La patronal eléctrica advierte de que el fin de las tarifas reguladas no abaratará la luz

El 1 de julio desaparecerán las tarifas eléctricas reguladas. Pero que nadie se haga ilusiones, la luz no bajará. Así lo advirtió ayer el presidente de la asociación patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero. «Que no piensen los clientes que la tarifa refugio [a la que podrán acogerse los usuarios domésticos] va a consistir en pagar menos. Eso no es verdad. Lo decimos antes de que haya frustraciones», dijo Rivero.

      Unesa, a través de Rivero, aludió así a la circunstancia de que para los usuarios domésticos, con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios y que no quieran contratar en el mercado libre, quedará la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). Pero la TUR, supervisada por el Gobierno, se tendrá que ajustar, según las eléctricas, a lo que establece la legislación comunitaria y reflejar todos los costes. En suma, explicó Rivero «tienen que reflejar el coste de la energía sin déficit». Establecido que las tarifas no bajarán, Rivero declinó precisar cuánto deberían subir.

      Tras las previsiones de Unesa, que presentó el estudio La situación económico-financiera de la actividad eléctrica: 1998- 2008, están las negociaciones con el Ministerio de Industria para acabar con el denominado déficit tarifario, que asciende a 14.575 millones de euros, de los cuales, 9.449 están pendientes de cobro efectivo por parte de las empresas. Es ese déficit el que lastra las cuentas de las compañías y el que impide, según Unesa, que las tarifas eléctricas puedan bajar en los próximos meses.

      El déficit tarifario, que las empresas quieren solucionar con Industria antes de julio, supone un 24% de la deuda de las compañías. Éstas, que ya tenían, según Rivero, un «endeudamiento excesivo antes de la crisis», todavía no han retrasado inversiones debido al déficit tarifario que no cobran. Pero podrían hacerlo en el futuro, en opinión del presidente de Unesa. Y ello porque el desajuste reduce la capacidad de las empresas para financiar el gasto en generación, transporte y distribución de la energía.

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