La Audiencia Nacional comunicó ayer a las partes – Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y Ministerio de Medio Ambiente – la admisión a trámite de la denuncia presentada por los usuarios contra la modificación del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, cuyas obras comenzaron el pasado mes de julio. La admisión da un nuevo giro al litigio que mantienen los futuros receptores del agua con Aguas del Júcar que, además, se ha negado en los últimos meses a facilitar documentos como «el informe de viabilidad económica del nuevo proyecto que empezamos a pensar que ni existe», señaló ayer Andrés Martínez, presidente de la Junta Central.
La Junta consideró que tenía argumentos legales suficientes para plantear la demanda desde el 22 de junio, cuando la ministra Cristina Narbona firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado y, por lo tanto, existía, según el letrado de los regantes, un documento oficial para reclamar también daños y perjuicios a Patrimonio del Estado. La cantidad a reclamar podría alcanzar los cien millones de euros.
Los servicios jurídicos de la Junta Central presentaron hace un mes otra demanda en la que reclaman 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la CAM y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. Martínez, entiende, por otro lado, que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar con los usuarios. Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua.