El Pleno del Congreso rechaza que el Gobierno negocie con Cataluña el caudal del Delta del Ebro

 Europa Press

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, UPyD, IU y CHA, ha rechazado la propuesta del PSOE, CiU e ICV, de instar al Gobierno a negociar con la Generalitat catalana el caudal ambiental del tramo final del río Ebro, tal y como han promovido los nacionalistas catalanes.

Esta iniciativa planteaba al Gobierno negociar con Cataluña la determinación del caudal ambiental del Delta del Ebro con el Gobierno catalán, por ser «el más afectado» de la cuenca, respecto a los caudales mínimos fijados. En concreto, ha contado con el voto en contra del PP, UPyD y los diputados de Izquierda Unida, el de la CHA, Foro de Asturias y UPN, por lo que finalmente no ha salido adelante.

Según ha justificado la portavoz del PP en materia de Medio Ambiente en el Congreso, María Teresa de Lara, durante su intervención, la propuesta es «desproporcionada e inviable» y haría «imposible» garantizar ese caudal ecológico del Ebro. A su juicio, de fijarse tal y como propone CiU los caudales se privaría de agua a Aragón y al resto de comunidades autónomas de la demarcación.

Esta iniciativa planteaba al Gobierno negociar con Cataluña la determinación del caudal ambiental del Delta del Ebro con el Gobierno catalán

«No creo que sea lo que pretenden. Además, su propuesta comportaría no abastecer la demanda del Delta», ha remarcado, a la vez que se ha preguntado por que CiU rechaza la propuesta del Plan del Ebro realizada por el Gobierno cuando en el anterior plan se contemplaban 200 hectómetros cúbicos menos que en el nuevo, si lo que quieren es que ese caudal aumente, y la decisión se ha tomado de acuerdo con «más de un centenar de estudios», incluidos los de la Generalitat de Cataluña.

Es más, ha subrayado que el plan del Ebro ha sido respaldado por el Consejo del Agua de la demarcación, por el Consejo Nacional del Agua, organizaciones empresariales y de regantes, entre otros, y define, por primera vez, los caudales ecológicos en aplicación de criterios científicos y técnicos aportados en la anterior legislatura socialista.

Eso sí, ha recordado que España tiene abiertos dos procesos de infracción desde la UE debido a la «inacción» en materia hidrológica del anterior Ejecutivo socialista, dado que la planificación hidrológica debería haber estado finalizada en diciembre de 2009 y de los 25 que tenían que haber estado aprobado sólo el de las Cuencas internas de Cataluña estaba listo cuando Arias Cañete llegó al Ministerio de Medio Ambiente.

Se trata de una proposición no de ley pactada entre PSOE, CiU e ICV, a instancias del diputado nacionalista catalán Martí Barberà, donde se instaba al Gobierno a garantizar que la determinación sobre el caudal ambiental para el tramo final del río Ebro cumpla también la normativa estatal de caudales ecológicos, así como la Directiva marco del Agua de la UE, en base a criterios científicos y garantice el buen estado de las masas de agua.

Asimismo, planteaba que el Congreso de los Diputados instase a publicar los estudios técnicos de base utilizados para establecer el régimen de caudales ecológicos.

El agua es competencia nacional

Entre las diversas críticas que han centrado la intervención de Toni Cantó (UPyD) respecto a esta iniciativa, ha criticado que CiU se empeñe en seguir negociando «de forma bilateral» y gestionar las «cosas de forma poco eficiente» y por su cuenta. «Qué se hace con el Ebro no es sólo asunto suyo, sino de todos los españoles», ha destacado, a la vez que ha recordado que la cuenca del Ebro la conforman nueve comunidades autónomas.

«Lo que solicita CiU es de sentido común, son los más afectados y les vamos a apoyar, más aún vista la transacción en la que se han reflejado inquietudes de otros grupos», ha defendido el diputado del PNV, Joseba Agirretxea.

Mientras, Joan Tardà, de ERC, ha respaldado la propuesta de CiU, PSOE y la Izquierda Plural, al considerar que el Plan del Ebro va a suponer «la muerte del Delta por la regresión y la salinización» y porque no se han tenido en cuenta las alegaciones del Gobierno catalán e instituciones científicas y sólo, en su opinión, han prevalecido los argumentos políticos. «Si Cañete aspira a ser comisario europeo lo tiene muy mal», ha remarcado.

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, se ha mostrado favorable a la enmienda transaccional alcanzada entre PSOE, CiU y la Izquierda plural porque, a su juicio, tal y como sucede en la Comunidad Valenciana con el plan del Júcar, los caudales ecológicos según estos planes «son exiguos o inexistentes» y el río se secará en muchos tramos.

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