El nuevo Plan Hidrológico del Júcar debe dar respuesta a las tensiones territoriales entre Castilla-la Mancha y la C. Valenciana y resolver el conflicto entre atender los usos tradicionales y recuperar el «buen estado» medioambiental de las masas de agua

02.06.2013 | 13:02

Los regantes del Vinalopó celebran la llegada del agua del Júcar. rafa arjones

José Sierra | valencia El río Júcar no es el río más caudaloso de España, ni el más largo, pero probablemente sí el más conflictivo. El Reino de España lo sabe bien: paga una multa diaria de 200.000 euros a la Unión Europea „6 millones al mes„ por el retraso en la elaboración de varios planes hidrológicos entre los que destaca el del Júcar, que comenzó a debatirse en 2005 como «cuenca piloto» destinada a ser un ejemplo para toda Europa y ha terminado como «farolillo rojo» y acumulando avisos como el peor toro en la peor pesadilla de un torero.

El nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar trata de poner orden en el uso del agua y mantener vivos los ecosistemas hídricos en un territorio de 42.832 kilómetros cuadrados distribuidos en cuatro comunidades autónomas y 7 provincias en las que habitan casi 5,2 millones de personas y donde se riegan 372.000 hectáreas.

Dentro de este proceso de planificación, el Consejo del Agua del Júcar aprobó el Esquema de Temas Importantes (ETI), una radiografía precisa de la situación actual en todas los sistemas hidrográficas incluidos, no sin polémica, en la Demarcación Júcar. Desde el Sénia al Segura y desde Valencia a Albacete. Se trataba de actualizar el conocimiento existente sobre la cuenca para identificar, con la ayuda de casi una veintena de asociaciones e instituciones comprometidas en un proceso de participación pública, los problemas actuales y previsibles en el ámbito del Júcar y, en su caso, definir algunas estrategias de actuación.

La planificación tiene como objetivo aprovechar racionalmente y en términos sostenibles, los caudales disponibles en régimen natural „3.711 hectómetros cúbicos anuales„ para atender unas demandas cifradas en 3.127 hm3. El balance real, mucho más ajustado de lo que parecen indicar las cifras „especialmente en algunos sistemas claramente deficitarios„, debe satisfacer también los requerimientos medioambientales. Los ecologistas, presentes por primera vez en los órganos de consulta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), temen que ocurra como en el plan de 1998, cuando los balances, dicen, se «cuadraron con calzador» y que se margine el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua y de la nueva planificación hidrológica: alcanzar el buen estado de las masas de agua.
Willy Colón, de Acció Ecologista-Agro y representante, junto al colectivo «Otus», de Teruel, de las posiciones ecologistas, asegura que el de 1998 es «un plan fallido» en el que se «obviaron» las cuestiones ambientales. Cree que puede volver a ocurrir.

Teodoro Estrella, actual responsable de planificación recuerda que han pasado quince años desde la aprobación del plan de 1998 «y se han gestionado los recursos de la cuenca y concedido los aprovechamientos». El actual escenario es diferente al de 1998 y las decisiones que se han de adoptar distintas, pero asegura que el régimen de caudales ecológicos que está previsto fijar en el plan de cuenca es, con carácter general, «compatible con los usos consuntivos existentes».

La presidenta de la CHJ, Maria Ángeles Ureña, destaca el «gran paso» que supone la aprobación del ETI, que permite «avanzar en el proceso de revisión del Plan Hidrológico y, de esta forma, el ministerio puede cumplir con los compromisos adquiridos con Europa respecto de la planificación hidrológica».

El ETI se encuentra desde ayer, sábado, en exposición pública, incluida la memoria, sus anexos y el informe de sostenibilidad ambiental. «En estos seis meses de información pública se irán analizando las alegaciones presentadas mientras se realizan jornadas y mesas de trabajo para difundir el contenido de las propuestas».

El objetivo es mantener vivo el proceso de participación que los ecologistas reconocen, aunque con matices. «Si nos remontamos al plan de 1998 pues esta claro que ha mejorado mucho: entonces no estábamos invitados y ahora sí, pero el modelo empleado debería ser más abierto», afirma Colón.
Juan Valero de Palma, abogado y secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que agrupa, entre otros, a los regantes valencianos que tradicionalmente han hecho uso del río, valora el trabajo realizado en el ETI, aunque cree que debería haber ido «más allá». «Un buen diagnóstico puede ser insuficiente si no va acompañado de la receta», asegura.

Los conflictos
Una vez identificados los problemas y evaluadas las necesidades, el Esquema de Temas Importantes debe convertirse a medio plazo „Europa apremia„en un instrumento normativo y en un plan de inversiones. Y aquí comienzan los problemas.

«El ministerio dio hace un año un plazo de 15 días a las comunidades de Valencia y Castilla-La Mancha para que se pusieran de acuerdo sobre el decreto de demarcación y todavía han sido incapaces de hacerlo», explica Juan Valero de Palma. Se trataba de llegar a un acuerdo de mínimos sobre el territorio que debe incluirse en la demarcación intercomunitaria del Júcar. Ante la imposibilidad del pacto, el Ministerio de Agricultura ha optado por dar una solución parcial subrayando en todo momento «la provisionalidad» de la adscripción al territorio Júcar de los cauces cuya gestión debería ser transferida a la Comunidad Autónoma Valenciana de acuerdo a su Estatut de Autonomía.

No puede decirse sin embargo que el decreto de demarcación sea «salomónico» y mucho menos neutro. Incluso el «provisional» Esquema de Temas Importantes incluye apartados que no gustan nada ni a los regantes ni al gobierno valenciano.

«Castilla-la Mancha ha hecho del problema de la demarcación su principal caballo de batalla. Quiere desligar Valencia, la Albufera, el Túria y el Vinalopó del Júcar y establecer así la prioridad de Albacete sobre el resto», explica Juan Valero de Palma.

En esa tarea, el ministerio le ha echado una mano a Castilla-La Mancha en el decreto de demarcación no reconociendo la existencia de cuencas endorreicas„sin salida natural del agua„ sobre las que el Gobierno de Cospedal esta obligado a ejercer sus competencias al igual que la Comunidad Valenciana debe hacerlo sobre sus pequeños cauces y barrancos. «Hemos pedido que se rehaga el mapa de estas zonas endorreicas para que se respete nada más y nada menos que una ley Orgánica como es el Estatuto de Castilla-La Mancha», declaró Juan Valero de Palma.

Mientras, la presidenta de la CHJ, Maria Ángeles Ureña se escuda en la cautela. «Como organismo de cuenca nuestra función es planificar en el ámbito que nos venga dado por el Real Decreto que delimita la Demarcación», responde, mientras evita una pregunta sobre la posibilidad real de llegar a un acuerdo global.

Competencias, un conflicto larvado

La Demarcación Hidrográfica del Júcar no solo incluye los barrancos y afluentes del río que nace en la Serranía de Cuenca y desemboca en Cullera, sino otros sistemas hídricos bien definidos como los del Túria y Mijares; pequeños ríos como el Palancia o el Serpis; un par de cauces que se agotan antes de llegar al mar como el del Vinalopó y un rosario de barrancos de caudal irregular que cubren desde el Senia, en el límite de Tarragona, hasta prácticamente la gola donde desemboca el Segura. Además, la nueva demarcación debe incorporar las aguas costeras.