El Plan del Gobierno para zanjar la guerra del agua ya tiene letra: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere contentar a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Para ello crea un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas. El Gobierno controlará ese organismo -tendrá la mitad más uno de los votos- pero por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto. Su peso en ese organismo dependerá de la población que beba agua de esa cuenca. La norma crea una tasa por el consumo de agua, que podrá subir cada año, y amplía de cinco a diez metros la franja de protección de los ríos.

Participación de las autonomías, sí; pero bajo control del Gobierno. Ése es el concepto de la reforma de la Ley de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Consejo Nacional del Agua para debatir el texto el miércoles, y que traspone la directiva marco del agua. El texto reorganiza las confederaciones hidrográficas, que pasan a llamarse demarcaciones, para dar entrada a autonomías y ayuntamientos. Para ello crea el consejo supremo o «comité de autoridades competentes» como «órgano de cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad. El presidente de la demarcación reportará a este organismo, que será el encargado de proponer al Gobierno los planes de cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Este comité se convierte así en el nuevo organismo clave en la gestión de los ríos que cruzan varias autonomías -las cuencas que sólo afectan a una comunidad ya están transferidas-. Y aunque el Ejecutivo quiere dar voz a las autonomías, mantendrá el control. El borrador de la ley establece que el Gobierno nombrará a la mitad más uno de los miembros, con lo que tendrá mayoría de voto.

Cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero no todos sus votos valdrán lo mismo. «El voto se ponderará entre 0 y 1 en función de la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación», señala el borrador. Es decir, Murcia tendrá un representante en la demarcación del Guadalquivir, pero su voto valdrá mucho menos que el del andaluz: sólo el 0,2% de la cuenca está en Murcia mientras que el 90,2% está en Andalucía. Lo mismo ocurre con cuencas como la del Ebro, que abarca a nueve comunidades autónomas. Los ayuntamientos tendrán un representante en ese comité.

Además, el Gobierno crea una conferencia sectorial del agua, una reunión permanente de todas las comunidades con el ministerio para abordar el tema. En realidad se trata de crear un órgano similar a la conferencia de medio ambiente, pero exclusivamente para el agua. Los usuarios, regantes y ecologistas, critican que el Gobierno les deja fuera de los órganos de gestión, ya que ahora pasan a estar en un organismo consultivo.

Con esta ley, el Gobierno pretende aplacar las reivindicaciones de las comunidades autónomas y adecuarlas a los nuevos estatutos. El presidente socialista de CastillaLa Mancha, José María Barreda, por ejemplo, siempre había pedido participar en la gestión de los ríos, pero no controlarlo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó hace una semana que la reforma traerá «serenidad al debate» sobre el agua.

El Gobierno no puede dar más voto a las comunidades, ya que la Constitución afirma que es competencia exclusiva del Estado «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». El Estatuto de Andalucía otorga a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio y por eso lo ha recurrido Extremadura, y con muchas probabilidades de éxito.

Además del nuevo reparto de competencias, la norma incorpora novedades muy importantes y que serán polémicas, como la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua». Se trata de un nuevo canon que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. En realidad es una cantidad mínima, ya que un regante pagaría de media 1,4 euros por hectárea al año y todos los usos urbanos apenas darán un millón de euros, pero el texto ya advierte de que «estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado». Los usuarios temen que este artículo es una cuña para ir subiendo el precio del agua.

CONTAMINACIÓN: La norma duplica las sanciones

Además de las reformas competenciales, de gran interés para la bronca política, la reforma incorpora un tono ecologista que está presente desde el primer punto del texto. El objeto de la ley incluye como novedad que la norma debe «promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles». En muchos artículos hay coletillas que obligan a proteger el buen estado ecológico de los ríos y los acuíferos.

La norma duplica las sanciones por vertidos y por extracciones ilegales. Las más leves pasan de 6.000 euros a 300.000; las graves de 300.000 a un millón y las muy graves, de un millón a dos millones de euros. Además, extiende de cinco a diez metros la franja de dominio público y de protección de los ríos.

ABASTECIMIENTO: 60 litros diarios por habitante al día

La ley crea una «garantía del derecho de los ciudadanos al margen de su capacidad económica al suministro de agua potable de cantidad y calidad adecuadas» de como mínimo 60 litros por habitante y día. En realidad, el efecto práctico es mínimo -en España todo el mundo tiene garantizados los 60 litros- pero Ecologistas en Acción (autor de la propuesta) afirma que puede servir de modelo para otros países.

Además, el agua desalada tendrá carácter público, como la de un río o un acuífero. Hasta ahora, comunidades como Murcia planeaban sus desaladoras al margen del Gobierno central. La ley afirma que «las obras de desalación que sean competencia de las comunidades autónomas» precisarán el visto bueno del Gobierno.

PRESAS Y EMBALSES: Registro de seguridad en los pantanos

El texto crea todo un nuevo capítulo (12 artículos nuevos) a la seguridad de presas y embalses. Obliga a registrar todas las presas y balsas de más de cinco metros de altura -muchas son privadas y están fuera de control- y crea una Agencia Estatal de seguridad de Presas, y que todos los embalses tengan un plan de seguridad.

Otro punto importante es el referido a las aguas subterráneas. En España existen 500.000 pozos, muchos de ellos sin control y que han llegado a secar un parque nacional como el de las Tablas de Daimiel. La norma obliga a clausurar «los pozos abandonados o en desuso», cambia el sistema de concesiones para