Castilla-La Mancha por su posición geográfica en el centro peninsular, está presente en 7 de las 9 demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias en nuestro país: Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero. Sin embargo ninguna de ellas discurre íntegramente en Castilla-La Mancha. Este hecho, unido al carácter estratégico que el agua tiene para nuestro propio desarrollo y bienestar, pone de manifiesto la magnitud y complejidad de un debate que abarca gran parte de la planificación hidrológica de nuestro país.
A ello se une que Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo recurso, con origen en nuestra Región.
Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística a 2020, Castilla-La Mancha será la región en la que más crecerá la población. Por ello, se deben aplicar medidas que permitan alcanzar el objetivo de que el agua no sea un factor que limite nuestro desarrollo, garantizando la atención de todas las necesidades y en todos los municipios, basando siempre su crecimiento económico y poblacional en políticas de desarrollo sostenible.
Hay que tener en cuenta igualmente los efectos del cambio climático, el cual está modificando los comportamientos hídricos en las cabeceras de las cuencas, así según los últimos datos aportados por el Instituto Geológico y Minero, las aportaciones a la cabecera de la cuenca del Tajo, han disminuido un 15% en el periodo comprendido entre 1975 y 2010, lo cual pone en entredicho el volumen y las aportaciones de la cabecera de cara al futuro.
Todas estas particularidades justifican la existencia de un gran acuerdo que garantice una posición firme y solvente de Castilla-La Mancha en materia de agua, para garantizar que todas nuestras necesidades presentes y futuras sean justamente atendidas, y permita que nuestra Región tenga un crecimiento económico y social sostenible, esto es, compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco de Agua.
Resulta envidiable que CCAA vecinas como Aragón, Valencia, Murcia o Andalucía mantengan posiciones comunes en la defensa de sus propios intereses más allá de legítimas opciones de carácter político y social. Sin duda alguna este hecho les ha permitido ser más fuertes y eficaces. Castilla-La Mancha no puede permitirse afrontar el debate hidrológico que se nos avecina sin una posición común que aúne los distintos intereses que en esta materia nos jugamos.
Por ello el PSOE de Castilla la Mancha quiere proponer las bases para alcanzar un gran acuerdo regional en materia de agua, acuerdo que servirá para que todos, y especialmente el Gobierno Regional, mantengamos una posición común en todos los frentes en los que se decide nuestro futuro en relación al agua, especialmente en la revisión de los distintos planes hidrológicos.
Un acuerdo que debe materializarse en dos ámbitos:
– En las Cortes de Castilla-La Mancha mediante la aprobación de una resolución que reúna la posición de los distintos grupos parlamentarios.
– En el Consejo Regional del Agua para asegurar el respaldo de los distintos sectores implicados: usuarios, ecologistas, expertos, etc.
Y que debe incluir al menos los siguientes aspectos:
1. Los distintos Planes Hidrológicos de Cuenca que nos afectan incluirán una reserva de agua suficiente para garantizar el caudal ecológico de nuestros ríos a su paso por Castilla-La Mancha así como para atender todas nuestras necesidades presentes y futuras en materia de agua, y que en su conjunto será de al menos 4.000 hectómetros cúbicos.
2. Asegurar la participación en la planificación hidrológica que ha de realizar el Estado aportando previsiones de demandas de los distintos sectores de actividad y participando en la asignación y reserva de recursos disponibles para esas demandas.
3. Garantizar la participación en los órganos de dirección, planificación y gestión de las cuencas hidrográficas que discurren por nuestro territorio, incluyendo la ejecución de las obras hidráulicas de interés autonómico.
4. Delimitar correctamente, en aplicación de la legislación vigente, las cuencas hidrográficas que conforman cada demarcación en aquellos casos en los que coexisten más de una cuenca hidrográficas, como es el caso del Júcar y del Segura, de manera que los balances de recursos y demandas se hagan por cuenca hidrográfica y no por sistemas de explotación.
5. Garantizar que las normas de explotación del Trasvase Tajo Segura se ajustan a los siguientes criterios:
– Acreditar el carácter excedentario de los recursos que se pretendan trasvasar, para lo cual se deberá modificar la Disposición Adicional Tercera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de forma que se garantice suficientemente el caudal ecológico del río Tajo en todos sus tramos, así como las necesidades presentes y futuras de la cuenca. Incrementado el volumen de agua embalsado por debajo del cual no será posible aprobar ningún trasvase hasta los 1.000 hectómetros cúbicos.
– Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en su propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase.
– Garantizar la existencia de una lámina estable del 40% de su capacidad en los embalses de cabecera que permita a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía desarrollar actividades económicas basadas en usos no consuntivos.
– Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. Y en todo caso descartar cualquier proyecto nuevo de trasvase desde el Tajo en cualquiera de sus tramos.
6. Asegurar que la ejecución y explotación de los llamados “pozos de sequía” en territorio de Castilla-La Mancha requiera el informe previo de nuestra Comunidad Autónoma, aún en situaciones de emergencia o excepcionales.
7. Garantizar que el abastecimiento sea, en todo caso, el uso prioritario y que bajo ningún concepto el usuario de abastecimiento tenga que compensar a otro usuario con menor derecho, con arreglo a principio de prelación de usos que establece la legislación vigente.
8. Reclamar al Gobierno de España el cumplimiento de las actuaciones previstas en el “Programa Agua” de forma que se aseguren las infraestructuras de abastecimiento y depuración que nos permitan disfrutar de este recurso de manera eficiente y sostenible.
9. Exigir al Gobierno de España la conclusión de las actuaciones de desalación, modernización y reutilización previstas en las cuencas del Júcar y del Segura de manera que se incrementen los recursos disponibles en dichas cuencas, sustituyendo de esta forma los que provienen del trasvase a esas zonas.
10. Exigir la continuidad del Plan Especial del Alto Guadiana, a fin de cumplir lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional del 2001 y las exigencias de la Directiva Marco del Agua, como instrumento de garantías para:
– El abastecimiento de agua en cantidad y calidad a la población de la zona, cifrada en más de 600.000 habitantes de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo.
– El mantenimiento de la actividad y el desarrollo económico de esta zona, sobre todo en la agricultura y la industrial.
– Para el mantenimiento y desarrollo medioambiental de amplias zonas del alto Guadiana que tienen su base en las zonas húmedas y el denominado complejo lagunar manchego.