La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha negado hoy en el Congreso de los Diputados que el plan de choque acordado a finales de 2009 por el Gobierno y las organizaciones agrarias para apoyar al sector agroalimentario haya sido un fracaso.

Espinosa ha respondido así a una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular José Ignacio Llorens, quien ha interrogado a la ministra sobre los motivos que han frustrado el Plan de Choque Agrario al que se comprometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La ministra ha defendido los avances conseguidos en estos primeros meses de 2010, como «el amplio plan de financiación a las explotaciones agrarias, que está inyectando más de 1.400 millones de euros al sector».

«Acordamos trabajar con el centro de promoción de exportaciones (Cepex), se ha hecho y ha sido reconocido por las organizaciones agrarias», ha resaltado Espinosa.

También ha recordado la creación de un grupo interministerial, el cierre del proyecto de Real Decreto sobre «representatividad», así como la inclusión de la Política Agraria Común en la llamada «Estrategia 2020».

Por su parte, Llorens ha incidido en que la reunión del presidente del Ejecutivo con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias se produjo por «la masiva manifestación» llevada a cabo por el sector en Madrid, y que los compromisos anunciados entonces han dado paso «a los fracasos y a los incumplimientos».

El diputado popular ha asegurado, además, que la reunión prevista para finales de febrero entre el sector y Zapatero con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los compromisos «todavía no se ha producido».

Ha resaltado que el Ejecutivo tuvo que reunirse dos meses después de la puesta en marcha del programa con los directores de las entidades financieras para que facilitaran los créditos a los agricultores, tal y como habían pactado previamente.

A este respecto, Espinosa ha explicado que dicha reunión se produjo después de que las organizaciones agrarias advirtieran que en «algunas zonas concretas de España no había la suficiente cooperación» por parte de las sucursales bancarias, por lo que se trató de «un refuerzo» y no de «un incumplimiento».

En cuanto al incremento de las tarifas eléctricas para regadío -que según Llorens se ha situado entre un 70 y un 150 por ciento, y ha provocado que los regantes paguen «por lo que consumen y por lo que no»-, la ministra ha destacado que el Ministerio de Industria presentó un borrador del Real Decreto que regulará estas tarifas, y que actualmente se estudian las alegaciones del sector.

El diputado popular ha considerado insuficiente las medidas fiscales adoptadas para apoyar a los agricultores, concretamente la reducción del coeficiente de los módulos de las flores cortadas, el tabaco y la uva de mesa, así como la eliminación de las deducciones en gasóleo y fertilizantes.

Llorens ha recordado que «en julio llega el aumento del IVA» y que «el riesgo por impago de las exportaciones» ha seguido aumentando pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno.

«En dos meses no se puede arreglar la inoperancia de seis años, tal y como reflejan todos los indicadores de la actividad agrícola en renta, paro o deuda», ha recalcado.

Por su parte, Espinosa ha subrayado que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos y que si sigue hablando con los representantes del sector agrícola es porque atiende «a sus demandas».

«Quizá usted sea hoy más feliz que ayer, porque de nuevo intenta confundir a esta Cámara», ha reprochado la ministra a Llorens, en referencia a la expresión que usó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en relación con la situación del «Caso Gürtel».