La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha aprobado personarse en el procedimiento judicial abierto por las competencias del Guadalquivir, para exigir la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló la transferencia a Andalucía de la gestión de dicho río.

Así lo ha acordado hoy la junta de gobierno de Feragua, con los informes favorables de los servicios jurídicos de esta federación, con el objetivo de «evitar que se demore más una solución definitiva para el Guadalquivir», que, según precisa en una nota la asociación, pasa por devolver todas las competencias de gestión al Estado.

Feragua dice que ha decidido instar la ejecución de la sentencia del TS, que el pasado 13 de junio declaró la nulidad del traspaso de la gestión del Guadalquivir a la Junta al estimar el recurso de Castilla-La Mancha, tras percibir en los representantes de ambas administraciones «algunos indicios que parecen mostrar una actitud de resistencia ante el pronunciamiento de los altos tribunales».

Según esta asociación de regantes de Andalucía, también parece existir «un empeño a toda costa de lograr que la Junta de Andalucía acapare el máximo de competencias, situación incompatible con el orden constitucional y el principio de unidad de cuenca».

Para «forzar el vencimiento de esas resistencias, y haciendo valer los procedimientos que arbitra el ordenamiento para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», Feragua se va a personar en dicho procedimiento para exigir la ejecución «de lo ya juzgado por el Tribunal Supremo» en esa sentencia del pasado 13 de junio.

A ésta le siguió días después otra del TS en los mismos términos, que estimaba un recurso de la Junta de Extremadura, y, según Feraga, dicha ejecución «debería producirse a principios de septiembre, pues la ley concede diez días para el acuse de recibo de las sentencias firmes y dos meses para llevar a efecto la condena».

Esta asociación de comunidades de regantes también ha anunciado que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite su recurso contra la encomienda de gestión sobre el Guadalquivir, que el Gobierno otorgó el pasado abril por un periodo de seis meses a la Junta.

Feragua recuerda que recurrió por considerar la encomienda como una «maniobra política dilatoria» ante la anterior sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que asumía las competencias sobre el Guadalquivir, y que «exigía claramente la devolución de las competencias de gestión» al Estado.