El Senado dará luz verde la próxima semana al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Esta norma incluirá el nuevo acuerdo del trasvase Tajo-Segura y multas para las gasolineras flotantes, y obliga a que el fracking y la peligrosidad sísmica se sometan a estudios de impacto ambiental.
El proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, llegó al Senado después de que el Congreso lo aprobara en una primera lectura el pasado 30 de octubre, con el único apoyo del PP, la abstención de CiU y el rechazo del resto de los partidos.
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara Alta rechazó el pasado viernes seis propuestas de veto al proyecto de ley presentadas por todos los grupos de la oposición (Socialista, Catalán-CiU, Entesa del Progrés de Catalunya y Mixto), salvo el PNV.
Posteriormente, esta Comisión admitió el dictamen de la ponencia y tres enmiendas del PP, así como algunas correcciones técnicas, gracias a los votos del PP. El Pleno del Senado debatirá y aprobará el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental presumiblemente el próximo jueves gracias a la mayoría de senadores del Grupo Popular.
En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, los representantes de la oposición expresaron su queja por el hecho de que la norma se tramite de forma urgente cuando en la UE se aprobará próximamente una directiva europea en materia de evaluación ambiental.
Algunos, como Joan Saura (Entesa del Progrés de Catalunya) y Jesús Enrique Iglesias (IU, en el Grupo Mixto), coincidieron en señalar que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental remitido por el Congreso de los Diputados legitima que quien paga puede contaminar, y censuraron que se prevea la creación de bancos de conservación de la naturaleza, así como que se introduzca el reciente Memorándum del Tajo-Segura.
TRASVASE TAJO-SEGURA
El proyecto de Ley de Evaluación ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.
El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.
Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).
En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.
PELIGROSIDAD SÍSMICA, FRACKING Y BUNKERING
Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural Castor, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.
Además, obliga a que se sometan a un estudio de impacto ambiental los proyectos basados en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, conocidas también como fracking. Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.
Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del bunkering o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque.
(SERVIMEDIA)
ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/sociedad/noticias/5319124/11/13/el-senado-aprobara-la-ley-de-evaluacion-ambiental-la-proxima-semana.html