El incremento del control sobre las extracciones ilegales en el acuífero de la Mancha oriental ha permitido identificar 80 explotaciones agrarias en las que se extraía más agua de la que tienen adjudicada en concesión, lo que ha derivado en la apertura de otros tantos expedientes sancionadores.
La actuación, desarrollada conjuntamente por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental se inscribe en las campañas para alcanzar una explotación más sostenible del acuífero, recuperar los caudales del Júcar y frenar el alarmante descenso del nivel del acuífero, que prácticamente no ha cesado desde finales de los setenta.
Todavía hoy y pese a la estabilización alcanzada en el acuífero en los dos últimos años, es necesario liberar agua en el embalse de Alarcón para que el Júcar no se seque en algunos tramos por infiltración del agua en las calizas manchegas hasta hace dos décadas saturadas de agua.
Las inspecciones realizadas en el último año han afectado a 268 explotaciones agrarias que suponen 41.533 hectáreas de cultivos en la provincia de Albacete y que tienen un volumen autorizado de extracciones de 186 hectómetros cúbicos (Hm3). De las 268 explotaciones, un 55,9% cumplen con la autorización e incluso extraen casi 40 hm3 por debajo de lo autorizado.
Multas
El resultado de la campaña ha sido la apertura de 169 expedientes de actuaciones previas que han dado lugar a 80 expedientes sancionadores. En conjunto se han localizado explotaciones con una superficie de 10.420 hectáreas donde se extraen 8,7 hectómetros cúbicos por encima de lo autorizado.
Finalmente, la inspección ha derivado en 22 sanciones leves, 33 «menos graves» y 25 graves que suman importes por valor de 2.890.722 euros.
No obstante, cabe destacar que la sanción solo contempla el cobro de la cantidad de agua extraída por encima de la autorización y que se valora, según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 0,10 euros/m3.
Control
Se trata en todo caso de explotaciones legalizadas en aplicación del Plan Hidrológico del Júcar (PHN) pero sobre las que existían «sospechas» de que estuvieran extrayendo más agua de la que tienen concedida, según explicaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La persecución de esta práctica obliga a realizar una intensa labor de campo que complementa la de otras fuentes como la teledetección por satélite. Habitualmente cada inspección obliga a realizar dos visitas al año por parte de la guardería fluvial en presencia del titular o de la persona en quien delegue.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto, en el año 2007, un total de 563 expedientes, de los que 46 corresponden a Alicante.