Regantes y expertos en derecho alertaron ayer del peligro que se cierne sobre el principio de la unidad de las cuencas hidrográficas, tras la reforma legal que atribuye competencias de policía de aguas a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Andalucía, abriendo la puerta al traspaso de más competencias. La jornada informativa de Riegos del Alto Aragón ‘El futuro del regadío en el Valle del Ebro‘, a la que asistieron 400 personas, fue un clamor a favor de mantener las confederaciones hidrográficas, garantes de esa unidad y un modelo copiado en Europa, creadas en 1926 (la del Ebro fue la primera en el mundo).
«El Ebro no tiene pasaporte y no se puede dividir en nueve trozos», advirtió el presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, para quien las consecuencias pueden ser «gravísimas». César Trillo aprovechó la presencia tanto del consejero de Agricultura como del secretario de Estado de Medio Rural y Agua para mostrarles su preocupación. Ya ha remitido cartas a los nueve presidentes de las comunidades atravesadas por el Ebro.
Según Trillo, ni PSOE ni PP han expresado claramente su oposición a la división de una gestión que puede resultar fatal cuando se trate de afrontar un desembalse o una sequía. Como ejemplo, citó que Aragón decidiría sobre el desembalse de Mequinenza cuando el 90% de los usuarios están en Cataluña. «En una avenida, que el Ebro tenga que estar gestionado por nueve comunidades puede ser un desastre», declaró. Su colega del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, defendió que debe garantizarse «la igualdad de los usuarios» y dijo que ha sido una reforma «atropellada» contra la que están «todos los regantes en bloque».
Así, la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) ya ha anunciado que como medida de protesta no apoyará ningún plan hidrológico de cuenca. Su presidente, el andaluz Andrés del Campo, reprochó a las comunidades autónomas «su apetencia de poder». «Esto traslada la sensación de que el agua ya no es de todos sino del que la tiene más cerca», señaló, y valoró la gestión autonómica del Guadalquivir como «una mala experiencia».
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo, comprende la preocupación de los usuarios porque, a su juicio, la transferencia «va a dificultar enormemente la gestión del agua» y puede ser «fuente de conflicto». Recordó que fueron los regantes los que en su primer congreso nacional a principios del siglo XX pidieron un organismo de cuenca, ya que antes la política hidráulica estaba en manos de las provincias. «Es volver a la situación anterior de 1926», afirmó. Para hacer efectivo el decreto la comunidad debe pedir la transferencia y pactar unos límites con el Estado. Romeo confía en que el decreto «se aplique con sentido común» y la CHE pueda seguir manteniendo la labor de control y vigilancia.
En la jornada participó también el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Rioja, Antonio Fanlo, para quien la fragmentación de las cuencas es contraria a la Constitución. En su opinión, resulta «sorprendente» que fuerzas políticas de Aragón como el PAR digan que defienden la unidad pero quieran gestionar la reserva hidráulica y reclamen más competencias.
El Gobierno de Aragón, según el consejero de Agricultura, Federico García, no discute la unidad de cuenca, «otra cosa es la encomienda de una función puntual que pueda asumir una comunidad autónoma» de acuerdo con su Estatuto. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, aclaró que la reforma legal no interfiere la unidad de cuenca, y justificó el decreto por la necesidad de cumplir con los tres Estatutos.
Por otra parte, Puxeu justificó el retraso del Plan Hidrológico del Ebro por el adelanto electoral. Según el Ministerio, lo más oportuno es que sea el nuevo gobierno el que saque a información pública el borrador, ya concluido.
