j. Sierra valencia El Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer una declaración institucional firmada por el Grupo Popular, Grupo Socialista, Esquerra Unida y Compromís que mantiene íntegramente el fondo de las alegaciones presentadas por el consistorio al Plan Hidrológico de la demarcación Júcar y sus previsiones sobre caudales para la Albufera de Valencia.
El ayuntamiento reclamó en sus alegaciones, no atendidas por el Gobierno, un aporte de 121 hectómetros cúbicos anuales de agua con una calidad similar a la del Júcar a su salida de Tous y advertía sobre las consecuencias de seguir alimentando el lago con aguas de depuradora, tal como fija el PHJ.
La declaración institucional «considera que la mejora de las condiciones ecológicas de la Albufera solo se puede conseguir habilitando caudales de uso exclusivamente ambiental para el lago y su entorno húmedo de calidad similar a los de salida desde el embalse de Tous en los volúmenes señalados en las alegaciones presentadas por este Ayuntamiento a dicho plan, así como continuando con la mejora del sistema de saneamiento en su ámbito territorial».
Maria Angels Ramón-Llin, concejal responsable del Ciclo Hidráulico aseguró ayer que el ayuntamiento de Valencia se muestra «invariable» en su demanda de caudales para el lago, demandas justificadas en informes realizados por la Oficina Técnica Devesa-Albufera que advierten de un deterioro progresivo de las aguas del lago pese a las obras de saneamiento y depuración realizadas.
«Llevamos diciendo lo mismo desde que se abrió el periodo de consultas y el hecho de que no se hayan incluido nuestras peticiones es el que provocó que el ayuntamiento, con el pleno conocimiento y respaldo de nuestra alcaldesa, se abstuviera en la votación del Plan Hidrológico», explicó.
«Se atendieron nuestras reivindicaciones de caudal para el suministro de agua potable, aunque no estamos tampoco de acuerdo en que se exima a algunos usuarios de pagar por recursos hídricos que sí tendrán que pagar los valencianos», dijo en alusión al hecho de que el Gobierno asuma el pago del Convenio de Alarcón que debe realizar Albacete.
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