Miguel Barnuevo es el nuevo presidente del Jurado de Riegos de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO). Sustituye así a Pedro González Tobarra, que había estado al frente de este órgano desde su creación y que presentó su dimisión en la última asamblea de JCRMO.
Barnuevo ha sido designado como máximo responsable del Jurado de Riegos en la última reunión de la Junta de Gobierno de la organización de regantes albaceteños. El nuevo presidente cuenta con una dilatada trayectoria en la JCRMO donde ocupa una de las vocalías. Función ésta que ya ha ejercido en distintas etapas, lo que le convierte en un perfecto conocedor tanto del funcionamiento de la organización como del propio Jurado de Riegos. Ocupará la Presidencia del Jurado hasta que se produzcan las próximas elecciones en la Junta Central de Regantes el año próximo para renovar parte de sus cargos.
En cuanto a la plaza de vocal dejada libre por González Tobarra con su dimisión, ésta la ha ocupado, según explicó el secretario de la JCRMO, Francisco Ruiz.
El Jurado de Riegos nació con el objetivo de velar por el estricto cumplimiento de la normativa aprobada por la asamblea y la Junta de Gobierno de la Junta Central de Regantes, así como de imponer las sanciones correspondientes a los infractores. Solo en los casos en los que se trata de infractores reincidentes o en aquellos en los que el problema tiene una mayor gravedad el expediente es derivado a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que sea el propio órgano de cuenca el que adopte las medidas que considere pertinentes.
El Jurado está constituido por un presidente, figura que ostenta un vocal de la Junta de Gobierno de la JCRMO; un secretario, el de la propia Junta de Gobierno; así como dos vocales más que son designados por la asamblea.
Normas
En el año 2003 los regantes de la Mancha Oriental aprobaron una medida novedosa para que los agricultores respetasen las normas establecidas y no utilizasen más agua de la que tienen concedida para sus riegos. En la asamblea de marzo de 2003 los propios usuarios decidieron que los que incumpliesen con esa obligación y se excedan en el uso del agua respecto a la concesión asignada deben devolver en el siguiente año hidrológico al acuífero los recursos «consumidos de más».