La Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del año 2000, por la que se anulaba el pliego de condiciones que el Pleno del Ayuntamiento utilizó en el año 1997 para la adjudicación a Aquagest del sistema de gestión, mediante concesión administrativa, de la gestión integral del agua en Albacete. Una gestión que incluía la captación, distribución y suministro domiciliario de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recaudación de las tasas por prestación de dichos servicios.

Se vuelve a dar la razón al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que fue quien votó, en aquel entonces a través de su portavoz, José Eduardo Martínez Valero, en contra del acuerdo plenario que desestimó las alegaciones que se habían presentado y que dio la concesión a Aguagest. Un Pleno que en 1997 estaba presidido por el alcalde del PP, Juan Garrido.

Entre otras cuestiones, en los Fundamentos de Derecho de la sentencia se recoge que, ante el expediente de adjudicación de la gestión del agua a Aquagest se presentaron 9.044 alegaciones y que éstas fueron estudiadas por la propia empresa mercantil del proyecto, que «hizo un informe rechazando cualquier incidencia de las mismas y proponiendo su desestimación por el Pleno», que, en efecto, el 29 de abril de 1997 desestimó todas estas reclamaciones formuladas. Contra esta actuación votó en contra Izquierda Unida cuestionando tanto la legalidad del procedimiento, como el hecho de que el informe de las alegaciones lo hubiera realizado la empresa redactora del proyecto y no los técnicos municipales.

Experiencia, sí o no

El Supremo considera, por otra parte, y en relación al pliego de condiciones que sirvió para adjudicar el suministro a Aquagest, que «la impugnación del meritado pliego por un miembro de la Corporación que votó el correspondiente acuerdo aprobatorio conduce a que se tenga por cuestionada, aunque no lo hubiera sido por ninguno de los partícipes en el concurso convocado». Es decir, aunque las empresas que concurrían al concurso de adjudicación no mostraron su disconformidad con el procedimiento seguido y el pliego, como sí lo hizo IU a través de su portavoz votando en contra, la validez de este voto para tener en cuenta la impugnación del acuerdo es la misma.

En ese sentido, IU alegó que se tuvo en cuenta como criterio para la adjudicación del contrato la experiencia, cuando en el pliego de condiciones, entre todos los criterios a los que se hacía referencia como puntuables, precisamente la experiencia no aparecía.

Por todo ello, la sentencia del Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo que en su día interpuso IU contra el acuerdo plenario del 29 de abril de 1997 y anula el apartado a) del pliego de condiciones, el referido a los criterios de adjudicación.

Ante esta sentencia del Supremo, Izquierda Unida expresaba ayer su satisfacción porque «se confirma la nulidad del pliego de condiciones que sirvió de base para adjudicar el contrato del servicio de agua y saneamiento de Albacete, ya que se tuvo en cuenta un factor, el de la experiencia, que en estos casos, tal y como establece la sentencia no es un criterio de adjudicación».

IU añadió que sus servicios jurídicos están estudiando con detenimiento la totalidad de la sentencia. En todo caso, según Rosario Gualda, portavoz de la formación, «se confirma no sólo que la privatización de un servicio tan esencial como es el del agua fue perjudicial para Albacete, sino que además se hizo de manera incorrecta desde un punto de vista contractual».

Finalmente, Rosario Gualda recordó que fue su grupo municipal quien recurrió esta sentencia y señaló que seguirá trabajando para que el Ayuntamiento recupere la gestión pública del ciclo integral del agua.

Aguas de Albacete

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, manifestaba ayer que «la creación, en 2006, de la empresa mixta Aguas de Albacete, por la que el Ayuntamiento recuperaba el control público sobre el abastecimiento de agua potable a la ciudad evitará que ahora tengamos que sufrir las consecuencias de la mala gestión que llevó a cabo el PP para privatizar el agua de Albacete y que reiteradamente ha sido condenada por los tribunales, incluido el Tribunal Supremo como establece una esta sentencia».

«Política y administrativamente -dijo Pérez Castell- el Ayuntamiento ha subsanado la mala gestión que en este tema hizo el PP y ahora el abastecimiento de agua potable a la ciudad vuelve a estar bajo control público».