Un acuerdo positivo que garantizará por ley la continuidad del trasvase del Tajo-Segura y posibilitará que el agua siga llegando a las tierras de cultivo de la provincia alicantina. Así valoró ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura en materia de recursos hídricos que permitirá, según dijo, «salvar un aporte de agua entre cuencas que con el anterior gobierno central del PSOE estaba derogado».
El presidente del Consell hizo ayer estas declaraciones durante una multitudinaria reunión celebrada en San Miguel de Salinas para presentar a las comunidades del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y destacó «las repercusiones positivas que, para los agricultores y usuarios del agua potable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, tendrá el pacto logrado con la firma del memorándum del trasvase» entre ambas cuencas. Fabra estuvo acompañado por el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, así como por el presidente del sindicato de riegos, José Manuel Claver, numerosos regantes y decenas de políticos del Partido Popular de ambas comunidades, especialmente de la Vega Baja. Valcárcel fue el más crítico con los socialistas y «demonizó» que Zapatero llegase a aceptar la extinción del Tajo-Segura antes del 2015, algo que hubiera motivado la desaparición de las cosechas en territorio murciano y alicantino y dijo que el acuerdo en materia hídrica tenían que haber estado por encima de las siglas políticas y añadió que «los dos últimos presidentes del PSOE de Castilla-La Mancha fueron unos carteristas hidrológicos».
Reservas
Por su parte, el presidente del Sindicato de Regantes valoró que con el acuerdo «el trasvase tiene el futuro garantizado». Dijo que el hecho de que se haya elevado de 240 a 400 hectómetros cúbicos las reservas que deben almacenar los embalses de Entrepeñas y Buendía para que se pueda trasvasar agua no supondrá en absoluto un problema. Explicó que ahora la regulación de las condiciones del Tajo-Segura estarán amparadas por una ley y el agua se convertirá en derecho. Destacó también que con este pacto «se elimina la caducidad del agua trasvasada» y que, por ejemplo, si los regantes que se benefician del trasvase no consumen todo el caudal que tienen asignado para un trimestre, pueden acceder a ese excedente no gastado durante el resto del año hidrológico, lo que facilitará que llegue el oro transparente cuando más se necesita.
Por su parte, el alcalde sanmiguelero, Ángel Sáez (PP), quien actuó como anfitrión del evento defendió la continuidad del trasvase aunque más que desde el punto de vista político, desde el de un agricultor preocupado por tener agua «de buena calidad y que no sea cara». Sáez también arremetió contra las políticas hídricas del ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, criticando el alto precio del agua desalada puesto que los regantes «no obtienen beneficios para cubrir su coste». El regidor hizo mención, aunque de forma muy elegante, a la guerra del agua que se desató durante meses entre varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular antes de llegar a un acuerdo sobre el trasvase, y defendió que «el agua no nos tienen que separar, nos tiene que unir».
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