Tal y como pedía el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el Gobierno de Zapatero ha decidido satisfacer las viejas demandas de las comunidades y les concederá parte del control de la gestión de los ríos.
Para ello, se creará un consejo supremo o «comité de autoridades competentes» que será el órgano de «cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad, como explica EL PAÍS en una información publicada este domingo.
Así, el presidente de la demarcación informará al citado organismo, que a su vez será el encargado de proponer al Gobierno de la Nación los planes de la cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».
Representantes y votos
Este «comité de autoridades competentes» se convierte en un organismo clave en la futura gestión de los ríos que cruzan varias regiones. Sin embargo, el Gobierno sigue manteniendo el control. Pues, además, el borrador de la Ley de Aguas fija que el Ejecutivo nombrará a la mitad más uno de los miembros de este órgano, con lo que se garantiza una mayoría de votos.
Cada una de las comunidades autónomas tendrá un representante en este comité, si bien no todos los votos se valorarán de la misma manera. Así, el voto se ponderará entre 0 y 1 según la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación, según se contempla en el borrador de la ley que prepara el Ministerio de Cristina Narbona. Los ayuntamientos también tendrán un miembro en ese organismo.
Asimismo, el Gobierno constituye una conferencia sectorial del agua muy similar a la que ya existe de medio ambiente.
Con esta ley, el Ejecutivo busca poner calma a la «guerra del agua» y satisfacer las viejas reivindicaciones que en esta materia han venido defendiendo algunas comunidades como Castilla-La Mancha. Y es que el presidente Barreda ha reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de participar en la gestión de los ríos, aunque sin controlarlos.
Novedades polémicas
Además del reparto de competencias, que no puede ser mayor pues, como establece nuestra Constitución, esta es una materia competencia exclusiva del Estado, el borrador de la ley incorpora novedades significativas y que serán objeto de la polémica.
Es el caso de la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua».
Se trata, como recoge la información de EL PAIS, de un nuevo impuesto que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad.
Aunque se trata de una cantidad pequeña, en el texto se incluye la advertencia de que podrá experimentar incrementos periódicos.