Las Corts Valencianes rechazaron hoy, con los votos del PP y la abstención del PSPV, una proposición no de ley de Compromís para declarar sobreexplotado el acuífero de la Mancha oriental y pedir al Consell que inste al Gobierno central a revertir la situación actual de los ríos de la cuenca del Júcar con la recuperación de caudales naturales para este río y la Albufera que actualmente se emplean en la zona para el cultivo de productos subvencionados por la PAC.

Los populares rechazaron la iniciativa al mostrarse la coalición en contra de una emnienda suya -que anunciaron que presentarán posteriormente como proposición no de ley- que incluía la exigencia de la recuperación del trasvase del Ebro mientras que los socialistas negaron que el acuífero esté sobreexplotado y cifraron en un 25 por ciento el descenso de las extracciones respecto a las realizadas bajo Gobierno del PP.

El portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, defendió que en materia hídrica «los valencianos no vamos bien», alertó de que la admisión a trámite en las Cortes Generales del Estatuto de Castilla La Mancha puede comportar la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 y aunque señaló que actualmente no hay una «urgencia» de agua, es necesario «prepararse para cuando la situación no sea buena».

Según agregó, la Comunitat está «mal preparada y posicionada y en situación de pérdida» en esta materia por lo que isntó a ofrecer a la opinión valenciana un «mensaje de unidad» y reivindicar el «agua que nos es negada». En este sentido, manifestó que el acuífero de la Mancha está sobreexplotado y que del Júcar, «de donde no hay no se puede sacar», una situación que afecta especialmente a Valencia, que bebe del río, y a las comarcas del Camp de Morverdre y de l´Horta Sud.

Por ello, instó a los grupos, a quienes reclamó «altura de miras», buscar un «punto de encuentro» para pedir, como «toque de aviso», a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que declare sobreexplotado el acuífero -señaló que en Castilla la Mancha hay 60 pozos ilegales que extraen agua sin autorización del organismo de cuenca- y subrayó que si no hay consenso en las Corts, los valencianos perderán «posiciones».

Por su parte, el diputado popular José Císcar reconoció que la proposición de Compromís hace referencia a un problema «real y grave» y consideró que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Confederación Hidrográfica del Júcar adoptan medidas suficientes para el uso sostenible del agua, situación agravada porque el PSOE suprimió el trasvase del Ebro que era «fundamental para abordar las necesidades de agua a largo plazo».

En esta línea, señaló que la Comunitat sufre un «perjuicio grave por la dejadez» del Gobierno central y agregó que la Generalitat debe cargar además con el peso de construir infraestructuras, depuración de aguas y la modernización de regadíos. Al respecto, indicó que si bien coinciden en la sustancial con Compromís, cree que su proposición se queda «corta» porque es necesaria una respuesta «más contundente» que contemple que las Corts exijan la recuperación del trasvase del Ebro.

Morera reprochó al parlamentario popular querer «dinamitar» el acuerdo con otros puntos sobre los que no hay consenso y consideró «hipócrita» la propuesta, lo que rechazó Ciscar, quien alegó que «qué problema hay» si la iniciativa tiene el «complemento del trasvase», que aseguró que no dejarán de «reivindicar» porque sostuvo a la Comunitat están «castigándonos» en esta materia con una alternativa, el Plan AGUA, que calificó «de borrajas». Según el diputado del PP, en materia hídrica no reclamar el trasvase es «firmar el acta de defunción» y ahí «no estarán» los populares.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Corts, Francesc Signes, afirmó que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana firmó en 1998 un pacto que hizo concesiones «excesivas» en relación con el acuífero, que supuso «restricciones» para los agricultores valencianos, pero consideró que actualmente no es cierta la premisa de que esté sobreexplotado ya que los informes de los puntos de muestra de la CHJ muestran una evolución «favorable» por la estabilización de las extracciones agrícolas.

Además, sostuvo que en el actual año hidrológico las extracciones han disminuido en 89 hectómetros cúbicos en relación con 2000 -de los que 80 corresponden a los años 2004-2008- y son 24 hectómetros menos que los contemplados en el «excesivo Plan de Cuenca».

–12.30 horas: en Albacete, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillarón, mantendrá una reunión, en la sede de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, con los representantes de este organismo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que se frenará el Estatuto de Castilla-La Mancha si no respeta la Constitución respecto al futuro del trasvase Tajo-Segura. Y lo ha hecho por carta.

La carta refleja lo más a lo que puede comprometerse el Gobierno central en este debate territorial. En declaraciones que recoge el diario La Verdad, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, explicó este fin de semana que la comunicación que ha recibido del gabinete de la Presidencia del Gobierno contesta a la petición que le hicieron al presidente el pasado 4 de marzo, con motivo de la visita de Rodríguez Zapatero a Lorca.

Que no estén preocupados

«Nos ha comunicado que no estemos preocupados; que si el Estatuto de Castilla-La Mancha no es constitucional, no irá hacia adelante», precisó del Amor. El Estatuto de Castilla-La Mancha, consensuado por el PSOE y PP, propone la caducidad del acueducto Tajo-Segura en el año 2015. El presidente les recuerda en la misma carta que el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando el programa Agua para tratar de resolver el déficit en las cuencas mediterráneas.

Éste es un pronunciamiento más del Ejecutivo de la nación hacia el trasvase Tajo-Segura; una infraestructura que trata de optimizar, según palabras de la ministra Cristina Narbona. La carta tiene ahora una importancia añadida, ya que llega a pocos días de celebrarse el debate sobre el estado de la nación, y en mitad de la campaña de recogida de firmas de los regantes murcianos a favor del mantenimiento del acueducto.

Tal y como pedía el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el Gobierno de Zapatero ha decidido satisfacer las viejas demandas de las comunidades y les concederá parte del control de la gestión de los ríos.

Para ello, se creará un consejo supremo o «comité de autoridades competentes» que será el órgano de «cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad, como explica EL PAÍS en una información publicada este domingo.

Así, el presidente de la demarcación informará al citado organismo, que a su vez será el encargado de proponer al Gobierno de la Nación los planes de la cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Representantes y votos

Este «comité de autoridades competentes» se convierte en un organismo clave en la futura gestión de los ríos que cruzan varias regiones. Sin embargo, el Gobierno sigue manteniendo el control. Pues, además, el borrador de la Ley de Aguas fija que el Ejecutivo nombrará a la mitad más uno de los miembros de este órgano, con lo que se garantiza una mayoría de votos.

Cada una de las comunidades autónomas tendrá un representante en este comité, si bien no todos los votos se valorarán de la misma manera. Así, el voto se ponderará entre 0 y 1 según la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación, según se contempla en el borrador de la ley que prepara el Ministerio de Cristina Narbona. Los ayuntamientos también tendrán un miembro en ese organismo.

Asimismo, el Gobierno constituye una conferencia sectorial del agua muy similar a la que ya existe de medio ambiente.

Con esta ley, el Ejecutivo busca poner calma a la «guerra del agua» y satisfacer las viejas reivindicaciones que en esta materia han venido defendiendo algunas comunidades como Castilla-La Mancha. Y es que el presidente Barreda ha reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de participar en la gestión de los ríos, aunque sin controlarlos.

Novedades polémicas

Además del reparto de competencias, que no puede ser mayor pues, como establece nuestra Constitución, esta es una materia competencia exclusiva del Estado, el borrador de la ley incorpora novedades significativas y que serán objeto de la polémica.

Es el caso de la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua».

Se trata, como recoge la información de EL PAIS, de un nuevo impuesto que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad.

Aunque se trata de una cantidad pequeña, en el texto se incluye la advertencia de que podrá experimentar incrementos periódicos.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo regional ultimará la próxima semana el recurso al último trasvase para regadío aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero, en el que se autorizaron once hectómetros cúbicos.

García-Page hizo referencia a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, que, como ha informado EL DIGITAL, este mismo martes recomendó 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano en los próximos tres meses. Según el vicepresidente, esta decisión «es doble, pues no propone un trasvase para regadíos y sí uno trimestral para consumo humano, y la opinión del Ejecutivo regional sobre el consumo de población difiere netamente del uso agrario».

En este sentido, manifestó que «mantenemos un planteamiento de prudencia pero distinguiendo con claridad el abastecimiento humano, lo que nos da una fuerza y consistencia extraordinaria para negarnos en la derivación para regadío».

El portavoz regional recordó que «no hace tanto tiempo, era muy fácil hacer trasvases para regadíos, era lo habitual. Ésta sigue siendo la demanda del Levante español y, sin embargo, se han reducido de una manera drástica los trasvases del regadío y, con mucha frecuencia, se atiende a la posición de Castilla-La Mancha para que los trasvases de este tipo no se planteen al Consejo de Ministros».

Recurso contra la venta de agua de Estremera

Por otro lado, García-Page anunció que el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos de agua para riego por parte de los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid).

A su juicio, «más allá de que se busquen parches para solucionar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando. Esta política -prosiguió- pone de manifiesto contradicciones y conflictos de intereses que son, en algunos casos, bastante despreciables. Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo».

Asimismo, explicó que «podemos entender el apremio de la Administración del Estado para intentar parchear de mala manera una situación de este tipo, pero no compartimos esa filosofía y creemos que no se han cumplimentado los procedimientos que el propio decreto que establece esa posibilidad definía en el pasado», apuntó.

Desaladoras: alternativa o complemento

Respecto a la intención de la Comunidad Valenciana de paralizar las obras de construcción de la mayor desaladora de España en Torrevieja (Alicante), que aliviará el trasvase Tajo-Segura, García-Page manifestó que es una «contradicción lacerante» que en el Levante español digan que necesitan agua y luego pongan pegas a una obra que les garantiza el agua de por vida.

«Ya hemos dicho muchas veces que lo realmente quieren no es agua. Lo que quieren es el agua tirada de precio, y que además la paguemos todos los españoles», indicó el vicepresidente segundo, quien denunció que esta situación «pone al descubierto la hipocresía de muchos discursos del Levante español».

En su opinión, «o necesitan agua o no, pero si la necesitan lo que no pueden hacer es dificultar la generación de infraestructuras que la van a garantizar de por vida». De esta manera, indicó, el agua del mar será «complementaria en el Levante de los recursos superficiales con los que ya cuentan, pero el trasvase no puede ser permanentemente un elemento complementario. Debe tener fecha de caducidad».

Posible recurso también al Estatuto andaluz

Preguntado por los medios sobre las declaraciones del presidente andaluz, Manuel Chaves, quien ayer dijo que está «abierto» a reunirse con los presidentes de Extremadura y de Castilla-La Mancha para ofrecerles la información necesaria sobre el Estatuto de su comunidad, García-Page aseguró que «nosotros estamos dispuestos a escuchar todos los argumentos», pero al final, el que prevalecerá en la decisión de recurrir o no el texto andaluz «será sólo uno: la defensa de nuestros intereses regionales».

Así, el portavoz regional manifestó que «no queremos entrar en conflictos de vecindad con otras comunidades autónomas», pero si los informes jurídicos concluyen que el Estatuto andaluz afecta o perjudica los intereses de Castilla-La Mancha «huelga decir cuál va a ser nuestra decisión, porque lo más importante es que todo el mundo sabe cuál será», apostilló.

Se trata de una permuta de terreno a cambio de un chalé que Izquierda Unida va a estudiar y probablemente elevará un informe sobre la misma al Fiscal Anticorrupción. Así lo anunciaron ayer.

Según ha informado la coalición de izquierdas, el Ayuntamiento de Motilleja quiere hacer una permuta de 317.000 metros de suelo público, situado junto a la ribera del Júcar en una zona protegida, a cambio de un chalé. IU sospecha que se quiere construir una urbanización en dicho suelo, por lo que llevará el asunto a la Fiscalía.

Según el coordinador regional de IU y candidato a la Presidencia de la Junta, Cayo Lara, que ayer ofreció una rueda de prensa en Albacete sobre el asunto, mediante dicha permuta se ceden 317.081 metros cuadrados de suelo a cambio de un chalet y de 72.000 euros, es decir a 0,228 euros el metro.

IU llevará el caso a los tribunales, «si se hace caso omiso de la queja planteada por Ecologistas en Acción e IU sobre lo que sabemos va a ser un pelotazo urbanístico», ya que «la intención es construir una urbanización en ese terreno, que es una zona protegida medioambientalmente».

El Ayuntamiento ha justificado esta permuta con el argumento de que el chalet servirá para hacer un gimnasio para los chicos del pueblo. Sin embargo, según Lara, existe un centro social de 500 metros cuadrados y un consistorio nuevo con las dependencias necesarias.

Esta operación urbanística tiene antecedentes, según IU. En 1998 intentaron urbanizar una zona de la ribera del Júcar, cerca de Motilleja, y la Consejería de Medio Ambiente la desautorizó. En 2005 volvieron a intentarlo a la altura de Madrigueras, y también recibió un informe desfavorable de Medio Ambiente.

Al lado de esta zona se encuentra el campo de golf «La Pinaíllas», que según IU se aprobó sin la autorización de impacto ambiental».

Los socialistas murcianos han calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia» que se convoque a los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto del agua.

8 de enero de 2007.  El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia que por primera vez el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, convoque a todos los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto en materia de agua».

En este sentido, Jara destacó que «a diferencia de Aznar, que se dedicó a enfrentar a los territorios y a los ciudadanos, José Luis Rodríguez Zapatero está promoviendo el diálogo y el acuerdo en el tema del agua, algo que para la Región de Murcia es prioritario».

Para Jara, «la solución a los problemas hídricos se sostiene sobre dos pilares: el primero, las necesidad de inversiones millonarias, algo que el Gobierno de España ya está haciendo en la Región, donde ha destinado mil millones de euros para desalinización; y el segundo, alcanzar un acuerdo en materia de agua entre todas las comunidades autónomas».

Jara indicó que «es esto precisamente lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Valcárcel está instalado en la defensa del agua para la especulación y en el insulto al Gobierno de España».

A juicio del portavoz del PSRM-PSOE, «Valcárcel está más preocupado de su futuro personal que del futuro de los murcianos», indicaron fuentes socialistas.