La UE asumió ayer que la sequía y la escasez de agua es un problema de escala comunitaria, no reducido a los países del sur, y que deber ser incluido entre sus prioridades políticas por medio de las primeras conclusiones formales que adoptó el Consejo de Medio Ambiente que se reunió en Luxemburgo. Se trata de un espaldarazo a la propuesta que hicieron España, Italia y Portugal para hacer de la sequía y la escasez hídrica una política de la UE.
Según el texto de conclusiones, la UE apuesta por «un planteamiento enfocado a la demanda, mejorar la eficacia hídrica (por ejemplo, con la reducción de pérdidas por filtraciones) y de medidas educativas» y también asume la propuesta de Bruselas de que el agua tenga un precio adecuado que incluya todos los costes y que no esté subvencionada.
Tal y como también apuntó la Comisión en un documento propio, los Gobiernos europeos admitieron que podrán evaluarse «nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto de las medidas de ahorro resulte ser insuficiente». Entre ellas mencionó «la reutilización de aguas residuales o la desalinización», siempre que se desarrollen en términos «sostenibles», pero el texto no menciona en ningún momento los trasvases. Por otra parte, el posicionamiento de los países de la UE incluye un elemento «importante» para España, consistente en la posibilidad de que los daños provocados por la sequía puedan recibir ayudas del Fondo Europeo de Solidaridad y del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Al término de la reunión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que el texto está «en línea» con la reorientación de la política del agua del Gobierno y no alude a los trasvases, la infraestructura por la que apuesta el presidente del Consell, Francisco Camps, en el informe consultivo del que es ponente sobre este tema en el Comité de Regiones. A este respecto, Narbona declaró que la insistencia de Camps en los trasvases «como panacea de la política del agua» está «completamente alejada del planteamiento de la UE».