constitución española, en su mayor parte por atribuirse competencias del Estado. Uno de ellos es el punto que reconocen “el derecho preferente de los ciudadanos de La Mancha al uso de sus recursos hídricos”.
Igual catalogación requiere la afirmación de que “los regadíos del Segura deben estructurarse conforme al agua disponible en esa cuenca”, y lo mismo en el apartado donde se indica que los castellano-manchegos deben velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte. Por último, José María Claver reiteró la inconstitucionalidad que supondría fijar que La Mancha pueda emitir un informe determinante ante cualquier trasvase, cesión de derechos o transferencias de agua, o que participen en los órganos de gestión del trasvase Tajo-Segura en una proporción equivalente a su extensión territorial.
Además, el infome también considera inconstitucional la polémica disposición transitoria primera que prevé la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015. Sustancialmente el informe coincide con los encargados por el Gobierno regional y el PSRM. El próximo viernes una comisión del Sindicato Central de Regantes lo presentará en el Congreso.
Claver alertó especialmente de que si la reforma del Estatuto manchego sale adelante con estos artículos para cambiarlos será necesario después un acuerdo del Parlamento regional de esa comunidad, otro de las Cortes Generales y la posterior aprobación en referéndum.
Por su parte, el presidente de Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, urgió a PP y PSOE a poner en marcha las iniciativas legislativas en la Asamblea Regional que permitan el blindaje del trasvase Tajo-Segura.
Inyectan 18,4 millones en las obras del postrasvase
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la licitación de las obras correspondientes al proyecto de ampliación del Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H) en la cuenca del Segura (Sistema Postrasvase Tajo-Segura), cuyo presupuesto base asciende a 18.495.225,31 euros. Esta inversión permitirá, mediante los sistemas de telemando y telecontrol, una mejora de la gestión del Postrasvase y una mayor transparencia pública, demandada por el Sindicato Central de Regantes.