Los fallos de construcción del embalse regulador (San Diego, Villena) de las aguas que llegarán a la provincia por el trasvase Júcar-Vinalopó han provocado que los agricultores de la provincia hayan perdido en los dos últimos años 7 hm3 de agua, debido a las filtraciones que se detectaron en su estructura, y el conflicto abierto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios, ya que en un principio el caudal no era de calidad.
El embalse comenzará a vaciarse el próximo día 15 para repartir los alrededor de 5 hm3 que quedan embalsados y que, gracias al efecto purificador del sol durante los dos años que el agua ha estado almacenada, podrán utilizarse ahora para regar las plantaciones de uva de mesa, beneficiando a 20.000 agricultores, tras el acuerdo alcanzado por la Confederación del Júcar y las comunidades de regantes que pagarán 500.000 euros por el caudal. La operación durará tres meses y, a partir de enero, una vez vacío, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que repararlo tras haberse gastado 40 millones de euros en su construcción.
Una operación que, por otro lado, bloqueará durante varios meses cualquier posibilidad de que el agua del Júcar llegue a la provincia, abriéndose así una nueva etapa para la finalización de un proyecto que ha costado 400 millones de euros y cuyo futuro sigue en el aire. Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, apuntó ayer, en este sentido, que «el acuerdo para repartir el agua que queda en San Diego ha sido un gesto de buena voluntad, pero no renunciamos a la toma de Cortes de Pallás porque en el Azud de la Marquesa un día el agua sale buena y el otro llena de coliformes y restos de pesticidas. No ofrece garantías para riego y consumo urbano, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar lo saben». De hecho, recientemente y según datos oficiales, en la toma de muestreo del Huerto de Mulet, aguas arriba del Azud de la Marquesa, han aparecido 1.600.000 coliformes.
Presa de categoría A
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera (Valencia) y Villena, es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Puede almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del Júcar, caudal suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podría llenarse hasta cuatro veces al año, siempre que se hubiera construido si eficiencias.
El embalse tiene unas dimensiones extraordinarias y fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud, presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2). En marzo de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa, y en febrero de 2010 aprobó el plan de puesta en carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.
Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se llenó el embalse y con el agua almacenada y sin uso, por el contencioso abierto entre usuarios y Ministerio, se detectaron filtraciones que terminaron provocando la pérdida de 7 hm3 de agua (7.000 millones de litros de agua) en una provincia estructuralmente azotada por la sequía.
Los regantes que van a recibir los 5 hm3 que se han logrado salvar abonarán un total de diez céntimos por metro cúbico y otros 8 céntimos para amortizar el crédito que tuvieron que pedir cuando se comprometieron a pagar una parte de las obras, explicó Martínez.