La cesión de derechos de agua entre concesionarios y usuarios de cuencas hidrográficas diferentes, una figura recogida en la legislación estatal, lleva dos años y medio funcionando entre el Tajo y el Segura como una medida extraordinaria para paliar la falta de excedentes en los embalses de Entrepeñas y Buendía. No ha tenido más polémica que la negativa formal de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Madrid a estos intercambios. El conflicto originado por el trasvase a Barcelona, basado en este modelo de cesiones, ha destapado los rechazos y recelos de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Aragón, que ahora rechazan de plano esta modalidad porque la consideran trasvases encubiertos. Más todavía después del decreto ley del Consejo de Ministros de la semana pasada que consagra esta alternativa para el resto de territorios.
Con esta fórmula, el Sindicato Central de Regantes ha adquirido en los últimos años 95 hectómetros cúbicos de Estremera para los cultivos del Segura, aunque están pendientes de recibir la última compra. Por esta cesión temporal de derechos, han pagado unos 18 millones de euros a los agricultores madrileños.
Por su parte, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha adquirido otros 105 hectómetros a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez a cambio de 30,1 millones de euros. El último fue aprobado el jueves.
En ambos casos, dos reales decretos han permitido que estos volúmenes salgan casi regalados para la cuenca del Segura, ya que el Sindicato y la Mancomunidad han sido compensados con diversas exenciones. De lo contrario, habrían sumado a las pérdidas de la fuerte sequía unos altos precios por esos caudales que duplican y triplican el canon del Trasvase Tajo-Segura. Regantes y abastecimientos han pagado religiosamente a los usuarios del Tajo, pero a cambio el Gobierno central les ha condonado dos tramos de la tarifa por el uso del acueducto que ha permitido el transporte de esos caudales. En concreto, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha beneficiado de unos 30 millones de euros. La condonación no sólo ha afectado al envío de estos caudales extraordinarios, sino también a los excedentes trasvasados aplicando las reglas de explotación de la cabecera (131 hectómetros máximos anuales). De no haber sido así, la población de la cuenca del Segura habría pagado unos precios astronómicos por el agua de boca. La última compra a Aranjuez se ha hecho a cambio de 0,31 euros por metro cúbico. Eso sin olvidar que la tarifa ya es abultada debido a los costes de la desalinización.
La parte de la tarifa que no se ha perdonado es la que corresponde a las indemnizaciones a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, ribereñas del Tajo.
Los regantes del Tajo-Segura, por su parte, se han beneficiado de la exención de otros 28 millones de euros por el mismo procedimiento, según explica su presidente, Francisco del Amor. Éstos quieren que los dos decretos anteriores se amplíen para este año hidrológico. Los regantes son los que peor parte llevan, ya que los desembalses ordinarios para sus cultivos se han concedido con cuentagotas. Muy lejos de los 460 hectómetros máximos anuales que prevé la ley.
El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, destacó ayer que con esta fórmula y con las desalinizadoras se han evitado cortes en el suministro de agua.
