E l Ministerio de Medio Ambiente intentó ayer suavizar las tensas relaciones que mantiene desde hace dos años con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó -entidad con la que se ha negado a negociar el nuevo trazado- incluyendo al presidente de los usuarios, Andrés Martínez, en el grupo de trabajo de 42 personas que trabajarán en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, instrumento legal que debe quedar aprobado en 2009 y que, curiosamente, regulará el funcionamiento del polémico trasvase.
Martínez, expulsado por el Ministerio del consejo de administración de Aguas del Júcar en el otoño de 2005, por oponerse al cambio del proyecto, vio ayer como el propio presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues y el consejero-delegado de Acuajúcar, José María Marugán -representantes de Medio Ambiente que le han hecho la vida imposible por no aceptar el nuevo trazado- «bendecían» su presencia en la Mesa de Participación, un órgano en el que, no obstante, Martínez tiene derecho legal a estar presente, según establece la Directiva Europea del Agua. Paradójicamente, el presidente de la Junta Central trabajará con el Gobierno central, pero sin que el trasvase Júcar-Vinalopó traslade la toma del agua al Azud de Antella, tema cerrado, al menos, hasta que pasen las elecciones generales de la próxima primavera.
Los regantes del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa comparten desde ayer mesa de trabajo con colectivos -Xúquer Vio y Fundación para la Nueva Cultura del Agua, entre otros- que, según viene denunciando desde hace dos años la directiva de la Junta Central de Usuarios, les niegan agua de calidad para el trasvase desde el Júcar. A partir de ahora trabajarán, además, en la elaboración de un plan que tendrá rango de ley y que fijará las condiciones del Júcar-Vinalopó, el mismo que figura en el plan actual como una transferencia de 80 hm 3 de agua para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar el abastecimiento urbano de la Marina Baixa. Condiciones que no cumple el trasvase cuyas obras comenzaron en julio. Recordar que la semana pasada fracasó el último intento político del Consell para acercar posturas con el Ministerio de Medio Ambiente y tratar de trasladar la toma del agua del Azud de la Marquesa a Antella, donde el caudal sirve tanto para regar como el consumo urbano.
El Ministerio de Medio Ambiente mantiene una postura inamovible al considerar que cuenta con el aval de la UE – Bruselas ha apoyado los dos proyectos de trasvase – y defender que el cambio de trazado se basó en razones técnicas.
