MURCIAEl consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, instó hoy a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a que explique “cuántos millones nos ha costado a los españoles la derogación del trasvase del Ebro y los efectos que ha provocado su crecida”, cuyos daños “podrían haberse evitado si se hubiera realizado el trasvase del Ebro y se hubieran acometido las obras hidráulicas del Pacto de Agua de Aragón”.

Para el responsable de Agua del Gobierno regional, los problemas causados por el desbordamiento del río Ebro, que han obligado al Ejecutivo central a aprobar ayudas económicas para los damnificados en las comunidades más afectadas por la riada, se debe “a la ineficacia de un gobierno socialista” que ha permitido que “el Ebro tire al mar la misma cantidad de agua que la Región necesita para cuatro años”.

En este sentido, Cerdá denunció que el Ebro ha vertido al mar del 27 de marzo al 11 de abril, un total de 1.874 hectómetros cúbicos de agua, según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, “el equivalente a cuatro trasvases anuales para la Región”, aseveró. Asimismo, aseguró que el pasado 4 de abril, este río registró, con 162 hectómetros cúbicos, la mayor cifra de agua arrojada al mar en estas dos últimas semanas, una cantidad que, a juicio del consejero, “supone más de lo que Murcia podría salinizar en todo un año”.

El consejero murciano lamentó también que sólo se haya almacenado el 10% del volumen total que el Ebro ha vertido al mar en estos quince días, por lo que añadió que, “Aragón tampoco ha podido beneficiarse de esa agua”, sino que, al contrario, ha sufrido importantes pérdidas en el sector agrario y numerosos destrozos en las infraestructuras públicas hidráulicas, debido a que el Ministerio de Medio Ambiente “no ha ejecutado las obras contempladas en el Pacto de Agua de Aragón”.

Narbona miente

El responsable en materia de Agua del Gobierno regional añadió que las consecuencias de la riada del Ebro ponen de manifiesto “la política errática del Gobierno de Zapatero en materia hídrica”. Asimismo, afirmó que la ministra Narbona, “manipula la información y miente”, en referencia a las declaraciones realizadas por la titular del Ministerio en las que aseguraba que el trasvase del Ebro no se llevará a cabo por razones económicas, técnicas y medioambientales y porque Europa no da subvención para este proyecto.

En este sentido, Cerdá subrayó que la ministra Narbona “no tiene ningún dato oficial de la Unión Europea donde dijera que no se iba a subvencionar esa infraestructura propuesta por el Partido Popular”. Además, recordó que tanto el presidente Valcárcel como su homólogo valenciano, Francisco Camps, propusieron al Ejecutivo central “costear el trasvase del Ebro, y la respuesta fue negativa”, por lo que la responsable del Ministerio de Medio Ambiente “no puede decir que esta obra no era viable económicamente”.

En los últimos 60 años, la media de los hectómetros cúbicos que el río Ebro ha arrojado al mar es de 12.000 hectómetros cúbicos anuales, por lo que Cerdá cuestionó las afirmaciones de Narbona y señaló que “el trasvase del Ebro técnicamente también es viable, porque esta ha sido la cuarta riada que llevamos en este año hidrológico”, que comenzó el pasado 1 de octubre. Por tanto, el consejero de Agua afirmó que la derogación de este proyecto se debió “exclusivamente a motivos políticos” a través, dijo, de la “imposición de Esquerra Republicana al Gobierno de Zapatero” a cambio del “asiento en La Moncloa”.

A este respecto, Cerdá sostuvo que de haberse hecho esta infraestructura hidráulica, la Región de Murcia “contaría a finales de este año o principios de 2008 con el agua que necesitamos para la agricultura murciana, la más competitiva de España”.

Por último, denunció que el Gobierno socialista “no se ha contentado sólo con derogar el trasvase del Ebro” sino que también “quiere cuestionar el trasvase Tajo-Segura”. “No hay voluntad del PSOE para resolver la sequía que padece el Levante español y por atender las necesidades de los regantes murcianos. Lo que hay –continuó Cerdá- es una política de querer condenar a la Región a la desalación, que es un complemento, pero no la solución”, concluyó el consejero murciano.