La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental pretenden que en la futura Demarcación Hidrológica del Júcar, la Albufera de Valencia se desvincule de dicho río y que, en consecuencia, no reciba caudales del mismo, como ahora.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denunció ayer la gravedad de las consecuencias de dichos postulados castellano manchegos y los tildó de «barbaridad histórica y medioambiental», puesto que, de llevarse a cabo, pondría en peligro el abastecimiento de agua para riego en una amplia zona circundante al lago y cuestionaría el futuro del propio humedal, que es Parque Natural y uno de los espacios valencianos protegidos más emblemáticos y queridos.

La propuesta manchega intenta progresar aprovechando la oportunidad de la próxima reordenación geográfica en la actual Confederación Hidrográfica del Júcar, que en un futuro próximo separará las pequeñas cuencas fluviales que sólo pertenecen a una comunidad autónoma de las que son intercomunitarias. Las primeras pasarán a ser competencia de la autonomía correspondiente y las segundas seguirán dependiendo del Estado, componiendo la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Lo que parece más probable es que de la actual CHJ se desgaje, al norte, la cuenca del fronterizo Cènia, con territorios en Castellón y Tarragona, que pasaría a la Confederación del Ebro y, así, podría recibir en un futuro próximo aguas trasvasadas de este.

La futura Demarcación del Júcar incluiría la cuenca propiamente de este río, la del Vinalopó, la del Turia, la del Palancia y la del Mijares.

Los pequeños cauces fluviales o de ramblas, con caudales esporádicos y de régimen torrencial, que se encuentran en la provincia de Castellón, entre el Mijares y el Cénia, pasarían a ser consideradas como «cuencas internas de la Comunitat Valenciana» y su gestión dependería de la Generalitat. En el mismo caso de asignación autonómica estarían, al sur, los ríos Serpis, Girona, Algar, Gorgos, Amadorio, Monnegre y ramblas y barrancos de la provincia de Alicante entre el Vinalopó y el Segura.

Pero ahora, Castilla-La Mancha defiende también que quede como «cuenca interna de la Comunitat Valenciana» la de la Albufera, con lo que el lago y el arrozal que lo rodea quedarían desgajados de los caudales del Júcar y dependerían sólo de los barrancos de Chiva (también llamado del Poyo, Torrent o Massanassa) y Picassent (conocido así mismo como de Beniparrell).

Estos barrancos son, como su denominación indica, cauces decaudal muy esporádico, con importantes crecidas ocasionales cuando se registran fuertes lluvias otoñales y largos periodos de estiaje. La mayor parte del año, y de todos los años, son cauces secos.

Por tanto la pretensión castellano manchega entraña el peligro, como apunta AVA, de que pueda consolidarse una nueva situación jurídica en la que la Albufera y el arrozal no tuvieran, como ahora, derecho a recibir con regularidad los caudales que les llegan a través de acequias del Júcar, y, en todo caso, las aportaciones necesarias tendrían que ser aprobadas de forma extraordinaria por el Gobierno, en un régimen de precaridad.

Según fuentes de AVA, la petición manchega se apoya en los argumentos del CREA (Centro Regional de Estudios del Agua), un instituto de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja con el claro objetivo de aportar datos y razonamientos para lograr una reasignación de recursos hídricos en favor de su región.