El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, aseguró hoy que el Gobierno va a ser «muy respetuoso» con el debate parlamentario del Estatuto de Castilla-La Mancha y dejó claro que «cuando acabe el debate se podrá hablar de cómo ha quedado el texto y otras cuestiones que no por anticiparlas vamos a resolverlas o no por lanzar ideas, más o menos solventes o fantasiosas, lo único que podemos hacer es ponerlas en riesgo».

   Puxeu mostró en la Región de Murcia su compromiso para «resolver los problemas y necesidades de los murcianos». Así, sostuvo que «hasta ahora, las cosas han funcionado con dificultad» y, en concreto, en la gestión del agua, dada la situación «extrema» de sequía existente en las cuencas de Levante y en toda España; situación que «debe irse corrigiendo, que se ha corregido climatológicamente en parte, pero que hay que seguir haciendo inversiones en infraestructuras».

   Puxeu, quien hizo estas declaraciones acompañado del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, durante la inauguración de la jornada ‘El sector agroalimentario de la Región de Murcia: Un valor permanente’, resaltó que actualmente, «nos encontramos en un momento complicado para hacer grandes valoraciones», puesto que, recordó, «hay un debate político importante en el Congreso de los Diputados sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha».

   Al respecto, puntualizó que la posición como Gobierno «ha sido ser muy respetuoso con el debate parlamentario», y dejó claro que «cuando acabe el debate se podrá hablar de cómo ha quedado el texto y otras cuestiones que no por anticiparlas vamos a resolverlas o no por lanzar ideas, más o menos solventes o fantasiosas, lo único que podemos hacer es ponerlas en riesgo».

   Y es que, subrayó, «se ha apostado por mantener las necesidades de la cuenca», tras lo que añadió que se está invirtiendo en desalación «de forma muy importante, en depuración y regeneración y en mejora y modernización de regadíos se ha hecho prácticamente la totalidad».

   «Murcia es un ejemplo claro de eficiencia en la gestión del recurso», señaló Puxeu, quien abogó por «mantener las aportaciones que sean necesarias» para el sustento de la economía. En este punto, Cerdá resaltó que el sector agroalimentario murciano es «competitivo, generador de empleo y de riqueza».

CRECIMIENTO DE MANO DE OBRA.

   Igualmente, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua habló, durante su intervención, del sector agroalimentario, de las necesidades de crecimiento y de la sociedad murciana.

   En esta línea, y en relación a la diferencia de márgenes comerciales entre lo que los agricultores perciben por sus productos y lo que pagan los consumidores, exigió que «los precios se configuren en el mercado con transparencia, e intentar que producción, industria y distribución trabajen lo más acorde posible en la puesta a disposición de los consumidores de los mejores productos a los mejores precios».

   También hizo mención al sector agroalimentario, del que dijo que es uno de los pocos que crecen del primer al tercer trimestre, haciéndolo en un tres por ciento y en más de 2.000 empleos; «un sector que está vivo, y que es el primer sector industrial en facturación que mantiene empleo».

   Al hilo, destacó que «esta industria agroalimentaria está vinculada a un sector agrario muy potente y que no para de crecer, ya que si pasa de los 32.000 millones de facturación a los 47.000 este año e importa nueve millones de toneladas de cereal, pues somos el primer importador en términos absolutos a nivel mundial».

   A lo que añadió que «si ese sector ha pasado de los 47.000 millones de facturación y está creciendo, y la renta agraria creció un 9,3 por ciento el año pasado, tan mal no va». Y es que, en su opinión, en el sector agrario, la mano de obra a tiempo parcial o a tiempo completo de inmigrantes «no para de crecer».

   Asimismo, remarcó que la agricultura a tiempo parcial y profesional «es una realidad, al igual que las empresas de servicios»; razón por la que consideró que, de este modo, «se facturan 47.000 millones de euros y nos vinculamos a una industria agroalimentaria que ha superado en este últimos mes los 80.000 millones de facturación».

   Por otro lado, aludió que «en una situación conflictiva como la actual, hay que echar una mano a quienes peor lo pasan, el que se ha quedado sin puesto de trabajo y tiene una situación de precariedad», aunque también consideró que hay apoyar «lo que está funcionando, porque si no, se puede entrar un colapso continuado».

   Es por ello por lo que mostró su disposición a hacer un esfuerzo «de rebajas de aranceles, pero también dispuestos a exigir reciprocidad en una serie de cuestiones básicas para la competitividad».

   Y es que, advirtió, «si ahora el Parlamento europeo se enfrasca en una política autista de cuáles son las necesidades del sector y nos deja fuera de la competitividad y eso no tiene una exigencia de reciprocidad, lo que estamos haciendo es dejar nuestro mercado a terceros y a nuestros consumidores absolutamente desprotegidos».

   Ante esta situación, se refirió a las cuatro líneas de actuación para todo el sector agroalimentario, consistentes en «el apoyo a la internacionalización, a la formación para investigación y desarrollo, apoyo a las pymes a las necesidades que tengan de acceso al crédito, mejora de la situación de los pagos, respetar esa normativa y procurar que en esa situación ocupemos mejores espacios en los mercados internacionales y se mantengan los índices de competitividad».