El Gobierno murciano y los regantes debatirán en el TC la reserva del Tajo

El Congreso de los Diputados fue escenario ayer de un tenso derbi que disputaron los partidos políticos con representación en la Cámara, especialmente   PP y PSOE, para debatir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que supondría la muerte del trasvase Tajo-Segura. El encuentro terminó, por el momento, con la victoria de los castellanomanchegos al anotar un importante tanto con la aprobación del texto propuesto por los socialistas, cuyo preámbulo recoge  una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de la comunidad vecina, a la vez que resalta la necesidad de que la Junta participe en «los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista».El PSOE consiguió desbloquear el texto estatutario, que permanecía estancado en el Congreso desde hace más de un año, gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU), mientras que se abstuvieron PP y ERC-IU-ICV; UPyD, lo rechazó, y PNV no asistió a la ponencia encargada de dictaminar la reforma del Estatuto. De este modo, los socialistas lograron establecer mediante una enmienda transaccional en el preámbulo, que no en el articulado ni en la disposición transitoria, que la comunidad manchega «considera  necesaria una reserva de agua de 4.00 hectómetros para atender las necesidades de la región». Es decir, que aprendieron el truco con el término «nación» en el Estatut de Cataluña, pues no es que Cataluña sea una nación, sino que así lo define el Parlament. En cuanto a la fecha de caducidad en 2015, aunque el texto no lo recoge de forma explícita, sí que se hace referencia de forma indirecta porque se indica que hay que revisar y adaptar el trasvase a los términos medioambientales recogidos en la directiva europea, cuyos objetivos se deben alcanzar antes de 2015.El documento, que se prevé que se debata dentro de dos semanas en la comisión Constitucional del Congreso y posteriormente en el pleno, también señala que la Junta sea informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión o transferencia que afecte a las cuencas hidrográficas de la Comunidad «a fin de que emita preceptivamente un informe». De este modo, Castilla-La Mancha da un nuevo pasito para conseguir aprobar su texto estatutario, mientras la Región de Murcia y Valencia rechazan de forma unánime el documento y depositan su esperanza en los votos del PP para poner freno al Estatuto y evitar así el fin de la infraestructura hidráulica, tal y como afirmó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. No obstante, el PSOE advirtió que no aceptará un Estatuto que no cuente con el consenso y señaló que lo retirará si no logra.Una cosa que no se termina de entender en la Región es el apoyo de los nacionalistas catalanes al Estatuto, cuando éstos no cuentan con representación en las Cortes de Castilla- La Mancha. El portavoz de CiU en la ponencia, Jordi Xuclá, explicó que su voto positivo perseguía facilitar su avance en la Cámara, si bien advirtió que no apoyará el texto en la comisión Constitucional si no hay un acuerdo de las dos formaciones mayoritarias.En la Región de Murcia se tienen las cosas bien claras califican el texto de «anticonstitucional». Así lo señaló el presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, que aseguró que «no puede salir adelante» la propuesta socialista de 4.000 hectómetros cúbicos de reserva para Castilla-La Mancha «porque es anticonstitucional» y garantizó que «utilizará todos los medios para que la propuesta no salga a la luz».Valcárcel indicó que la reserva «ataca los intereses de la Región y supone la muerte por asfixia, el cierre del grifo del trasvase, absolutamente vital para la comunidad y  Alicante y Almería». Para el jefe del Ejecutivo murciano, la oferta socialista «demuestra quién quiere guillotinar el trasvase a través del enfrentamiento y la provocación».Cerdá calificó el texto del PSOE de «un ataque directo al corazón de Murcia» y dijo que lo aprobado en Madrid es el resultado de la política antitrasvasista de Zapatero, que comenzó con la derogación del trasvase del Ebro.  El Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, movilizará a toda la sociedad murciana en una gran manifestación si el PSOE no retira la reserva del Estatuto y modifica profundamente las referencias que ponen en peligro el trasvase.Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, resaltó que el texto es  «inconstitucional» y aseguró que Rodríguez Zapatero «nos mintió en 2007 cuando aseguró que nunca se aprobaría en el Congreso un texto que fuera inconstitucional». Claver resaltó que el texto constituye es «una humillación, un daño gravísimo a nuestra tierra y la muerte inmediata del trasvase Tajo-Segura en caso de aprobarse». Asimismo, el presidente de los regantes subrayó la labor de los partidos regionales aunque ésta, a su juicio, «se diluya a nivel nacional».

Los agricultores se plantean crear un partido político
La indignación de los agricultores es mayúscula, tanto es así que incluso en la provincia de Alicante se plantean promover la creación de un partido político para defender la provincia contra los dos grandes partidos políticos de España, a los que acusó de querer ganar «sólo en Castilla-La Mancha» dejando de lado «la provincia de Alicante». Así lo manifestó ayer el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, quien afirmó que el Tajo-Segura «inicia la cuenta atrás para ser eliminado y la pregunta que se hacen los agricultores y ciudadanos de la provincia de Alicante es de dónde demonios vamos a beber y regar». Para Urbina, el mantenimiento de la reserva hídrica en el prólogo estatutario implica «la muerte» del trasvase. Por otro lado, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) expresó su «enérgico rechazo» a la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos del Tajo, que consideró un «ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos» y añadió que Alicante «no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente».

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