La Junta trabaja intensamente en la definición de estrategias a llevar a cabo en el caso de que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha no contemple la caducidad del trasvase Tajo-Segura cuando se apruebe definitivamente en el Parlamento nacional. Así lo admitió ayer el vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, en un encuentro informal con los medios de comunicación de Albacete para conmemorar el primer aniversario desde que fue nombrado portavoz del Ejecutivo regional.
Lamata explicó que la prioridad de la Junta es que el texto se apruebe tal y como salió de las Cortes de Castilla-La Mancha «y por lo tanto no procede prejuzgar el final».
No obstante, admitió que todos los estatutos que han pasado por el Parlamento nacional han sufrido modificaciones, «algunas profundas como el catalán y otras menos importantes».
Seguimiento
El vicepresidente regional admitió que se ha hecho un intenso trabajo de seguimiento a todos los procesos de reforma estatutaria. Reconoció que el 90% del texto no tiene por qué sufrir modificaciones «porque coincide con otros Estatutos que ya se han aprobado», y admitió que las cuestiones más polémicas se centran en el ámbito económico (de financiación) y en materia de agua.
Por ello reconoció que se están pensando ya «diferentes estrategias y posibilidades en función de las distintas combinaciones que se barajan», aunque no desveló las alternativas porque insistió que la prioridad es que el texto se apruebe tal y como fue pactado por el PSOE y el PP en la Región. Lamata incidió en que Castilla-La Mancha también debe tener posibilidades de crecimiento en base a la utilización del agua existente en la Comunidad, aunque aseguró que apostando por un desarrollo sostenible.
Aseguró que la prioridad será siempre el abastecimiento humano y consideró que puede ser «compatible con el desarrollo de polígonos y urbanizaciones». Recordó que la Región tiene que compartir sus recursos hídricos con Murcia a través del trasvase aunque «antes debe estar el desarrollo de Castilla-La Mancha que es la cuenca cedente y donde además no existen alternativas como la desalación».
Consumo en Murcia
El vicepresidente regional admitió que la postura del Gobierno central no siempre es clara «porque, aunque derogó el trasvase del Ebro, no se ha mostrado antitrasvasista porque mantuvo el trasvase Tajo-Segura». En este sentido, aseguró que el compromiso del Gobierno de Zapatero es alcanzar los 1.000 hectómetros cúbicos anuales con la desalación para el año 2012, «cuando con el trasvase llegan 350 de media al año y 600 en los ejercicios más trasvasistas». Aseguró que en Murcia para el abastecimiento de un millón de personas se requieren 100 hectómetros cúbicos de agua «y disponen de 2.000 por lo que destinan 1.900 a usos agrícolas».
En este sentido recordó el cambio radical que plantea el Plan del Alto Guadiana donde se suplirá la pérdida de renta de los agricultores que se vean afectados por los recortes de derechos de agua con un plan de inversiones de 5.000 millones de euros. Consideró que la prioridad en la utilización del agua debe ser el turismo de interior o la creación de polígonos «porque consume mucha menos agua y genera más puestos de trabajo» e invitó al Levante a que se plantee una reorientación de sus cultivos hacia menores consumos de agua. El vicepresidente regional reconoció que una de las principales dudas que genera la composición del nuevo Gobierno de Zapatero es la integración del Ministerio de Medio Ambiente en el de Agricultura, aunque abogó por esperar a ver cual será la orientación que lleve Elena Espinosa del nuevo Ministerio.