Después de la batalla, llega la reflexión. El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, explica a La Tribuna de Albacete lo que, a su juicio, fue la clave del buen resultado de la reunión que mantuvieron el presidente Barreda, y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, con el secretario de Estado, Josep Puxeu, y el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues: un acuerdo previo sobre qué hacer con el Convenio de Alarcón.
¿Hasta qué punto es importante este acuerdo sobre el convenio de Alarcón?
Hasta el punto que fue lo primero de lo que se habló, entre otras cosas, porque es la clave de buena parte de los demás acuerdos que se hicieron públicos sobre el Júcar. No tendría sentido acordar nada sobre el abastecimiento de la ciudad de Albacete, si antes no llegábamos a un acuerdo sobre este asunto.
¿Cómo se lo planteó el presidente al secretario de Estado? ¿Y cuál fue la actitud de este último ante las propuestas del presidente?
La actitud del secretario de Estado, el señor Puxeu, así como la del presidente de la Confederación del Júcar, el señor Moragues, fue de total receptividad e interés ante lo que decía el presidente que, por otra parte, era de puro sentido común. Al Gobierno de la región le parecía, y le parece, una paradoja incomprensible que el abastecimiento humano no tenga prioridad frente al regadío, o frente a cualquier otro uso económico. Ellos nos pusieron de manifiesto que la situación es muy compleja, que será difícil, pero que es posible buscar una solución que sea acorde a derecho.
¿Por dónde podría pasar esa solución?
Ahora, precisamente, estamos dentro del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Y, por eso, éste es un buen momento para definir unas normas de explotación del Júcar que, siempre de acuerdo con la Ley de Aguas, establezcan esa prioridad de los abastecimientos humanos.
¿Eso no obligaría a redactar de nuevo el convenio mismo?
En absoluto, es más, nunca lo hemos pretendido. El Convenio de Alarcón está en vigor, es plenamente vinculante y, además, la Junta de Comunidades no es uno de sus firmantes, aunque se hubiese firmado, en su momento, en nuestra región. Redactarlo de nuevo supondría convencer a las partes, esto es, el Gobierno y la USUJ, que renunciasen al actualmente vigente y dudo mucho que hiciesen semejante cosa. En eso queremos ser bien claro, no cuestionamos, en absoluto, el contenido del convenio, lo que defendemos es que hay que establecer unas normas claras para aplicarlo y evitarnos situaciones como las que ahora tenemos.
Entonces, ¿cómo se hará?
Incluyendo, dentro del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, algo que nos faltó a todos en el 98, que son unas normas de explotación que regulen, de forma clara, el funcionamiento del sistema Júcar y nos eviten conflictos como el que tenemos ahora sobre la mesa.
¿Por dónde irían esas normas de explotación?
Eso hay que verlo ahora. De hecho, en lo tocante al Convenio de Alarcón, más que cerrar un acuerdo, preferiría decir que hemos abierto la posibilidad de llegar al mismo.
Pero, ¿sobre qué base?
Hay un principio, a nuestro juicio lógico, que debería incluirse en la redacción de esas normas de explotación del sistema Júcar y es que, si vamos a hablar de la curva de garantía que se marca en el convenio, a la hora de gestionar el sistema Júcar, habrá que tener en cuenta todo lo que influya en esa curva de garantía, es decir, en el nivel de reservas que haya en el sistema y, por supuesto, en el mismo pantano de Alarcón.
Pero el pantano abastece a toda la cuenca, ¿no? Por esa regla de tres, por poner un ejemplo, ¿no habría que incluir en la ecuación, además de la ciudad de Albacete, el abastecimiento a otras ciudades que cogen agua del Sistema Júcar, como la ciudad de Valencia?
Claro, porque lo que entendemos es que se deben definir unas normas de explotación para todo el sistema Júcar, no para una parte del sistema, no tendría sentido alguno. De hecho, es una de las cosas que quedaron claras durante la reunión, hablamos de un sistema, en el que todos los usos, todos los usuarios, y todos los factores que influyan en su gestión, deben contar lo mismo, independientemente de dónde estén.
¿Este acuerdo tendrá alguna influencia en la sentencia del TSJ valenciano que obliga a hacer compensaciones?
Esperamos que sí, pero hay que ser realistas, lo que no va a haber es una anulación o paralización del proceso judicial. Las normas no se pueden aplicar con efecto retroactivo. Hay una sentencia, el Ayuntamiento de Albacete, la va a recurrir con el apoyo de toda la sociedad manchega, incluyendo a la Junta, como no puede ser de otra forma. Y tenemos que hacer todo lo posible para que los jueces tengan en cuenta nuestros argumentos. Si exigimos respeto a los tribunales, es en todos los casos, cuando nos va bien y cuando no nos va tan bien. Pero, al menos, creo que podemos tener la garantía de que, con este acuerdo, y con los normas de explotación, cuando las tengamos dentro del Plan de Cuenca, no vamos a vernos de nuevo en esta situación.