La Delegación del Gobierno garantiza la legalidad de las campañas agrícolas

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador , estudió ayer conjuntamente con asociaciones agrarias, sindicatos y administraciones públicas la coordinación de las próximas campañas agrícolas, especialmente de la vendimia y la aceituna, y las medidas a adoptar para su normal desarrollo.

En comparecencia pública, antes de iniciar la reunión de trabajo, Labrador declaró que el aspecto fundamental es coordinar las próximas campañas, en especial «las más importantes» como son la vendimia y la recogida de la aceituna, pues están en marcha las recolecciones del ajo y cebolla, y en breve comienza la del tomate.

La intención «es ver las previsiones sobre las personas precisas para su desarrollo», junto a los apartados de contratación y sus requisitos, así como las condiciones sociales de los trabajadores, ante unas campañas que movieron el pasado año 35.000 personas, la de vendimia, y 56.000 empleados la de recogida de la aceituna

Implicados

En la reunión, Labrador dijo que se escucharía la opinión de todos los implicados «para que las campañas se realicen sin problemas» y se reconozcan tanto las condiciones legales -permisos, seguridad laboral, contrataciones, etc.- como las sociales, caso de la habitabilidad y condiciones asistenciales a los empleados. A preguntas de los periodistas, sobre la reducción de albergues y zonas de acogida para los temporeros por parte de los ayuntamientos, Labrador contestó que la responsabilidad de tener alojamientos dignos corresponde a los empresarios y que la Administración será la que vele porque «se cumplan» las condiciones sociales básicas. Tras confirmar que la previsión es que en esta campaña 2012 haya menos trabajadores extranjeros, sobre la posibilidad de fraudes en las contrataciones confió en que trabajadores y emprendedores porque «la inmensa mayoría cumplen las condiciones de legalidad y vamos a hacer lo posible por facilitar las relaciones laborales».

«La obligación de la Delegación es velar por el cumplimiento de la legalidad y por ahí iremos, con un sistema permanente de actuación», concluyó.

En la reunión se dieron cita representantes de los sindicatos CC OO y UGT; de las asociaciones agrarias Ucaman, Asaja y UPA, y de las administraciones públicas Servicio Público de Empleo (SPE), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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