¿Agua limpia durante 2013? El Gobierno ha dejado en manos de los regantes alicantinos y valencianos el acuerdo para la finalización de la segunda toma del trasvase Júcar-Vinalopó. El Ministerio de Agricultura levanta así su veto al bloqueo que sufría la toma desde 2005, lo que significa dar luz verde, tras siete años de conflicto, a que la provincia reciba agua potable del Júcar. Ahora bien, la pelota queda ahora en el tejado de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y de la Acequia Real del Júcar, que deben sentarse a negociar el acuerdo. La captación del agua en Cortes de Pallás se quedó construida a la mitad cuando se cambió el proyecto en 2005. La vía libre llega, además, justo cuando finaliza el trasvase de agua desde el embalse de Villena (San Diego) a la provincia, que va a estar ahora un año cerrado por obras. El proyecto cuesta 60 millones de euros, y la Junta Central asegura que tiene financiación porque al final todo pasaría por comprar el agua a Valencia, lo que puede «flexibilizar» la postura cerrada de los agricultores de la Acequia Real del Júcar. De momento, el año empieza con esperanzas y con agua, ya que la generosidad pluviométrica del pasado otoño y el caudal de Villena ha provocado que ahora mismo no haya necesidad apremiante de recursos.

El Ministerio de Agricultura excluyó de los presupuestos para este año la construcción de los tres tramos de túneles para conectar la segunda toma del Júcar-Vinalopó (60 millones de euros) con Villena, lo que condenaba, prácticamente, al trasvase a servir sólo para riego, e incumplir las exigencias de la UE, que obligan a que la canalización que costó 400 millones de euros, de los que 120 fueron financiados por Bruselas, sirva también para dar de beber al Vinalopó, l´Alacanti y la Marina Baixa.

La UE exige que en 2015 estén cerrados los acuíferos en las comarcas beneficiadas por el agua del Júcar. Algo imposible de lograr si no se activa la toma de Cortes, única que garantizaría que los municipios del Alto, Medio Vinalopó y l´Alacantí pudieran consumir con garantías los caudales del Júcar. Los regantes y, sobre todo, el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante ven inviable el caudal captado en el Azud de la Marquesa.

«Este trasvase no es nuestro trasvase». La frase del presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, el pasado septiembre, cuando se abrió el grifo del embalse del Rollo (Aspe) y la denostada agua del Júcar comenzó a fluir por las tuberías del Medio y Bajo Vinalopó para aliviar la grave situación de 20.000 agricultores, se quedó, en principio, en saco roto, pero se ha reconducido en las última semanas, aunque sin que el Ministerio (Acuamed) esté dispuesto a financiar las obras porque, entre otros aspectos, no hay un euro en la caja pública.

Sin embargo, tanto desde Acuamed, la empresa pública de la que depende el trasvase como desde el Ministerio de Agricultura, se apoya ahora la petición de la Junta Central, algo en lo que ha tenido mucho que ver la participación de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor.
Activar la toma de Cortes de Pallás para que llegue agua potable al Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa (el caudal de Cullera sólo sirve para riego, y después dos años de decantación en el embalse de San Diego) cuesta 60 millones de euros. Los agricultores tienen firmado un segundo trasvase de socorro del mismo estilo que el actual (5 hm3) pero éste no llegará, como mínimo, hasta 2015. Año en el que se podría volver a utilizar el agua del Azud de la Marquesa.

El embalse regulador de San Diego va a estar, además, un año en obras a partir de este mes, y una vez vuelva a llenarse, habría que esperar otros 12 meses para que la calidad permita utilizarlo sólo para riego, a no ser que se produzca una milagrosa mejora de las condiciones del agua en el Azud de la Marquesa. Además, sólo caben 12 hm3. Nada que ver con la transferencia de 80 hm3 anuales para la que está diseñada la canalización que arranca en Cullera y llega a Villena con una elevación de 800 metros.

La única solución es que el trasvase pueda servir para todos los usos y eso sólo se consigue incorporando a los ayuntamientos o, lo que es lo mismo, que el agua sirva para beber. Una cuestión fundamental porque la sobreexplotación de los acuíferos aumenta. La mayor parte de los pozos tiene fecha de caducidad (algunos expertos calculan 25 años) y el agua se extrae ya, ahora mismo, a 200 metros de profundidad.