La Comisión Bilateral de Cooperación Andalucía-Estado acordó en noviembre en Cazorla (Jaén) el traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por esa comunidad, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía andaluz. Como ya ocurre con resultados inquietantes en las pequeñas cuencas andaluzas mediterráneas y atlánticas, esa administración explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas de los 53 de los 57 embalses de la cuenca. Aunque el Estado mantiene el control legislativo sobre el Plan Hidrológico del Guadalquivir, se contempla que la Junta de Andalucía elabore una propuesta de actuaciones. Según la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, el acuerdo que se hará efectivo este año define «un nuevo modelo de gestión del agua» con el que se marca un camino jurídico que permitirá «facilitar la tarea» a otras comunidades que puedan plantear cuestiones similares.
Pues bien, desde ámbitos profesionales como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos consideramos que este acuerdo es perjudicial y las subsiguientes repercusiones hacia otras regiones resultan alarmantes. De entrada, porque el traspaso lleva implícita la ruptura del modelo de gestión del agua en el marco de la cuenca hidrográfica. ¿Dónde queda la unidad de cuenca, consagrada en la Carta Europea del Agua de 1967 e integrada en la Directiva Marco Europea aprobada en el 2000? Las confederaciones hidrográficas, genial aportación española hace nada menos que 80 años, partían de un concepto indiscutido de la gestión hidráulica en el marco de la cuenca y en un formato de organismo autónomo que, tras el acuerdo andaluz, queda totalmente en entredicho. Estamos en una situación crítica.
EL ASUNTO NO es baladí, pues de cumplirse al pie de la letra el acuerdo Andalucía-Estado, en el Plan Hidrológico del Guadalquivir se asignará a la Junta andaluza el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad autónoma, siendo responsabilidad de la comunidad autónoma el otorgamiento de las concesiones de los recursos hídricos dentro de su territorio. Inaudito. Pero hay más: la Junta programará, financiará, construirá y gestionará las obras hidráulicas que sean de su interés en su territorio al tiempo que el Estado ejecutará aquellas actuaciones declaradas de interés general o que afectan a otra comunidad.
El Estado no ha esperado siquiera a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura al artículo 51 del Estatuto de Autonomía al entender que conceder competencias exclusivas a Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio «incumple» la Constitución. ¿Qué ocurrirá si el Tribunal anula este precepto? La confusión puede ser de órdago. Y a juzgar por resoluciones precedentes no parece descartable. Basta recordar los argumentos esgrimidos para rechazar el recurso de Aragón contra el Estatuto Valenciano que pretendía arrogarse capacidad de decisión sobre las aguas de cuencas excedentarias. Entre otros argumentos, el Constitucional ha asegurado que la gestión hidráulica corresponde al Estado, y la legislación, a sus representantes.
El acuerdo adoptado es precipitado no sólo por el enfrentamiento territorial con comunidades que comparten intereses. También porque ha sido adoptado sin escuchar a los expertos ni a los usuarios. Hace sólo unas semanas podía leerse en la prensa andaluza una amplia entrevista con el presidente de las comunidades regantes andaluzas, que afirmaba sus recelos sobre la celeridad del acuerdo. Temen, y con razón, que el traspaso retraiga inversiones y politice la gestión. «Hoy las inversiones del Estado en el Guadalquivir son las más importantes de España -manifestaba José Fernández de Heredia, presidente de Feragua–, y estamos desarrollando muchos proyectos de modernización del regadío gracias al Gobierno central. No sabemos si el acuerdo firmado garantiza que esos fondos sigan destinándose». Esto por la parte de los regantes, por no hablar de la incertidumbre sobre los funcionarios de una cuenca que han trabajado con profesionalidad bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente. La transferencia contempla que los 700 trabajadores de la Confederación del Guadalquivir pasen a depender de la Junta andaluza.
No es de extrañar pues que expertos independientes de todo el país se rasguen las vestiduras y adviertan de los riesgos de una decisión de esta naturaleza. Sin ir más lejos, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Santiago Hernández Fernández, catedrático de Proyectos e Ingeniería Medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Europeo de Ingenieros, que ha calificado el traspaso de competencias como una auténtica «barbaridad». Me adhiero a su valoración. Y digo más. Los riesgos de que otras comunidades pretendan emular a los andaluces son hoy muy patentes.
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón
