Ni el Partido Popular, ni Izquierda Unida quisieron votar ayer a favor de la moción que presentó el PSOE en defensa de tres aspectos del proyecto de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha. No porque no estuvieran de acuerdo en algunas cuestiones, como el eximir a la ciudad de Albacete del pago de cualquier compensación a los regantes valencianos por beber agua del embalse de Alarcón, que es uno de los argumentos principales que utilizaron los socialistas para defender su propuesta. Sino porque PP e IU coincidieron en que este debate se planteaba por la cercanía de las elecciones y para tratar de sacar rédito en las urnas.

Este proyecto de Ley, que fue registrado el miércoles en el Congreso de los Diputados por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, debe recibir el visto bueno del Parlamento nacional. Algo que la portavoz de IU, Rosario Gualda, se mostró convencida no conseguirá, «esta ley tiene un recorrido muy corto, no será aprobada», aseguró, y a continuación se quejó de que el PSOE le pidiera su voto en el pleno del Ayuntamiento, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha molestado ni tan siquiera en consultar a su formación a la hora de redactar la ley. «Después del paripé del último pleno en las Cortes, donde se aprobó esta ley, es evidente que lo que se pretende es hacer un uso partidista del agua», se lamentó Gualda, que trató de hacer un repaso histórico de este asunto y censuró que PSOE y PP digan que quieren acabar con el trasvase Tajo-Segura y luego saquen adelante la conexión del Talave-Cenajo que garantiza la continuidad de este trasvase.

¿De quién es la culpa?

Desde las filas del PP, Juan Marcos Molina, trató de defender la enmienda a la totalidad que presentó su grupo en las Cortes y que en el pleno del Ayuntamiento también fue rechazada. Y, a continuación, aseguró que el «problema del agua en Castilla-La Mancha no es otro que Barreda y el PSOE que lleva 30 años gobernando sin haber conseguido resolverlo y culpándolo a los demás».

Ramón Sotos, portavoz del PSOE, dijo que si no se había resuelto es «porque el PP no ha querido», porque Castilla-La Mancha era la única comunidad de España donde el gobierno no había contado con el apoyo de la oposición para reformar el Estatuto de Autonomía resolviendo el problema del agua, «y eso ocurre aquí porque Cospedal tiene otros intereses como secretaría general del PP, los de Murcia y Valencia».