José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora (expresidente de CHG y exdirector general de la Junta) 24/10/2012
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El coste de la energía eléctrica en los regadíos ha experimentado sensibles incrementos desde el año 2008, momento en el que una nueva normativa suprimió las tarifas especiales de riego que durante bastante tiempo se habían revelado como un mecanismo muy útil para mantener los costes de la energía eléctrica para este uso dentro de unos límites razonables.
Las nuevas normas se promulgaron en la creencia de que la liberalización abarataría los costes, pero lo que en realidad se produjo fueron unos elevados incrementos de los mismos, debido a las subidas del importe de los términos de potencia y de energía y en consecuencia un desmesurado aumento del montante de los recibos a pagar, que además continúa en progresión ascendente. Los regantes del Zújar han anunciado hace pocos días, que en los últimos cuatros años el importe del término de potencia que pagan se ha incrementado en un 100% y el de energía en un 200 %. La consecuencia es que se está poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones de riego que utilizan energía eléctrica. Y no hay que olvidar que los regadíos son un sector estratégico para la seguridad alimentaria y la base de una importante agroindustria en Extremadura y en España.
Además hay que tomar en consideración que estos aumentos del coste se han producido en un período en el que se han modernizado muchos de los regadíos extremeños. Y esta modernización casi siempre se ha hecho cambiando ahorro de agua por incrementos de necesidades energéticas.
Los regantes que han sufrido estas inusitadas subidas en sus costes de explotación, vienen denunciando la situación desde hace tiempo, sin que las administraciones sean todavía sensibles a sus peticiones, que por otra parte parecen justas y razonables. Pero las compañías eléctricas no quieren oír hablar del asunto e imponen sus criterios a las administraciones públicas que se muestran incapaces, de momento, de reaccionar ante esta situación.
XLAS PETICIONESx de los regantes se resumen en los siguientes puntos:
— Que se autorice la contratación de la potencia necesaria sólo para los meses de riego, sin que se abone el importe del término de potencia los meses en que no hay riego y por tanto las estaciones de bombeo nofuncionan.
— En los meses de campaña, que se permita la contratación de potencia variable según las necesidades de riego. En el caso de las zonas regables extremeñas serían aproximadamente tres períodos: Abril–Mayo–Junio = 0,5 de la Potencia Máxima; Julio y Agosto la potencia máxima y Septiembre–Octubre = 0,25 de la Potencia Máxima. Sólo tendría que abonarse el importe del Término de Potencia correspondiente a la Potencia contratada durante el período de que se trate. En definitiva consistiría en flexibilizar la contratación de la potencia según circunstancias existentes en cada caso.
— Que todo el consumo del término de energía que se produzca en el mes de julio (mes de máximo consumo) se facture como período P6 al igual que sucede en agosto.
Y una última demanda, esta ya en el ámbito de competencias de la administración, que se reduzca el IVA que soportan actualmente del 21 % hasta el tipo reducido del 8 o el 10 % que se aplica en algunos sectores económicos. Hay que tener en cuenta que la factura de la electricidad, excepto en el alquiler de los equipos de medida, ya va gravada con un impuesto eléctrico del 5,1127 %.
Si se tuvieran en cuenta todas estas peticiones sería posible reducir el importe de la factura energética de los regadíos del orden de un 30 % y aunque los costes seguirían sensiblemente por encima de los que había antes del año 2008, se daría un considerable respiro a los regantes y se evitaría el más que probable cierre de muchas explotaciones de regadío con las consecuencias negativas derivadas de ello. Si dichas peticiones no fueran atendidas parecería de justicia volver a introducir las tarifas especiales de riego, más beneficiosas para los regantes que el nuevo sistema.
Recientemente algunas Comunidades de Regantes han dado la voz de alarma sobre los elevados costes de la luz que soportan las explotaciones de sus comuneros y las posibles consecuencias sociales y económicas que pueden producirse. ¿Serán sensibles las administraciones y las compañías eléctricas a sus peticiones?